Mafias de la educación I

La amenaza llegó el 17 de agosto. Llegó envuelta en papel de regalo, acompañada de un ramo de flores y una tarjeta escrita con buena ortografía:

“Muchas felicidades en este día tan especial, que el Todopoderoso te conserve por muchos años tan bella y hermosa”.

Nueve meses atrás, en la misma oficina de pisos y paredes blancas donde ahora abría el siniestro regalo, María Elvira Carvajal había llegado a asumir el cargo como directora de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital (SED).

Llegó al cargo sin mayores poses. Su mediana estatura, unas mejillas redondas que con frecuencia se hinchan cuando se sonríe y la edad de una mujer que ya está lista para tener nietos, la hacían lucir como una mujer sencilla y bonachona.

Por eso más de uno en la oficina debió quedar sorprendido cuando esta directora, que no debía matar una mosca, salió de su oficina y los pilló a todos comiendo galletas de una misma marca:

—¿De dónde salieron esos paqueticos?, los increpó.

—Nos las regaló un rector de un colegio privado que pasó por acá, respondió alguno.

El reproche fue inmediato. ¿Acaso no sabían que los servidores públicos no pueden recibir dádivas de ningún contratista, así sean unas pendejas galletas?

Carvajal se fue al instante a su pequeña oficina, desde la cual se determina, año a año, en qué colegio —ya sea público, en concesión o contratado por el Distrito— estudiarán los más de 950 mil niños y jóvenes en edad escolar que viven hoy la ciudad.

Sentada en su escritorio, buscó el Código de Ética de los funcionarios de la SED y lo envió de inmediato a todos sus subalternos. Luego imprimió una copia. Y la estampó en el tablero informativo.

No se trataba de unas simples galletas.

María Elvira Carvajal se posesionó en su cargo sabiendo lo que le esperaba. En los meses previos a su llegada, mucho se había rumorado en la SED y denunciado en el Concejo de Bogotá, y en la Junta de Acción Local de Suba, sobre el negocio de la educación contratada, un mecanismo ideado hace más de 12 años por la entonces secretaria Cecilia María Vélez, a través del cual el gobierno distrital contrata la educación de los niños en colegios privados de zonas donde el Distrito no da abasto.

Tras 13 años de implementado el programa se hablaba en Bogotá de un “cartel de la educación”. Se hablaba de cupos educativos asignados a dedo, de coimas que iban y venían para lograr que a un colegio le fueran asignados más estudiantes con recursos públicos e incluso se llegó a sugerir la participación de políticos locales que facilitaban esa asignación.

De hecho, seis meses antes de que Carvajal se posesionara, la Contraloría Distrital había publicado un informe de auditoría (la fecha es de junio de 2011), en el que criticaba duramente el estado de algunos de los colegios en convenio. El documento, además, cuestionaba la rigurosidad de las evaluaciones realizadas a los planteles por parte del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). Estudios determinantes para decidir el número de cupos asignados a cada colegio.

Con todo y estos antecedentes, el equipo liderado por Carvajal quedó con la boca abierta cuando se enteró, apenas comenzaba su gestión, que la última evaluación a las 267 instituciones privadas que educan alrededor de 111.000 estudiantes del Distrito y que determina la idoneidad para participar en el Banco de Oferentes de cupos, había sido virtual. En vez de recibir las usuales y extensivas visitas por parte de los evaluadores, los rectores habían llenado un formulario en internet. ¡Se habían autoevaluado!

Carvajal se hizo entonces a un equipo de técnicos e interventores. Y en cuestión de mes y medio emprendió personalmente la primera de 29 visitas que realizó su despacho a los colegios antes que la amenazaran de muerte.

La institución fue seleccionada al azar: se trataba del Colegio Colombo Andino, en la localidad de Kennedy, propiedad de David Andrés González Cifuentes.

En el acta de visita, consignada en la SED, se registra que en el colegio se encontraron salones sin ventilación “con 38 alumnos en condiciones de hacinamiento”. También que, en caso de emergencia, “la evacuación no sería la adecuada. En otros términos, fatal”.

