Maltrato infantil, delito que no da tregua

Una fundación ubicada en la vereda Tilatá, del municipio de Chocontá (Cundinamarca), permanece en la mira del ICBF y la Fiscalía General de la Nación, luego de que se conociera un escabroso caso de presunto maltrato infantil, que involucraría a las religiosas que controlan el lugar y a un menor de edad, quien hoy permanece bajo observación médica.

Una fundación ubicada en la vereda Tilatá, del municipio de Chocontá (Cundinamarca), permanece en la mira del ICBF y la Fiscalía General de la Nación, luego de que se conociera un escabroso caso de presunto maltrato infantil, que involucraría a las religiosas que controlan el lugar y a un menor de edad, quien hoy permanece bajo observación médica.

Según declaraciones del niño afectado, se trataría de una serie de prácticas empleadas en el Hogar Monserrate, que supuestamente tenían como objetivo “formar a los niños” que estaban internos. Entre los detalles que se han conocido se habla de golpes y lesiones con matas de ortiga, pero la acción más aberrante fue la que sufrió el menor de edad, que duró allá siete meses por problemas de conducta y lenguaje, y la cual le generó una seria infección en la vejiga.

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“En horas de la noche el niño comienza a llorar, a gritar desesperado y a correr por toda la casa, se tocaba las partes íntimas. No se dejó ver de la mamá, por lo que lo llevamos donde el tío. Cuando lo revisó vio que sus genitales estaban inflamados y morados”, sostuvo la tía del niño.

Médicos aseguraron que la situación se presentó debido a que al niño le amarraron el pene con cabellos humanos, posiblemente de una de las monjas, además de hilos, para que este no se orinara en la cama. La acción se habría extendido por más de dos semanas, tiempo en el que el niño no pudo orinar con normalidad, acción por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Este hecho no sería el único. En las últimas horas se conoció un revelador testimonio de una mujer, quien señaló que estudió de manera externa en el Hogar Monserrate y evidenció prácticas poco usuales que empleaban para “aportar a la formación de los niños”.

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La mujer habló de que a los niños les imponían trabajos en el campo como arriar ganado o mover pesados implementos de granja, además de ser obligados a lavar su propia ropa, aun cuando no superaban los 10 años. Incluso se refirió a las donaciones que llegaban a la fundación (comida y juguetes), las cuales no eran dadas a los menores de edad, sino vendidas por las religiosas.

Según cifras del ICBF, en Colombia en lo corrido del año se han presentado cerca de 36.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que están activos, por causa de violencia infantil como el reciente caso de Cundinamarca. Además, han ocurrido 17.098 hechos por el delito de violencia sexual.

En Bogotá, con fecha de corte al 30 de agosto pasado, ocurrieron 7.729 casos de violencia emocional, 1.310 de violencia física, 3.012 de violencia sexual y 306 de abandono, entre otros. Kennedy y Ciudad Bolívar son las localidades con más episodios de maltrato: 1.151 y 1.280, respectivamente. Esta situación, aseguran expertos, tendría relación con las condiciones socioeconómicas de estos sectores de la ciudad.

Lo que se sabe de la fundación

El Hogar Monserrate funciona hace más de una década bajo las modalidades internado y externado, con capacidad hasta de 46 niños, entre los ocho y 14 años. La misión de esta fundación es “brindar asistencia, promoción y protección integral a niños y niñas en condición de riesgo o amenaza, a través de la orientación a familias, garantizando el adecuado desarrollo del derecho fundamental a la educación, la vivienda, la alimentación, la salud y el desarrollo integral”.

La fundación cuenta con seis áreas de trabajo, entre las que están la formativa y la psicosocial, que sería el espacio en donde el menor de edad fue violentado. Según la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, la entidad desde este lunes envió un equipo de defensoría de familias para revisar la documentación del lugar y corroborar el estado de salud de todos los menores que estaban internados allí, y salieron a vacaciones el pasado 13 de diciembre.

Un grupo del CTI de la Fiscalía ya asumió la investigación y también se encuentra adelantando labores de registro al predio en donde habría ocurrido el caso. Por otra parte, la Secretaría de Salud del departamento habría hallado que en la fundación se prestaban servicios médicos que no estaban autorizados, por lo que se ordenó su cancelación inmediata. Además, se encontró un registro que confirma la salida del menor maltratado el pasado 3 de noviembre, el cual no fue reportado y del que no tendría conocimiento su familia.

“Tenemos que revisar el esquema de licencias, bajo qué potestad legal está trabajando esta institución educativa con estos niños. No podemos ver solo los casos aislados, la protección a la infancia tiene que volverse un sistema fundamental de cambio de normas, culturas y valores, porque no podemos naturalizar la violencia contra los niños", indicó Arbeláez en diálogo con El Espectador.

Los casos que se han presentado a la fecha, y este episodio con el que está cerrando 2021, serían la evidencia de que las leyes no son la única solución para contrarrestar este delito, por lo que analistas creen que deberían pensarse prácticas sociales que impacten los territorios y generen una verdadera reducción en las cifras.