Los riesgos de “venezolanizar” la inseguridad en Bogotá

Al vaivén de las cifras y la percepción de inseguridad viene creciendo un peligroso y desacertado discurso: detrás de cada gran crimen hay un venezolano. El prejuicio toma fuerza cuando las autoridades hacen hincapié en la nacionalidad de un detenido o se anuncian estrategias como la de crear un comando para judicializar bandas delincuenciales de migrantes. Solo este anuncio, según el Barómetro de la Xenofobia, generó en redes un aumento de mensajes incitando a la violencia contra los migrantes.

Si bien es imposible ocultar que la ciudad ha sido escenario de delitos reprochables, como el asesinato de dos policías mientras cumplían su deber y que los sospechosos son venezolanos, concentrarse en su origen es pasar por alto que quienes delinquen son una porción mínima frente a los criminales nacionales e ínfima frente a los migrantes honestos en Bogotá. Entonces ¿está bien “venezolanizar” la inseguridad? ¿Hacerlo no es desviar el foco del verdadero problema? Estas son preguntas que surgen cada vez que se tensiona la relación entre el Distrito, los migrantes y la seguridad. Y hay razones para plantearlas.

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Según Migración Colombia, en el país viven 1,8 millones de venezolanos y casi 360.000 (20 %) están en la capital, lo que equivale a que por cada cien habitantes cuatro son del vecino país. En contraste, de esta gran población (que suman casi los habitantes de Neiva), la Policía ha capturado en 2021 a 2.500, la mayoría por delitos menores, lo que indica que apenas el 0,6 % ha tenido líos con la justicia. En ese dato radica el rechazo, incluso del Gobierno Nacional, a la propuesta de la alcaldesa Claudia López de crear un comando integrado por Policía, Migración y Fiscalía para identificarlos y judicializarlos.

Para los críticos, estas acciones, más que atacar el problema estructural de inseguridad, agudizan la xenofobia y la discriminación, como lo resaltó la CIDH al decir que estas políticas “promueven la animadversión a esta población, al culparla del aumento de los índices de violencia en los Estados”.

Panorama de seguridad

Basta con analizar las cifras para notar que el problema va más allá. Si bien, el año pasado la Alcaldía publicitó la reducción de los delitos, era claro que todo se debía al confinamiento. Este año, con la reactivación de todos los sectores, hay una tendencia al alza en casi todos los delitos, salvo el hurto a comercio, bancos, residencias y de bicicletas. Las cifras del período enero-julio, de los años 2020 y 2021 muestran que la extorsión pasó de 471 casos a 618; el hurto a personas, de 46.597 a 56.703; el robo de carros, de 1.723 a 1.909; el de motos, de 1.828 a 2.638, y el homicidio (indicador principal), de 571 a 658.

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De ahí la sensación de una inseguridad desbordada. Y la percepción se dispara cada vez que se registran varios tiroteos en un día, como ocurrió el 11 de agosto, cuando asesinaron al patrullero Humberto Sabogal. Es en este punto donde las estadísticas ratifican que el problema, más que por los migrantes, es promovido por bandas criminales que vienen disputándose el territorio a sangre y fuego, y reclutando a los más vulnerables, como jóvenes sin oportunidades y ahora venezolanos.

Por eso, cuando las autoridades se fijan más en la nacionalidad se desvía la atención del problema real. Así lo cree Jairo Libreros, profesor de la U. Externado y experto en seguridad, al decir que están sobredimensionando el tema de los venezolanos que delinquen, pues “el porcentaje de involucrados en delitos en el país es casi del 3,8 % y en Bogotá, del 3 %”, dato que valida la Policía al revelar que de 17.000 detenidos este año en la capital 2.550 eran extranjeros.

Instrumentalizados

La sobredimensión se podría ratificar con las cifras de los pocos que van a prisión. Según el Inpec, que custodia 7.077 internos en Bogotá, de la población carcelaria 527 son extranjeros y de ellos, 382 son venezolanos. ¿Sus delitos? el 31 % está por hurto; el 22,2 %, por tráfico; el 8,2 %, por concierto para delinquir; el 7 %, por homicidios, y el 5,4 %, por lesiones personales. Entonces, como lo dijo la alcaldesa, ¿realmente hay en Bogotá estructuras criminales migrantes que generan inseguridad?