Así continuaron durante varios meses las visitas sorpresa a los colegios. Algunos se encontraban en buenas condiciones. Otros se rajaban en hacinamiento, en profesores pagos por debajo de la norma y atraso en el pago de prestaciones sociales (ver nota arriba).

Las visitas comenzaron a generar inquietud entre los colegios. Según dos correos conocidos por El Espectador y firmados por una de las asociaciones que agremia a los rectores, se advertía de las visitas de Carvajal, se decía que eran “muy exigentes” y se les pedía a los rectores “estar atentos y estar preparados”. “La unión hace la fuerza”, concluyen las misivas. “Unidos permaneceremos, desunidos desapareceremos”.

Rectores consultados por este diario, que pidieron no ser identificados, aseguran que las visitas sorpresa de Carvajal fortalecieron la sensación de que la Secretaría de Educación quería acabar con el programa de convenios. La directora, aseguran, se había negado a dialogar con ellos. Y además, no había sino que leer el Plan de Desarrollo de la administración para comprender que la del Distrito era una apuesta por lo público, independientemente de que algunos de ellos hicieran un buen trabajo, no incurrieran en prácticas cuestionadas y operaran en zonas donde no hay cupos oficiales.

No era la primera vez que sentían inminencia de su gradual asfixia. A finales de 2011, durante un debate en el Concejo de Bogotá, Olimpo Coral, rector del colegio San Juan de los Pasos, se presentó en el recinto como vocero de los colegios privados y le reprochó al Distrito: “Años atrás nos consideraron socios estratégicos. Ahora, que ya no nos necesitan, nos dan una patada y nos sacan para afuera”, aseguró.

En Bogotá hay unos 80.000 cupos disponibles en escuelas públicas. Sin embargo, en muchas zonas de la ciudad donde se ubican estos cupos, el Distrito venía contratando con colegios privados, respondiendo a lógicas que aún están por explicar.

Fue esta la razón que llevó al anterior secretario, Ricardo Sánchez, a ordenar el año pasado la terminación de 18.000 cupos en zonas donde no hacían falta. La famosa Resolución 3699, de 2011, desató la furia de los padres, de los rectores, de los alumnos y de algunos concejales. Hasta el punto que los bloqueos del pasado diciembre a las vías de Transmilenio terminaron por arredrar a la alcaldesa Clara López, que obligó a su secretario a echar para atrás la medida.

“A Sánchez lo derrotamos”, asegura uno de los rectores, quien admite haber participado en reuniones para invitar a que los padres salieran a los bloqueos. La tensa situación de diciembre develó la compleja realidad de los colegios en convenio: por un lado, los intereses que se tejen en el seno de un negocio millonario; por el otro, el sentir de padres y estudiantes, cuyos procesos no pueden ser terminados de un tajo.

En el interior de la SED se tejió gradualmente un consenso: el desmonte de los colegios en convenio debe ser gradual y sensible a la situación de los muchachos. Y con ese enfoque trabajaba Carvajal cuando comenzaron las amenazas. La primera llegó en mayo, en forma de corona fúnebre, dirigida a Susana García, directora local de educación en Suba. La segunda le llegó a Carvajal, ese viernes 17 de agosto. La tercera y la cuarta a dos rectores de la misma localidad, cuyos nombres no han sido aún revelados.

Tres días después de amenazada Carvajal y un día antes de que el secretario Sánchez comenzara a denunciar las amenazas en medios de comunicación, el alcalde Gustavo Petro lo dijo todo en 140 caracteres: “Si amenazan de muerte es porque la política de educación del Distrito está golpeando mafias”.

Mafias en la educación, cuyo enrevesado mundo El Espectador comienza a develar.

 ¿Quién es María Elvira Carvajal?

Casi todo el país se enteró de la existencia de esta mujer el pasado 17 de agosto, cuando el secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, denunció que ella, una de sus funcionarias claves, estaba siendo amenazada de muerte.

