Los palos en los rieles del metro elevado de Bogotá

Desde que el alcalde Enrique Peñalosa dijo que descartaría el diseño del metro subterráneo, que dejó su antecesor Gustavo Petro, para hacer uno elevado su camino se ha llenado de obstáculos. No sólo sumó una larga lista de detractores. Ahora se enfrenta a un proceso de responsabilidad fiscal que le abrió la Contraloría Distrital por las “posibles irregularidades en la implementación de los estudios y diseños de la primera línea del metro”. (Lea: Peñalosa, a responder por presunto detrimento en estudios del metro)

El argumento del ente de control es que Peñalosa y el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, no usaron los estudios que dejó la pasada administración en 2014, que le costaron a la ciudad $146.000 millones. Por el contrario, contrataron a la firma Systra para un nuevo estudio y dejaron de lado una información valiosa que se había pagado. En su auto, la Contraloría enfatiza en que “no puede permitir que se malverse el escaso recurso estatal”, sobre todo en este proyecto tan “esperado por los bogotanos y el país”.

Por eso, según el documento, “se trata de establecer si hubo un detrimento patrimonial al no usar o usar parcialmente los estudios. Queremos determinar si fue una decisión eficaz, eficiente y económica (…) Los recursos del Distrito son del Distrito y no se pueden usar en estudios y dejarlos en anaqueles, a menos de que se pruebe eficazmente que la decisión o la omisión es por razones de mayor eficiencia”, declaró el contralor Juan Carlos Granados.

Ante la investigación, el alcalde dijo estar tranquilo, pues la decisión se tomó porque con los estudios que dejó la pasada administración “no era posible hacer el sistema”. Reiteró que el cambio fue por un asunto presupuestal, pues no se tenía cómo pagar el subterráneo, cuyos costos aumentaron con la devaluación del peso. Según el Distrito, se excedía en más de $3,5 billones el presupuesto disponible.

Peñalosa agregó que, contrario a lo dicho por el contralor, sí han usado el estudio pasado: “Los usamos parcialmente, por ejemplo en el estado del subsuelo y en la trayectoria hacia el occidente de la ciudad”, declaró el mandatario. (Lea: “Con los estudios que recibimos no era posible hacer el metro”: Peñalosa)

Mal momento

Lo cierto es que la noticia llega en un momento de tensión. Por un lado, Peñalosa enfrenta a una fuerte oposición que busca revocarlo y que entre sus argumentos incluyen el haber cambiado y retrasado el rumbo de la megaobra. De alguna manera, el proceso de la Contraloría les da la razón a quienes han señalado que, con su decisión, el alcalde tiró a la basura multimillonarios recursos públicos.

A esta investigación se suma el reciente llamado del Gobierno de acelerar los trámites del metro, antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías, que los obligaría a aplazar la firma de los convenios interadministrativos y, de paso, la apertura de la licitación, que está proyectada para finales de este año, de acuerdo con el cronograma propuesto por el Distrito. 

Vale recordar que el año pasado radicaron en la Fiscalía una denuncia en contra del alcalde; el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y 28 concejales por prevaricato, por las presuntas irregularidades en la aprobación del presupuesto para el diseño y la construcción de la primera línea. La acción judicial, que está en indagación preliminar, señala que ellos incurrieron en un delito al presentar y avalar el plan de vigencias futuras excepcionales para el período 2017-2036 para la obra sin tener estudios de detalle.

A contrarreloj

La administración Peñalosa ahora se enfrenta a una lucha contrarreloj. A más tardar a finales de agosto deberá entregar sus estudios y aún falta el 50 % de los requisitos, dentro de los cuales está la estructuración financiera del proyecto que elabora junto a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y los estudios de detalle. (Lea: El metro de Bogotá y su lucha contrarreloj)

El concejal Manuel Sarmiento (Polo) considera que el auto es un sustento para quienes opinan que cambiar el estudio y el diseño del metro fue una decisión arbitraria y sin mayor sustento. Cree que este proceso pone en aprietos al mandatario y le preocupa que por el afán de abrir la licitación y que la investigación no trascienda, se estructure un proyecto mediocre.

Ante el argumento de la falta de presupuesto, Sarmiento se cuestiona por qué no utilizar una parte de los $28 billones que se destinarán para la construcción de troncales de Transmilenio, en la primera línea del metro.

Para otros, esta decisión tiene un tinte político que demostraría un posible distanciamiento entre el Partido Cambio Radical y el alcalde. La oposición siempre ha dicho que el contralor distrital, Juan Carlos Granados, es una cuota política de Germán Vargas Lleras, el mismo que respaldó a Peñalosa. A pesar de esto, desde hace un tiempo el contralor ha tomado decisiones contra funcionarios de la actual administración como la investigación contra la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas; contra la gerente de la Empresa de Energía, Astrid Álvarez, y ahora contra el alcalde y el gerente del metro.

El concejal Roberto Hinestrosa desmintió este rumor y afirmó que fue una decisión autónoma de Granados. Aclaró que no está de acuerdo y que tal vez se trata de una acción apresurada: “Al final, el contralor resalta que, si el alcalde demuestra que ha sido diligente en el manejo de estudios, no habría problemas. Me parece que se trata más bien de una advertencia para que el Distrito defina rápido el proyecto metro y abra la licitación”.

Hinestrosa insistió en que se deben disipar estas cortinas de humo y continuar con esta megaobra. “Peñalosa cuenta con el respaldo de Cambio Radical. Hemos apoyado su gestión, su determinación de proponer un metro acomodado a la realidad de la ciudad y creemos que es el mandatario que Bogotá necesita”, concluyó.