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Para Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, la respuesta es no, pues los pocos migrantes que hacen parte del hampa se dedican a la delincuencia común y los que están en el crimen organizado son instrumentalizados por bandas establecidas. Por eso, para Andrés Macías, experto en políticas públicas, “asignar toda la culpa de la inseguridad a los migrantes no es la forma de enfrentar el problema”. Algo similar cree César Restrepo, director de Seguridad Urbana de Probogotá, quien agrega que “los criminales locales son lo suficientemente malos como para dejarse quitar el mercado. Los delincuentes venezolanos trabajan para colombianos”.

Esta instrumentalización ya la había advertido la Defensoría del Pueblo. En su alerta temprana de mayo destacó que la vulnerabilidad de esta población facilita que sean objeto de utilización por grupos del crimen organizado como Autodefensas Gaitanistas, Frente Urbano del Eln, facciones disidentes de las Farc, Águilas Negras, Los Paisas y Los Boyacos, presentes en diez localidades (Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén), y en doce municipios de Cundinamarca (Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque), donde se estima que residen 47.328 venezolanos.

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Pero la situación, según Rosanía, no solo radica en la vulnerabilidad. Es un tema estructural, pues más allá del comando que propuso Claudia López para judicializar migrantes (rechazado por el Gobierno Nacional y Migración Colombia), no hay una estrategia clara en seguridad ciudadana. “Los niveles de impunidad muestra que la justicia y la inseguridad son una puerta giratoria: los capturan y salen. Eso termina en mayor inseguridad, porque el delincuente ya no tiene miedo a ser capturado”.

Aunque esa “puerta giratoria” aplica igual para casi todos, en el caso de los migrantes es más evidente, pues como la mayoría están indocumentados, no solo tienen problemas para acceder a las ayudas gubernamentales, sino que las autoridades se han visto en aprietos para judicializar a los que delinquen, de ahí que este año de los 2.500 capturados, menos de 200 fueron realmente privados de la libertad. En parte, de ahí surgió la idea de intensificar su identificación. Aunque el Distrito vendió la idea como una oportunidad para permitirles acceso a programas sociales, ligar la estrategia al plan de inseguridad complicó todo.

Así lo recalca Andrés Macías, profesor de la Universidad Externado, quien calificó como un error haber vinculado el registro con la judicialización, pues el mensaje que quedó fue que el plan no era para garantizarles derechos, sino para procesarlos. “Deben ir separados y claramente, si una persona comete un crimen, el registro brindaría información, pero el proceso no debía ser al revés. Son estrategias diferentes, una de regularización y otra de seguridad. Se podrían apoyar, pero la medida no podía estar focalizada en perseguir extranjeros, porque la mayoría no cometen delitos”. La idea la refuerza Lucas Gómez, al decir que el incremento de la inseguridad nada tiene que ver con la nacionalidad, por eso, “se debe trabajar para mejorar la seguridad, pero no señalando a una población. Deben ser políticas integrales. Hay que atacar la criminalidad venga de donde venga”.

Entonces, ¿qué se necesita? César Restrepo cree que más allá de concentrarse en los venezolanos y plantear las estrategias de siempre como el aumento del pie de fuerza, el fortalecimiento de la investigación criminal, la inversión en tecnología, el control en las vías y la lucha contra el microtráfico, los cuales son importantes, el Distrito sigue sin hacerse preguntas claves que respondan a las necesidades de los bogotanos en seguridad. “¿Cuáles son las organizaciones y los fenómenos criminales que desestabilizan la ciudad? ¿Quiénes las dirigen? ¿Dónde se ubican y dónde están sus intereses? ¿Qué necesita la Policía? ¿Cuáles capacidades, coordinaciones y estrategias son claves para revertir la dinámica de violencia en el corto plazo? Las respuestas le permitirán a la Alcaldía superar el anuncio de medidas repetitivas sin objetivos concretos y empezar a presentar resultados tangibles que devuelvan a la ciudad por la senda de la seguridad”.

Aunque el comando anunciado por Claudia López quedó en el aire, está claro que criminalizar a una población migrante no es el camino. La ruta es atacar el problema de raíz: las bandas criminales que operan en Bogotá.