Su nombre completo es María Elvira Carvajal y es licenciada en Educación, con maestría en Investigación y Desarrollo Social.

Comenzó su carrera en el Magisterio como maestra del Distrito y ya lleva cuatro años en la Secretaría. Cuando asumió el reto de ser la directora de cobertura durante la era progresista, dijo que uno de sus principales desafíos será recuperar el prestigio de la educación pública en la ciudad, con el concurso de toda la comunidad educativa.

Las auditorías de la SED

Para el momento en que fue amenazada de muerte, María Elvira Carvajal llevaba adelantadas 29 de 267 visitas a los colegios privados que ofrecen cupos escolares que son financiados con dineros del Distrito.

Fueron visitados colegios en las localidades de Suba, San Cristóbal, Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Engativá y Usme.

Según la Contraloría Distrital, a 2011, las localidades más deficitarias y con mayor oferta de cupos privados eran: Bosa, con el 18,8%; Kennedy, con el 13,4%; Engativá, con el 12%; Suba, con el 36,7%, y Ciudad Bolívar, con el 17,8%.

Según la Resolución 3699 de 2011, revocada por cuestiones de orden público por el secretario Ricardo Sánchez, en 2011, el Distrito pagó cupos en 93 colegios en zonas de la ciudad donde no se necesitaban.

Arranca conformación de banco de oferentes

Con el fin de atender la demanda de cupos educativos para el año entrante, la Secretaría de Educación anunció la expedición de la Resolución 2276 de 2012, por medio de la cual se establecen las directrices y los procedimientos para la conformación del llamado “banco de oferentes”. El banco está conformado por el grupo de instituciones educativas privadas que el Distrito considera aptas para atender a los estudiantes de las zonas deficitarias, es decir, aquellas en las que no hay suficiente número de puestos escolares. Se trata de 49 Unidades de Planeación Zonal (UPZ), distribuidas en 20 localidades. Las entidades “sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares” interesadas deberán hace la inscripción antes del 7 de octubre a través de la página de la Secretaría: www.sedbogota.edu.co

La amenaza llegó el 17 de agosto. Llegó envuelta en papel de regalo, acompañada de un ramo de flores y una tarjeta escrita con buena ortografía:

“Muchas felicidades en este día tan especial, que el Todopoderoso te conserve por muchos años tan bella y hermosa”.

Nueve meses atrás, en la misma oficina de pisos y paredes blancas donde ahora abría el siniestro regalo, María Elvira Carvajal había llegado a asumir el cargo como directora de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital (SED).

Llegó al cargo sin mayores poses. Su mediana estatura, unas mejillas redondas que con frecuencia se hinchan cuando se sonríe y la edad de una mujer que ya está lista para tener nietos, la hacían lucir como una mujer sencilla y bonachona.

Por eso más de uno en la oficina debió quedar sorprendido cuando esta directora, que no debía matar una mosca, salió de su oficina y los pilló a todos comiendo galletas de una misma marca:

—¿De dónde salieron esos paqueticos?, los increpó.

—Nos las regaló un rector de un colegio privado que pasó por acá, respondió alguno.

El reproche fue inmediato. ¿Acaso no sabían que los servidores públicos no pueden recibir dádivas de ningún contratista, así sean unas pendejas galletas?

Carvajal se fue al instante a su pequeña oficina, desde la cual se determina, año a año, en qué colegio —ya sea público, en concesión o contratado por el Distrito— estudiarán los más de 950 mil niños y jóvenes en edad escolar que viven hoy la ciudad.

Sentada en su escritorio, buscó el Código de Ética de los funcionarios de la SED y lo envió de inmediato a todos sus subalternos. Luego imprimió una copia. Y la estampó en el tablero informativo.

No se trataba de unas simples galletas.

María Elvira Carvajal se posesionó en su cargo sabiendo lo que le esperaba. En los meses previos a su llegada, mucho se había rumorado en la SED y denunciado en el Concejo de Bogotá, y en la Junta de Acción Local de Suba, sobre el negocio de la educación contratada, un mecanismo ideado hace más de 12 años por la entonces secretaria Cecilia María Vélez, a través del cual el gobierno distrital contrata la educación de los niños en colegios privados de zonas donde el Distrito no da abasto.

