Los pleitos que libra Bogotá: las pretensiones suman $12 billones

Si hay algo que parece fácil es demandar al Estado. Todo lo que funcione mal en una ciudad o lo que no le guste a la gente puede ser susceptible de convertirse en un proceso judicial. Y en medio de esto, las demandas, al menos para la Alcaldía de Bogotá, son una herencia que pasa de mandato en mandato. El balance indica que la administración entrante tendrá que asumir varios procesos, que suman pretensiones por casi $12 billones. William Mendieta, secretario jurídico del Distrito, habla de los casos.

Si hay algo que parece fácil es demandar al Estado. Todo lo que funcione mal en una ciudad o lo que no le guste a la gente puede ser susceptible de convertirse en un proceso judicial. Y en medio de esto, las demandas, al menos para la Alcaldía de Bogotá, son una herencia que pasa de mandato en mandato. El balance indica que la administración entrante tendrá que asumir varios procesos, que suman pretensiones por casi $12 billones. William Mendieta, secretario jurídico del Distrito, habla de los casos.

Culmina cuatro años al frente de la Secretaría. ¿Cuál es su balance?

Muy positivo, desde el punto de vista de defensa de los intereses públicos y patrimoniales de la ciudad. En las demandas contra los proyectos grandes, logramos demostrarles a los jueces que los demandantes no tenían la razón y que todos los proyectos fueron en bien de la gente. Por otro lado, se fortaleció el modelo de gerencia jurídica pública, único en el país, que viene consolidándose hace 20 años. El resultado con el que terminamos 2023 muestra éxito procesal del 84 %.

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¿Cuánto suman las pretensiones de las demandas contra el Distrito?

Contando todo (acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, acciones de reparación y controversias contractuales) son casi $12 billones. Pero los casos de alto riesgo, con posibilidad de perder, no alcanzan $1 billón. Trabajamos para ahorrarle esa plata a la ciudad. Y eso se hace a través de los mecanismos de prevención del daño antijurídico, de conciliar, de mediar antes de que los problemas terminen en un juzgado.

¿Cuáles son los esos procesos de alto riesgo?

Son de todo tipo. Cuando reportan los procesos al sistema de información de la Secretaría Jurídica, los abogados hacen un análisis y los comités de conciliación le ponen un riesgo. Entre ellos están acciones populares, acciones de nulidad, de reparación directa. Son en esos procesos en los que el modelo de gerencia jurídica pública de Bogotá centra su atención para evitar que se pierdan en los juzgados.

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¿Cuál es el más cuantioso?

Hay una acción popular por inundaciones del río Tunjuelo, de hace 15 años, con nivel de riesgo bajo, pero con pretensiones de $3 billones. Hay otro con el operador de Doña Juana, por $1,2 billones que está en el Consejo de Estado.

¿Y cuál ha sido el proceso más difícil?

El Tribunal de Arbitramento de Doña Juana. Trabajamos en una defensa conjunta con la UAESP. Las pretensiones del operador superaban el $1 billón, pero demostramos que eran injustificadas. Al final, el Tribunal le reconoció $65.000 millones. Ahora estamos dando pelea en el Consejo de Estado para que se obligue al operador a construir la planta de lixiviados, que es una de sus obligaciones.

Ya eso le toca al próximo alcalde...

Sí, además porque el operador convocó a un nuevo tribunal de arbitramiento, por $14.000 millones. Ya es tradición del operador convocar a la ciudad a estos tribunales. Es el tercero en cinco años,

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¿Por qué ha sido tan difícil ponerle punto final al choque con el operador de Doña Juana y a la incertidumbre sobre el plazo de operación?

Este es un contrato con vigencia indeterminada, pero determinable. Es decir, no hay una fecha, pero hay un momento en que termina el contrato: cuando la cota de capacidad llegue a los 2.990 metros. Primero iba hasta 2024, pero un informe del interventor habla de 2026.

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¿Eso de qué depende?