Al vaivén de las cifras y la percepción de inseguridad viene creciendo un peligroso y desacertado discurso: detrás de cada gran crimen hay un venezolano. El prejuicio toma fuerza cuando las autoridades hacen hincapié en la nacionalidad de un detenido o se anuncian estrategias como la de crear un comando para judicializar bandas delincuenciales de migrantes. Solo este anuncio, según el Barómetro de la Xenofobia, generó en redes un aumento de mensajes incitando a la violencia contra los migrantes.

Si bien es imposible ocultar que la ciudad ha sido escenario de delitos reprochables, como el asesinato de dos policías mientras cumplían su deber y que los sospechosos son venezolanos, concentrarse en su origen es pasar por alto que quienes delinquen son una porción mínima frente a los criminales nacionales e ínfima frente a los migrantes honestos en Bogotá. Entonces ¿está bien “venezolanizar” la inseguridad? ¿Hacerlo no es desviar el foco del verdadero problema? Estas son preguntas que surgen cada vez que se tensiona la relación entre el Distrito, los migrantes y la seguridad. Y hay razones para plantearlas.

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Según Migración Colombia, en el país viven 1,8 millones de venezolanos y casi 360.000 (20 %) están en la capital, lo que equivale a que por cada cien habitantes cuatro son del vecino país. En contraste, de esta gran población (que suman casi los habitantes de Neiva), la Policía ha capturado en 2021 a 2.500, la mayoría por delitos menores, lo que indica que apenas el 0,6 % ha tenido líos con la justicia. En ese dato radica el rechazo, incluso del Gobierno Nacional, a la propuesta de la alcaldesa Claudia López de crear un comando integrado por Policía, Migración y Fiscalía para identificarlos y judicializarlos.

Para los críticos, estas acciones, más que atacar el problema estructural de inseguridad, agudizan la xenofobia y la discriminación, como lo resaltó la CIDH al decir que estas políticas “promueven la animadversión a esta población, al culparla del aumento de los índices de violencia en los Estados”.

Panorama de seguridad

Basta con analizar las cifras para notar que el problema va más allá. Si bien, el año pasado la Alcaldía publicitó la reducción de los delitos, era claro que todo se debía al confinamiento. Este año, con la reactivación de todos los sectores, hay una tendencia al alza en casi todos los delitos, salvo el hurto a comercio, bancos, residencias y de bicicletas. Las cifras del período enero-julio, de los años 2020 y 2021 muestran que la extorsión pasó de 471 casos a 618; el hurto a personas, de 46.597 a 56.703; el robo de carros, de 1.723 a 1.909; el de motos, de 1.828 a 2.638, y el homicidio (indicador principal), de 571 a 658.

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De ahí la sensación de una inseguridad desbordada. Y la percepción se dispara cada vez que se registran varios tiroteos en un día, como ocurrió el 11 de agosto, cuando asesinaron al patrullero Humberto Sabogal. Es en este punto donde las estadísticas ratifican que el problema, más que por los migrantes, es promovido por bandas criminales que vienen disputándose el territorio a sangre y fuego, y reclutando a los más vulnerables, como jóvenes sin oportunidades y ahora venezolanos.

Por eso, cuando las autoridades se fijan más en la nacionalidad se desvía la atención del problema real. Así lo cree Jairo Libreros, profesor de la U. Externado y experto en seguridad, al decir que están sobredimensionando el tema de los venezolanos que delinquen, pues “el porcentaje de involucrados en delitos en el país es casi del 3,8 % y en Bogotá, del 3 %”, dato que valida la Policía al revelar que de 17.000 detenidos este año en la capital 2.550 eran extranjeros.

Instrumentalizados

La sobredimensión se podría ratificar con las cifras de los pocos que van a prisión. Según el Inpec, que custodia 7.077 internos en Bogotá, de la población carcelaria 527 son extranjeros y de ellos, 382 son venezolanos. ¿Sus delitos? el 31 % está por hurto; el 22,2 %, por tráfico; el 8,2 %, por concierto para delinquir; el 7 %, por homicidios, y el 5,4 %, por lesiones personales. Entonces, como lo dijo la alcaldesa, ¿realmente hay en Bogotá estructuras criminales migrantes que generan inseguridad?