Tras 13 años de implementado el programa se hablaba en Bogotá de un “cartel de la educación”. Se hablaba de cupos educativos asignados a dedo, de coimas que iban y venían para lograr que a un colegio le fueran asignados más estudiantes con recursos públicos e incluso se llegó a sugerir la participación de políticos locales que facilitaban esa asignación.

De hecho, seis meses antes de que Carvajal se posesionara, la Contraloría Distrital había publicado un informe de auditoría (la fecha es de junio de 2011), en el que criticaba duramente el estado de algunos de los colegios en convenio. El documento, además, cuestionaba la rigurosidad de las evaluaciones realizadas a los planteles por parte del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). Estudios determinantes para decidir el número de cupos asignados a cada colegio.

Con todo y estos antecedentes, el equipo liderado por Carvajal quedó con la boca abierta cuando se enteró, apenas comenzaba su gestión, que la última evaluación a las 267 instituciones privadas que educan alrededor de 111.000 estudiantes del Distrito y que determina la idoneidad para participar en el Banco de Oferentes de cupos, había sido virtual. En vez de recibir las usuales y extensivas visitas por parte de los evaluadores, los rectores habían llenado un formulario en internet. ¡Se habían autoevaluado!

Carvajal se hizo entonces a un equipo de técnicos e interventores. Y en cuestión de mes y medio emprendió personalmente la primera de 29 visitas que realizó su despacho a los colegios antes que la amenazaran de muerte.

La institución fue seleccionada al azar: se trataba del Colegio Colombo Andino, en la localidad de Kennedy, propiedad de David Andrés González Cifuentes.

En el acta de visita, consignada en la SED, se registra que en el colegio se encontraron salones sin ventilación “con 38 alumnos en condiciones de hacinamiento”. También que, en caso de emergencia, “la evacuación no sería la adecuada. En otros términos, fatal”.

Así continuaron durante varios meses las visitas sorpresa a los colegios. Algunos se encontraban en buenas condiciones. Otros se rajaban en hacinamiento, en profesores pagos por debajo de la norma y atraso en el pago de prestaciones sociales (ver nota arriba).

Las visitas comenzaron a generar inquietud entre los colegios. Según dos correos conocidos por El Espectador y firmados por una de las asociaciones que agremia a los rectores, se advertía de las visitas de Carvajal, se decía que eran “muy exigentes” y se les pedía a los rectores “estar atentos y estar preparados”. “La unión hace la fuerza”, concluyen las misivas. “Unidos permaneceremos, desunidos desapareceremos”.

Rectores consultados por este diario, que pidieron no ser identificados, aseguran que las visitas sorpresa de Carvajal fortalecieron la sensación de que la Secretaría de Educación quería acabar con el programa de convenios. La directora, aseguran, se había negado a dialogar con ellos. Y además, no había sino que leer el Plan de Desarrollo de la administración para comprender que la del Distrito era una apuesta por lo público, independientemente de que algunos de ellos hicieran un buen trabajo, no incurrieran en prácticas cuestionadas y operaran en zonas donde no hay cupos oficiales.

No era la primera vez que sentían inminencia de su gradual asfixia. A finales de 2011, durante un debate en el Concejo de Bogotá, Olimpo Coral, rector del colegio San Juan de los Pasos, se presentó en el recinto como vocero de los colegios privados y le reprochó al Distrito: “Años atrás nos consideraron socios estratégicos. Ahora, que ya no nos necesitan, nos dan una patada y nos sacan para afuera”, aseguró.

En Bogotá hay unos 80.000 cupos disponibles en escuelas públicas. Sin embargo, en muchas zonas de la ciudad donde se ubican estos cupos, el Distrito venía contratando con colegios privados, respondiendo a lógicas que aún están por explicar.