De que lleguen menos residuos y de una mejor labor tecnológica del operador. Eso aumenta la vida útil del relleno. Pero para 2026 esperamos que la ciudad tenga un nuevo modelo de tratamiento de basuras. El POT fija que se debe desterrar el modelo de enterrar y pasar a un modelo de aprovechamiento. Ese es un desafío del próximo alcalde, que debe diseñar los pliegos de un verdadero parque tecnológico y basura cero.

¿Por qué no lo logró esta alcaldía?

Por el tema de la vigencia del contrato. El operador aspiraba a que le ampliaran 20 años, pero mostramos que no tenía sustento.

Apuntaba a ser operador vitalicio.

Claro, pero debía tener licencia ambiental. Ellos alegaban que si la obtenían podían continuar, pero una de las decisiones del tribunal de arbitramento fue que la licencia es de la ciudad.

¿Y cómo va el trámite de la licencia?

Ya se entregaron los documentos y quedamos a la espera de que la CAR revise y diga si todo está listo o se requiere algo más.

¿Qué más está pendiente?

Un tema clave: la planta de lixiviados. Esperamos que el Consejo de Estado, ojalá en el primer trimestre de 2024, ratifique que el operador debe construirla.

Siguiendo con saneamiento, ¿en qué va el pleito de los operadores de aseo?

Luego de los pleitos entre ellos, en este caso, la administración se dio la tarea de hacer un trabajo conjunto para ajustar los términos, en especial de recolección, aumento de frecuencias y optimización del barrido.

Pero la gente se queja de que hay mucha basura en las calles.

Acá tenemos también un tema de cultura ciudadana. Infortunadamente, la gente está sacando la basura cuando no pasa el camión y, por un tema de pobreza de la ciudad, tenemos a muchos viviendo del reciclaje y no de la manera más técnica. Entonces son personas que buscan su sustento abriendo las bolsas en la calle y regando los desperdicios. En este tema se ha hecho un trabajo con la Secretaría de Integración Social, para mejorar el reciclaje.

Otro lío son las PTAR Salitre y Canoas.

Acá hay situaciones que devienen de órdenes judiciales de la magistrada Nelly Villamizar, quien vela por la sentencia del río Bogotá. En el caso de Salitre, ordenó al Acueducto recibir la planta, a nuestro juicio, sin los trabajos finalizados, y pagarle al constructor. Esperamos que el Consejo de Estado resuelva un recurso. Y en el caso de Canoas hay dos temas por resolver: la contragarantía del Ministerio de Hacienda para los préstamos y avanzar en la obra y la impugnación a una orden de la magistrada Villamizar, que pretende que dividamos el contrato, después de tener estudios con el Banco Mundial y la viabilidad técnica y financiera. Eso carece de valor técnico.

¿Qué pasa con la contragarantía?

El Ministerio nos ha hecho exigencias diferentes a las que habían hecho gobiernos anteriores y necesitamos este respaldo lo antes posible. No entendemos la negativa, sabiendo que Bogotá es la ciudad con mejor disciplina fiscal.

¿Hay presión del Gobierno Nacional?

No lo veo así, pero sí esperamos que se destrabe el tema, porque el otro camino, que es endeudarse con la banca comercial, sería muy caro para la ciudad. Mientras esto se demore, sigue la contaminación en el río Bogotá. Hay una orden de la magistrada Villamizar al Ministerio de otorgar la contragarantía, pero también fue impugnada y está en el Consejo de Estado esperando una decisión.

Todo lo de aseo tiene dificultades.

Sí y muchos son por la estructuración de los contratos. Acá, la próxima administración tiene una gran oportunidad con los nuevos contratos que vienen, que son vitales para la ciudad, como el de recolección, barrido y disposición de basuras, que finalizará en los próximos cuatro años. Tiene la oportunidad de corregir los modelos actuales y crear unos nuevos.

¿Cómo va el pleito con el que iba a construir en el San Juan de Dios?