Desde que el alcalde Enrique Peñalosa dijo que descartaría el diseño del metro subterráneo, que dejó su antecesor Gustavo Petro, para hacer uno elevado su camino se ha llenado de obstáculos. No sólo sumó una larga lista de detractores. Ahora se enfrenta a un proceso de responsabilidad fiscal que le abrió la Contraloría Distrital por las “posibles irregularidades en la implementación de los estudios y diseños de la primera línea del metro”. (Lea: Peñalosa, a responder por presunto detrimento en estudios del metro)

El argumento del ente de control es que Peñalosa y el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, no usaron los estudios que dejó la pasada administración en 2014, que le costaron a la ciudad $146.000 millones. Por el contrario, contrataron a la firma Systra para un nuevo estudio y dejaron de lado una información valiosa que se había pagado. En su auto, la Contraloría enfatiza en que “no puede permitir que se malverse el escaso recurso estatal”, sobre todo en este proyecto tan “esperado por los bogotanos y el país”.

Por eso, según el documento, “se trata de establecer si hubo un detrimento patrimonial al no usar o usar parcialmente los estudios. Queremos determinar si fue una decisión eficaz, eficiente y económica (…) Los recursos del Distrito son del Distrito y no se pueden usar en estudios y dejarlos en anaqueles, a menos de que se pruebe eficazmente que la decisión o la omisión es por razones de mayor eficiencia”, declaró el contralor Juan Carlos Granados.

Ante la investigación, el alcalde dijo estar tranquilo, pues la decisión se tomó porque con los estudios que dejó la pasada administración “no era posible hacer el sistema”. Reiteró que el cambio fue por un asunto presupuestal, pues no se tenía cómo pagar el subterráneo, cuyos costos aumentaron con la devaluación del peso. Según el Distrito, se excedía en más de $3,5 billones el presupuesto disponible.

Peñalosa agregó que, contrario a lo dicho por el contralor, sí han usado el estudio pasado: “Los usamos parcialmente, por ejemplo en el estado del subsuelo y en la trayectoria hacia el occidente de la ciudad”, declaró el mandatario. (Lea: “Con los estudios que recibimos no era posible hacer el metro”: Peñalosa)

Mal momento

Lo cierto es que la noticia llega en un momento de tensión. Por un lado, Peñalosa enfrenta a una fuerte oposición que busca revocarlo y que entre sus argumentos incluyen el haber cambiado y retrasado el rumbo de la megaobra. De alguna manera, el proceso de la Contraloría les da la razón a quienes han señalado que, con su decisión, el alcalde tiró a la basura multimillonarios recursos públicos.

A esta investigación se suma el reciente llamado del Gobierno de acelerar los trámites del metro, antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías, que los obligaría a aplazar la firma de los convenios interadministrativos y, de paso, la apertura de la licitación, que está proyectada para finales de este año, de acuerdo con el cronograma propuesto por el Distrito. 

Vale recordar que el año pasado radicaron en la Fiscalía una denuncia en contra del alcalde; el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y 28 concejales por prevaricato, por las presuntas irregularidades en la aprobación del presupuesto para el diseño y la construcción de la primera línea. La acción judicial, que está en indagación preliminar, señala que ellos incurrieron en un delito al presentar y avalar el plan de vigencias futuras excepcionales para el período 2017-2036 para la obra sin tener estudios de detalle.

A contrarreloj

La administración Peñalosa ahora se enfrenta a una lucha contrarreloj. A más tardar a finales de agosto deberá entregar sus estudios y aún falta el 50 % de los requisitos, dentro de los cuales está la estructuración financiera del proyecto que elabora junto a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y los estudios de detalle. (Lea: El metro de Bogotá y su lucha contrarreloj)

El concejal Manuel Sarmiento (Polo) considera que el auto es un sustento para quienes opinan que cambiar el estudio y el diseño del metro fue una decisión arbitraria y sin mayor sustento. Cree que este proceso pone en aprietos al mandatario y le preocupa que por el afán de abrir la licitación y que la investigación no trascienda, se estructure un proyecto mediocre.

Ante el argumento de la falta de presupuesto, Sarmiento se cuestiona por qué no utilizar una parte de los $28 billones que se destinarán para la construcción de troncales de Transmilenio, en la primera línea del metro.

Para otros, esta decisión tiene un tinte político que demostraría un posible distanciamiento entre el Partido Cambio Radical y el alcalde. La oposición siempre ha dicho que el contralor distrital, Juan Carlos Granados, es una cuota política de Germán Vargas Lleras, el mismo que respaldó a Peñalosa. A pesar de esto, desde hace un tiempo el contralor ha tomado decisiones contra funcionarios de la actual administración como la investigación contra la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas; contra la gerente de la Empresa de Energía, Astrid Álvarez, y ahora contra el alcalde y el gerente del metro.

El concejal Roberto Hinestrosa desmintió este rumor y afirmó que fue una decisión autónoma de Granados. Aclaró que no está de acuerdo y que tal vez se trata de una acción apresurada: “Al final, el contralor resalta que, si el alcalde demuestra que ha sido diligente en el manejo de estudios, no habría problemas. Me parece que se trata más bien de una advertencia para que el Distrito defina rápido el proyecto metro y abra la licitación”.

Hinestrosa insistió en que se deben disipar estas cortinas de humo y continuar con esta megaobra. “Peñalosa cuenta con el respaldo de Cambio Radical. Hemos apoyado su gestión, su determinación de proponer un metro acomodado a la realidad de la ciudad y creemos que es el mandatario que Bogotá necesita”, concluyó.