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Para Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, la respuesta es no, pues los pocos migrantes que hacen parte del hampa se dedican a la delincuencia común y los que están en el crimen organizado son instrumentalizados por bandas establecidas. Por eso, para Andrés Macías, experto en políticas públicas, “asignar toda la culpa de la inseguridad a los migrantes no es la forma de enfrentar el problema”. Algo similar cree César Restrepo, director de Seguridad Urbana de Probogotá, quien agrega que “los criminales locales son lo suficientemente malos como para dejarse quitar el mercado. Los delincuentes venezolanos trabajan para colombianos”.

Esta instrumentalización ya la había advertido la Defensoría del Pueblo. En su alerta temprana de mayo destacó que la vulnerabilidad de esta población facilita que sean objeto de utilización por grupos del crimen organizado como Autodefensas Gaitanistas, Frente Urbano del Eln, facciones disidentes de las Farc, Águilas Negras, Los Paisas y Los Boyacos, presentes en diez localidades (Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén), y en doce municipios de Cundinamarca (Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque), donde se estima que residen 47.328 venezolanos.

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Pero la situación, según Rosanía, no solo radica en la vulnerabilidad. Es un tema estructural, pues más allá del comando que propuso Claudia López para judicializar migrantes (rechazado por el Gobierno Nacional y Migración Colombia), no hay una estrategia clara en seguridad ciudadana. “Los niveles de impunidad muestra que la justicia y la inseguridad son una puerta giratoria: los capturan y salen. Eso termina en mayor inseguridad, porque el delincuente ya no tiene miedo a ser capturado”.

Aunque esa “puerta giratoria” aplica igual para casi todos, en el caso de los migrantes es más evidente, pues como la mayoría están indocumentados, no solo tienen problemas para acceder a las ayudas gubernamentales, sino que las autoridades se han visto en aprietos para judicializar a los que delinquen, de ahí que este año de los 2.500 capturados, menos de 200 fueron realmente privados de la libertad. En parte, de ahí surgió la idea de intensificar su identificación. Aunque el Distrito vendió la idea como una oportunidad para permitirles acceso a programas sociales, ligar la estrategia al plan de inseguridad complicó todo.

Así lo recalca Andrés Macías, profesor de la Universidad Externado, quien calificó como un error haber vinculado el registro con la judicialización, pues el mensaje que quedó fue que el plan no era para garantizarles derechos, sino para procesarlos. “Deben ir separados y claramente, si una persona comete un crimen, el registro brindaría información, pero el proceso no debía ser al revés. Son estrategias diferentes, una de regularización y otra de seguridad. Se podrían apoyar, pero la medida no podía estar focalizada en perseguir extranjeros, porque la mayoría no cometen delitos”. La idea la refuerza Lucas Gómez, al decir que el incremento de la inseguridad nada tiene que ver con la nacionalidad, por eso, “se debe trabajar para mejorar la seguridad, pero no señalando a una población. Deben ser políticas integrales. Hay que atacar la criminalidad venga de donde venga”.

Entonces, ¿qué se necesita? César Restrepo cree que más allá de concentrarse en los venezolanos y plantear las estrategias de siempre como el aumento del pie de fuerza, el fortalecimiento de la investigación criminal, la inversión en tecnología, el control en las vías y la lucha contra el microtráfico, los cuales son importantes, el Distrito sigue sin hacerse preguntas claves que respondan a las necesidades de los bogotanos en seguridad. “¿Cuáles son las organizaciones y los fenómenos criminales que desestabilizan la ciudad? ¿Quiénes las dirigen? ¿Dónde se ubican y dónde están sus intereses? ¿Qué necesita la Policía? ¿Cuáles capacidades, coordinaciones y estrategias son claves para revertir la dinámica de violencia en el corto plazo? Las respuestas le permitirán a la Alcaldía superar el anuncio de medidas repetitivas sin objetivos concretos y empezar a presentar resultados tangibles que devuelvan a la ciudad por la senda de la seguridad”.

Aunque el comando anunciado por Claudia López quedó en el aire, está claro que criminalizar a una población migrante no es el camino. La ruta es atacar el problema de raíz: las bandas criminales que operan en Bogotá.