Maltrato animal: delito latente que crece en denuncias y condenas

Álvaro Mendoza y Jairo Cristancho comparten algo: hace poco fueron condenados en Bogotá (tras aceptar cargos) por el delito de maltrato contra los animales. El primero es un exmilitar quien, en agosto del 2017, en el Batallón de Sanidad del Ejército, amarró del cuello a un perro, lo golpeó y luego lo tiró a la basura. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) confirmó la muerte del canino, por los traumas y el intento de asfixia.

Álvaro Mendoza y Jairo Cristancho comparten algo: hace poco fueron condenados en Bogotá (tras aceptar cargos) por el delito de maltrato contra los animales. El primero es un exmilitar quien, en agosto del 2017, en el Batallón de Sanidad del Ejército, amarró del cuello a un perro, lo golpeó y luego lo tiró a la basura. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) confirmó la muerte del canino, por los traumas y el intento de asfixia.

El segundo fue un caso de junio de 2019, cuando vecinos del oriente de Bogotá denunciaron que el sujeto atacaba y sometía a actos sexuales a su mascota. El animal fue rescatado y puesto a disposición de un veterinario. Luego de la respectiva investigación del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (GELMA), Mendoza fue condenado a 22 meses de cárcel, tiempo en el que no podrá tener animales y, además, deberá pagar una multa de 25,6 salarios mínimos. Por su parte, a Cristancho lo condenaron a nueve meses de prisión y a pagar una multa de 3,75 salarios mínimos. Aunque ambos están libres, tienen el antecedente penal.

Según cifras del GELMA, la unidad especial de la Fiscalía para investigar y atender casos de maltrato animal, estas situaciones se han vuelto recurrentes. En lo corrido del año en Bogotá se han denunciado 127 casos, por lo que posiblemente el año cerrará con cifras superiores a las de años atrás: 144 denuncias en 2020, 101 en 2019, 84 en 2018, 26 en 2017 y doce en 2016 (ver gráfico abajo).

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A estos índices se suman los procesos legales contra los posibles responsables. En el país, entre 2020 y lo corrido de 2021, han sido condenadas 62 personas y a otras 118 les formularon imputación por violencia contra los animales. Solo en Bogotá hay trece en juicio, trece imputadas y 24 en investigación.

Pero más allá de las sentencias, investigaciones y denuncias que a diario se conocen, incluso por redes sociales, ¿cuáles son las verdaderas implicaciones legales que enfrenta una persona al ser condenada por este delito? Según Juan José Castro, abogado penalista, este delito es tratado con condiciones especiales, debido a las condenas que se pueden aplicar.

“Si es una condena inferior a siete años, la persona puede pedir prisión domiciliaria; si es una pena inferior a cuatro años, se puede pedir la suspensión de la ejecución de la pena (queda libre). Ahí es cuando se habla de delitos excarcelables o no. Si hay suspensión de la ejecución de la pena, un juez puede definirle a una persona unas obligaciones especiales, así como una multa”, aclaró el abogado.

Lo que quiere decir que en casos como el de Mendoza o Cristancho, más que cárcel, las sentencias tendrían un impacto legal, por ejemplo, en el ámbito profesional. “Tal vez lo más importante de estas cosas es que las personas quedan con un antecedente penal, que es algo que siempre va a existir y se verá reflejado en temas de empleo, elegibilidad para ciertos beneficios como subsidios y algunas prohibiciones de trabajo”, agregó Castro.

Se visibiliza la violencia

Para el Idpyba, el maltrato hacia las mascotas no es que precisamente esté en aumento, porque casos como estos se presentan hace años, con mayores o menores impactos. Aclara que lo que se ha evidenciado es una mayor cantidad de denuncias formales o informales, producto de las campañas de sensibilización que se adelantan. “Desde la creación de la línea contra el maltrato animal, desde el 1° de junio de 2021, se han recibido 2.000 llamadas, de las cuales solo 30 % contaron con la información completa sobre el presunto maltrato animal. El porcentaje restante constituyen casos fuera de la ciudad, sin la información básica para el reporte o es competencia de otras entidades”, señaló la entidad.

Uno de los frentes que ha establecido el Idpyba para contrarrestar el maltrato, entre otros, es el programa Escuadrón Anticrueldad, primero en el país y en Latinoamérica, que busca atender las seis formas de crueldad animal: abandono, negligencia, sobreexplotación, abuso sexual, maltrato físico y maltrato emocional. Esta actividad permitió que en 2020 fueran atendidos 4.196 animales en Bogotá. Las localidades con más casos fueron Bosa, con 450; Engativá, con 399; Suba, con 391, y Kennedy, con 319.

Este año se han hecho 3.500 visitas de verificación por presunto maltrato, de las cuales solo el 40 % han resultado efectivas, pues en el otro porcentaje no se pudo verificar la denuncia.

Andrea Padilla, activista por los derechos de los animales y concejala de Bogotá, cree que, aunque las acciones legales de la Policía y Fiscalía han sido oportunas, aún falta adoptar estrategias, que ayuden a combatir este fenómeno. Concuerda con la idea de que es posible que los casos de maltrato animal no estén en aumento, sino que hay más denuncias.

“A esta ley contra el maltrato animal (Ley 1774) habría que hacerle reformas, como la inclusión de las sanciones alternativas. Creo que, a veces, las sanciones tienen mayor resultado, por ejemplo, si una persona presta servicio en un refugio de animales por un año. Este delito sí amerita la privación de la libertad; esto es importante, pero creo que son tantos los casos y está tan en crisis el sistema carcelario, que las sanciones alternativas podrían tener efectos pedagógicos”, dijo.

Por su parte, Batman Camargo, concejal del partido Alianza Verde, dice que “la comisión de estos delitos también termina teniendo una sanción social fuerte, porque una persona con este tipo de conductas casi nunca es contratada en un empleo”, mencionó. El trabajo articulado entre las autoridades que investigan y operan en función de la ley; la institucionalidad, con sus programas de atención, y la sociedad, por medio de sus denuncias, es de vital importancia para combatir este delito.

En los últimos días, para fortalecer ese compromiso conjunto de todos los involucrados, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, firmó la primera directriz nacional, que establece los lineamientos para la investigación y judicialización de hechos relacionados con el maltrato animal, lo que, en otras palabras, permitirá abordar los casos desde todas las perspectivas, para dar una solución con mayor impacto social y lograr sanciones contundentes.

Denunciar es parte de la solución

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) ha establecido dos canales para recibir denuncias de casos de maltrato animal: la línea gratuita 01 8000 115 161 o la línea de emergencias 123. Además de estos canales, la entidad ha establecido cinco pasos para hacer efectiva una denuncia y recomiendan asegurarse de que se trata de un caso de maltrato; obtener algún tipo de registro (videos, fotos, audios o relatos); brindar datos exactos del lugar; reportarlo a las líneas de emergencia y evitar denunciar por redes, para no poner sobre aviso a los victimarios.

El Idpyba cuenta con el Escuadrón Anticrueldad, que opera de la mano con la Policía Ambiental y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), que verifica y asiste a las emergencias de maltrato. Además, la Unidad de Urgencias Veterinarias, que atiende a los animales en riesgo, y el Centro de Atención Jurídica para la Protección y el Bienestar Animal, para prestar asesorías y mediar en los conflictos ciudadanos, con el fin de velar por los derechos de los animales.