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El Acueducto adelanta la licitación para adjudicar la construcción de la estación elevadora de la futura planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canoas, que tratará el 70 % del agua contaminada que actualmente desecha la ciudad en el río Bogotá. Esta obra permitirá sacar las aguas residuales de los interconectores (que están a 60 metros de profundidad) hasta la PTAR, donde serán tratadas y luego vertidas en el embalse El Muña y desde allí aprovechadas por las empresas Emgesa y Enel-Codensa en la producción de energía.
Ante esto, en medio de la audiencia pública por la licitación de las obras de la estación elevadora, la Veeduría del río Bogotá pidió a la empresa de Acueducto que suspendiera el proceso, pero fue rechazada. Por esta razón, el pasado 13 de noviembre, la misma organización pidió a la Contraloría tomar las acciones correspondientes para suspender la licitación, por considerar que hay una serie de razones, tanto de forma como de fondo, por las que no se debería construir la planta. En esencia: generaría afectaciones económicas y ambientales, fuera de que habría otro lugar más pertinente para construir la PTAR.
Según la Veeduría, el detrimento patrimonial se daría porque el mantenimiento de la estación elevadora correría por cuenta de los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y favorecería a las empresas privadas que generarían la energía. Asimismo señala que las obras producirían una grave afectación ambiental, ya que no se han solucionado los problemas con el embalse del Muña y, sumada a la nueva PTAR, se dejarían de lado las denuncias de los habitantes de zonas aledañas como Soacha y Sibaté, que han alertado de la incidencia de las aguas contaminadas con casos de cáncer y síndrome de Down en la zona, mientras la hacienda Canoas, aseguran, tiene un alto potencial agrícola y ambiental, por lo que intervenirla representaría un daño ecológico.
Por tanto solicitan al ente de control evaluar la posibilidad de que la PTAR se haga en otro predio, en la zona de Carboneras-Charquito, más al sur, y no donde hoy se tiene prevista. Por último, la Veeduría mostró su preocupación por la participación de la empresa Mota Engil en el proceso, a la cual señalan de tener problemas en Asunción (Paraguay) por retrasos en las obras de adecuación del Metrobús, por las que han recibido alrededor de US$25 millones y que los tendrían inmersos en investigaciones que podrían terminar en sanciones administrativas.
La licitación
El concurso para la obra se abrió en junio de este año, luego de que terminara la extracción de las máquinas tuneladoras que llevaban seis años enterradas, a más de 60 metros bajo tierra, debido a inconvenientes de anteriores administraciones con la adquisición del predio de donde deberían sacarse estas máquinas, así como por el escándalo Odebrecht, que fue uno de los integrantes del consorcio que construyó los túneles.
El proyecto para la construcción de la estación tiene un costo de $367.503 millones que serán destinados para su diseño, construcción, puesta en marcha e interventoría. Esta se hará en un plazo de 44 meses, es decir, alrededor de cuatro años, en medio de los cuales se espera licitar y comenzar las obras de la nueva PTAR Canoas.
Con el proceso en curso, en septiembre pasado se cerró la licitación con cinco oferentes: Unión Temporal Estación Elevadora Tequendama, Consorcio Canoas Sur, Unión Temporal Alianza 756, Consorcio AGG Canoas y Consorcio EE Canoas, de los cuales, tras la última revisión de las ofertas, los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, solo dos cumplieron con todas las condiciones para participar en la puja.
Por un lado está la Unión Temporal Alianza 756, conformada por Yamil Sabbagh, Construcciones S.A.S., Álvarez y Ferreira Procuradores Técnicos y Legales Asociados, y Equipo Almaq S.A. Por el otro se encuentra el Consorcio EE Canoas, integrado por la Empresa Constructora Brasil y Mota Engil Latam, siendo esta última la empresa cuestionada por la Veeduría del río Bogotá.
De acuerdo con el Acueducto de Bogotá, contrario a lo que piensan los representantes de la Veeduría, el dinero para la construcción y puesta en marcha de la estación elevadora correrá por cuenta del Distrito y de Emgesa, que se comprometió a aportar $103.000 millones durante los próximos 20 años (tiempo que dura su concesión sobre el río Bogotá), para los gastos de operación, mientras que la compañía se encargará de los gastos por el bombeo y la producción eléctrica que se realice dentro de la estación elevadora.
Mientras la Contraloría analiza la solicitud de la Veeduría del río Bogotá y la Procuraduría investiga por qué uno de sus funcionarios intentó solicitar la suspensión de la licitación sin tener competencia para hacerlo, el Distrito avanza con el proceso, que se estaría adjudicando la próxima semana. Por ahora, la evaluación económica deja como virtual ganador del proceso al Consorcio EE Canoas, que propuso realizar las obras por $351.957 millones.