Fue esta la razón que llevó al anterior secretario, Ricardo Sánchez, a ordenar el año pasado la terminación de 18.000 cupos en zonas donde no hacían falta. La famosa Resolución 3699, de 2011, desató la furia de los padres, de los rectores, de los alumnos y de algunos concejales. Hasta el punto que los bloqueos del pasado diciembre a las vías de Transmilenio terminaron por arredrar a la alcaldesa Clara López, que obligó a su secretario a echar para atrás la medida.

“A Sánchez lo derrotamos”, asegura uno de los rectores, quien admite haber participado en reuniones para invitar a que los padres salieran a los bloqueos. La tensa situación de diciembre develó la compleja realidad de los colegios en convenio: por un lado, los intereses que se tejen en el seno de un negocio millonario; por el otro, el sentir de padres y estudiantes, cuyos procesos no pueden ser terminados de un tajo.

En el interior de la SED se tejió gradualmente un consenso: el desmonte de los colegios en convenio debe ser gradual y sensible a la situación de los muchachos. Y con ese enfoque trabajaba Carvajal cuando comenzaron las amenazas. La primera llegó en mayo, en forma de corona fúnebre, dirigida a Susana García, directora local de educación en Suba. La segunda le llegó a Carvajal, ese viernes 17 de agosto. La tercera y la cuarta a dos rectores de la misma localidad, cuyos nombres no han sido aún revelados.

Tres días después de amenazada Carvajal y un día antes de que el secretario Sánchez comenzara a denunciar las amenazas en medios de comunicación, el alcalde Gustavo Petro lo dijo todo en 140 caracteres: “Si amenazan de muerte es porque la política de educación del Distrito está golpeando mafias”.

Mafias en la educación, cuyo enrevesado mundo El Espectador comienza a develar.

 ¿Quién es María Elvira Carvajal?

Casi todo el país se enteró de la existencia de esta mujer el pasado 17 de agosto, cuando el secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, denunció que ella, una de sus funcionarias claves, estaba siendo amenazada de muerte.

Su nombre completo es María Elvira Carvajal y es licenciada en Educación, con maestría en Investigación y Desarrollo Social.

Comenzó su carrera en el Magisterio como maestra del Distrito y ya lleva cuatro años en la Secretaría. Cuando asumió el reto de ser la directora de cobertura durante la era progresista, dijo que uno de sus principales desafíos será recuperar el prestigio de la educación pública en la ciudad, con el concurso de toda la comunidad educativa.

Las auditorías de la SED

Para el momento en que fue amenazada de muerte, María Elvira Carvajal llevaba adelantadas 29 de 267 visitas a los colegios privados que ofrecen cupos escolares que son financiados con dineros del Distrito.

Fueron visitados colegios en las localidades de Suba, San Cristóbal, Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Engativá y Usme.

Según la Contraloría Distrital, a 2011, las localidades más deficitarias y con mayor oferta de cupos privados eran: Bosa, con el 18,8%; Kennedy, con el 13,4%; Engativá, con el 12%; Suba, con el 36,7%, y Ciudad Bolívar, con el 17,8%.

Según la Resolución 3699 de 2011, revocada por cuestiones de orden público por el secretario Ricardo Sánchez, en 2011, el Distrito pagó cupos en 93 colegios en zonas de la ciudad donde no se necesitaban.

Arranca conformación de banco de oferentes

Con el fin de atender la demanda de cupos educativos para el año entrante, la Secretaría de Educación anunció la expedición de la Resolución 2276 de 2012, por medio de la cual se establecen las directrices y los procedimientos para la conformación del llamado “banco de oferentes”. El banco está conformado por el grupo de instituciones educativas privadas que el Distrito considera aptas para atender a los estudiantes de las zonas deficitarias, es decir, aquellas en las que no hay suficiente número de puestos escolares. Se trata de 49 Unidades de Planeación Zonal (UPZ), distribuidas en 20 localidades. Las entidades “sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares” interesadas deberán hace la inscripción antes del 7 de octubre a través de la página de la Secretaría: www.sedbogota.edu.co