Como el contratista no podrá hacer la obra prevista y espera recuperar sus inversiones, nos llevó a un tribunal de arbitramento internacional. Estamos en proceso de negociación, de revisar el tema de costos y si no llegamos a un acuerdo, afrontaremos el tribunal.

¿Y si pierden?

Es un pleito derivado de una decisión del Gobierno Nacional y la plata que se pierda la perdemos todos los bogotanos. por eso hay que salir a recuperar esos dineros y se debe evaluar la responsabilidad del Gobierno Nacional: cómo debe compensar a Bogotá.

¿Y la alcaldía Peñalosa?

A mi juicio no tiene responsabilidad, porque había un permiso. No obstante, será un punto que tocaría revisar en su momento.

Otros líos son el POT, la Región Metropolitana y el Plan de Desarrollo.

Acá se ve que sectores políticos, que no ganaron hace cuatro años en las urnas, buscaron, sin éxito, tumbar las ideas de quienes sí ganaron. Frente al POT, que se aprobó por decreto, fue porque el Concejo no lo discutió en los 90 días que tenía. Entonces, les dijeron a los jueces que el POT era ilegal. Ese es un argumento que hemos desestimado en las 10 demandas. Recordemos que el POT estuvo suspendido por una medida cautelar, pero el Tribunal de Cundinamarca estudió y tumbó esa medida. Frente al Plan de Desarrollo, se atacaron unos artículos, como el del operador público de transporte La Rolita, donde quieren que se acabe este operador público donde trabajan 300 mujeres. Nosotros hemos hecho una defensa orientada a demostrarle al tribunal que no hay lugar a que se tumbe. En cuanto a la Región Metropolitana, los detractores intentaron primero tumbar el acto legislativo, que modificó el artículo de la Constitución, pero no lo lograron. Luego vinieron ocho demandas contra artículos de la ley, de los cuales ya ganamos siete. Aún queda una acción de nulidad contra el acuerdo expedido por el Concejo de Bogotá, donde aprueban que Bogotá se sume a la RM. Esperamos que también se resuelva pronto a nuestro favor.

¿Y el caso contra el corredor verde?

El corredor verde hubo fue un proyecto muy estudiado técnicamente, no se ahorraron esfuerzos por tener un proyecto que cumpliera con lo establecido en el Plan de Desarrollo y el POT; que privilegiara al peatón, a los ciclistas y al transporte público. Aunque un juez suspendió el proceso, el Tribunal de Cundinamarca revocó la medida cautelar; decisión que será un hito para las obras de infraestructura, porque los jueces tendrán que exigir más en temas de acciones populares, donde se pidan medidas cautelares contra las obras; deben ser muy exigentes en unos requisitos. Esto nos permitió reanudar el proyecto, ya adjudicamos un tramo y volvimos a abrir la licitación para los tramos I y II.

Aunque se retomó la licitación para los tramos I y II, Galán dice que lo modificará. ¿Qué piensa?

La pregunta es para él cuál es la prioridad. Hoy, como está diseñado el corredor, está pensado en peatones, ciclistas y buses eléctricos, porque ahí hay un tema de espacio. Ese es el gran valor del corredor. Carlos Fernando Galán tendrá tiempo para reflexionar qué conviene más, pero una buena reflexión y una buena decisión en ese momento sería mantener el corredor verde como está diseñado.

¿Ya sabe quién será su sucesor?

No tengo pistas, pero lo que sí le puedo decir es que va a encontrar una Secretaría fortalecida, con un excelente capital humano, extraordinarios abogados y, sobre todo, con un modelo de gerencia jurídica pública fortalecido, que es la que nos permite tener esas cifras de éxito procesal en la ciudad.

¿Qué misión le queda al nuevo secretario jurídico?

Lo que viene para Bogotá en el tema jurídico es fortalecer temas de prevención del daño antijurídico; o sea, evitar el conflicto, evitar que las cosas se vuelvan pleitos y, sobre todo, apostarle a la mediación y la conciliación. Conciliar es el camino, pues nos ahorra mucha plata, tiempo y esfuerzos.

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