Mahuampi Venezuela: fundación que lucha por los derechos de los migrantes

Gisela Esperanza Serrano llegó a Colombia el 9 de septiembre de 2018 con lo poco que cabía en su maleta y una carga de ilusiones al empezar de cero. Dejó su natal Acarigua, ciudad del occidente de Venezuela, para buscar una mejor vida. Recorrió 1.075 kilómetros hasta Bogotá junto a su esposo, Rafael Criollo, quien retornó a su país de origen luego de 39 años; sus dos hijas, de 22 y 17 años, y el pequeño Abraham José, su único nieto.

Gisela Esperanza Serrano llegó a Colombia el 9 de septiembre de 2018 con lo poco que cabía en su maleta y una carga de ilusiones al empezar de cero. Dejó su natal Acarigua, ciudad del occidente de Venezuela, para buscar una mejor vida. Recorrió 1.075 kilómetros hasta Bogotá junto a su esposo, Rafael Criollo, quien retornó a su país de origen luego de 39 años; sus dos hijas, de 22 y 17 años, y el pequeño Abraham José, su único nieto.

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Al igual que los 1,8 millones de migrantes que llegaron este año al país, los Criollo Serrano lo hicieron con la añoranza de devolverse pronto. Sin embargo, las circunstancias políticas y la calidad de vida en Venezuela no se los han permitido. “Decir que perdí la esperanza es falso. Tal vez no será mañana o pasado, pero guardo la ilusión”, afirma Gisela con melancolía.

Serrano no es abogada de profesión, pero habla como una especialista en derecho internacional y migración. Es la vicepresidenta de la Fundación Mahuampi Venezuela, entidad sin ánimo de lucro que fundó con su esposo para asesorar a quienes como ella arribaron buscando oportunidades. Dentro de las cosas que extraña están su familia y el calor humano que hay entre la comunidad venezolana. Por eso, ayudar a quienes acaban de inmigrar le permite estar más cerca de su nación, mientras asesora desde su experiencia.

El nombre de su fundación lo tomó del vocablo de una etnia indígena del oriente de Venezuela, que significa “amo a mi tierra por sobre todas”. Ese mensaje hoy lo lleva a municipios como Inírida (Guainía), Puerto Carreño (Vichada), Arauca (Arauca), Riohacha (La Guajira), Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander), Medellín y Bogotá, donde tiene incidencia.

“Estamos inmersos en el trabajo social comunitario que se desarrolla en la capital. Estamos en casi todas las localidades y venimos haciendo una articulación con Acnur y con entidades como la Secretaría de Integración Social, a través de los espacios de albergue temporal para la población migrante”, explica Gisela.

No tienen un registro exacto de cuántos migrantes han apoyado, pero la aproximación es de 5.000, que han sido aconsejados, tanto por los seis integrantes de la junta directiva como por los 12 coordinadores de las subregiones y los más de 50 voluntarios. Para esta licenciada en administración y magíster en educación universitaria, hablar del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y del Estatuto Temporal de Protección es un tema del día a día.

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Tanto así, que tuvo la oportunidad, junto con algunos de sus compañeros, de leer los borradores del Decreto 216 de 2021, que regula este estatuto, antes de que fuera expedido por el Gobierno Nacional. “El Estatuto Temporal es una oportunidad para que las personas puedan tener regularidad y acceder a integración social, educación, trabajo y oportunidades en general. El poder contratar un servicio de telefonía, por ejemplo, o hacer el registro de la tarjeta de Transmilenio mejora su calidad de vida”, asevera Serrano.

No obstante, el panorama no es tan cristalino para los recién instalados, ya que, de acuerdo con la encuesta Pulso Social, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) -trimestre diciembre 2020-febrero 2021- solo el 12 % de los bogotanos confiaban “bastante o completamente” en las personas extranjeras, frente al 73,1 % que indicó que confiaba “poco o nada”.

Por ello, desde la Secretaría de Integración Social y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) se están desarrollando estrategias para vincular a la comunidad colombo-venezolana en proyectos. Con este objetivo se han unido la Agencia de la ONU para los Refugiados y organizaciones como Aldeas Infantiles, que, con campañas como “Somos Panas Colombia”, buscan reducir la estigmatización y la xenofobia.

Según Rocío Castañeda, oficial de información pública de Acnur, desde 2019 se vienen desarrollando proyectos que cuentan, a la fecha, con 610 participantes en Ciudad Bolívar, Kennedy y Soacha. Los participantes han sido tanto colombianos como venezolanos, quienes han trabajado en tres áreas: fortalecimiento a organizaciones de base y formación de liderazgos, generación de espacios de integración (iniciativas artísticas, deportivas, culturales y medioambientales) y fortalecimiento de capacidades para la protección, con énfasis en el cuidado infantil.

Cabe mencionar que en el informe de la Personería de Bogotá, presentado en 2020, se afirma que la población refugiada en la capital reside en mayor proporción en las localidades de Kennedy y Suba, seguidos de Bosa y Engativá. Esta distribución muestra que hay una tendencia al asentamiento en la periferia occidental, puntualmente en Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy, donde habita un 46,71 % de la población en dichas localidades. Por su parte, el 28,37 % de la población consultada, dice la Personería, vive en la zona sur como Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal y Tunjuelito.

La idea inicial de Gisela Serrano era regresar junto con su familia a su amada Venezuela luego de seis meses. Sin embargo, esa fecha no ha llegado aún y, al igual que miles de sus compatriotas, espera con ansias el momento de volver. Mientras eso sucede, se aferra a la añoranza de algún día poder regresar y, tal como dice el joropo Mi esperanza, del cantante venezolano Vito Di Frisco, “hasta pinta una sonrisa solo con imaginar, que aquel avión aterriza de nuevo en suelo natal y escucha esa voz clarita que le trae felicidad: bienvenido a Venezuela. Ya pueden desembarcar, desabrochen cinturones, acabamos de llegar”.

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