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La cárcel La Picota tiene capacidad para 6.002 reclusos, pero a la fecha, según el Inpec, hay 7.155. La misma situación se vive en la cárcel La Modelo y El Buen Pastor, las cuales están construidas para albergar a 3.081 y 1.246 detenidos, respectivamente, pero hoy cuentan con 3.462 y 1.826 privados de la libertad. En estos tres penales, junto con los del resto del país, hay un hacinamiento del 18,45 %, según lo explicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, a principio de este mes. A este panorama se suman las cifras de hacinamiento que hay en las estaciones de Policía, las cuales, solo en la capital, superan el 150 %.
Aun con todos estos aspectos sobre la mesa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, puso en la agenda pública un tema que, aunque podría leerse como una posible solución para contrarrestar los problemas de inseguridad, también resulta siendo polémico, debido a la finalidad que tendría. Se trata de una propuesta legislativa, “por la cual se crea el régimen de contravenciones efectivas con contenido preventivo y transformador”, lo que quiere decir, en otras palabras, que se iniciaría una lucha frontal contra la criminalidad, en todos los grados, para atacar la problemática con mano dura y algunas acciones de resocialización.
Esta propuesta despertó interés en el Gobierno Nacional, por lo que esta semana será presentada al Congreso bajo un mensaje de urgencia, pero aún con la posibilidad de ser contemplada y debatida, pues debe enfrentar ciertos vacíos que en su afán de dar solución a la inseguridad se estarían pasando por alto. O por lo menos así lo considera Andrea Ortiz, analista y asesora en temas de seguridad y convivencia ciudadana. “Creo que es un poco más de populismo político. Hay una urgencia para demostrar resultados y que la gente sienta que se están tomando medidas duras. Los problemas de seguridad son complejos, pero hay que separar lo urgente de lo importante. Con estas medidas se está dejando de lado el componente de prevención. Es más de lo mismo, del enfoque que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo en el país”, dijo Ortiz.
Esta propuesta podría ser un complemento al plan de acompañamiento a Bogotá, el cual se inició el pasado 12 de agosto, y hasta la fecha ha dejado las siguientes cifras: 43 operaciones, 14 intervenciones y 92 allanamientos. Asimismo, se han logrado 4.115 capturas, se han incautado 202 armas de fuego, 294 armas de letalidad reducida y más de 28.000 armas blancas. Se han recuperado 105 automotores: 59 motos y 46 vehículos, además, la incautación de por lo menos 660 kilos de estupefacientes. Pero, aunque el plan parece dar resultados, por sí solo no sería suficiente, pues según la misma alcaldesa, la captura de los señalados delincuentes o la incautación de las armas son acciones que no están dejando el impacto esperado.
“La impunidad produce inseguridad. En cambio, la justicia oportuna y eficaz mejora la seguridad. Cuando hay un proceso de inteligencia e investigación, los jueces nos autorizan 93 de cada 100 órdenes de captura. El problema está cuando los capturamos en flagrancia, pues los jueces solo nos conceden la judicialización para 14 de cada 100”, señaló la alcaldesa López durante el lanzamiento de la propuesta, en la que estuvo el presidente Iván Duque y su comitiva de gobierno.
Solo entre enero y agosto de este año, 16.100 presuntos delincuentes, que fueron detenidos en flagrancia, quedaron libres y siguieron cometiendo delitos. Ante esto, la mandataria agregó: “La ley establece, por ejemplo, que solo en los hurtos que se cometen con arma de fuego o arma blanca se puede solicitar por agravamiento la medida de aseguramiento en centro carcelario. No obstante, un atraco que se comete con un arma contundente o una traumática puede ser excarcelable”, dijo López. Este argumento es la piedra angular de la propuesta para enfrentar la impunidad y fortalecer la seguridad ciudadana, que entregó la Secretaría Jurídica de Bogotá a los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Justicia, Wilson Ruiz.
¿De qué se trata la propuesta?
El Distrito propone crear un sistema de contravenciones penales para atender de manera especial los delitos bajo procedimientos de resocialización o privación de la libertad, según su impacto. Por otra parte, se habla de modificar el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, para permitir enviar a la cárcel a quienes cometan delitos con cualquier tipo de arma o ejerzan violencia.
Sobre estos puntos específicos, que Andrea Ortiz cataloga como “medidas cosméticas”, propone soluciones preventivas: “El tratamiento diferencial no está mal del todo, pero deben hacer un mayor análisis de las personas que cometen estos crímenes: qué tipo de población los comete, hombres o mujeres, entre qué edades, y luego de hacer el perfil tomar medidas que, con seguridad, podrán tener mejores resultados”.
Por otra parte, agregó que “hay que ir más al enfoque restaurativo, pues por lo que sabemos el hacinamiento es un problema que no lo vamos a solucionar pronto. Si seguimos con el endurecimiento de las penas no habrá mayor resultado. Muchos de ellos (los delincuentes) dicen que la cárcel es una escuela, que no tiene ese enfoque de restauración. El Distrito puede hacer programas y tiene toda la intención de sensibilizar, pero eso no es suficiente. También es un tema cultural. Es dar nuevas oportunidades, segundas oportunidades reales, pero eso tiene que trabajarlo el Gobierno Nacional actual, el entrante y todos los venideros”, pues explica que la delincuencia no será una problemática que se solucione de la noche a la mañana.
Entre las otras medidas que propone el Distrito está castigar las conductas con trabajo restaurador, el cual contempla participación obligatoria en programas de educación y oficios, incluso en el apoyo a la desarticulación de bandas criminales y trabajo social no remunerado. Además, el contraventor estará en un registro que se guardará durante cinco años, tiempo en el que, de reincidir, tendrá que ir a prisión.
Por otro lado, se habla de la creación de Centros de Retención para la Trasformación Social y la Seguridad Ciudadana (CERTS), los cuales serán construidos y dotados con la financiación del 80 % por parte del Gobierno Nacional. La creación de estos espacios de retención se propone casi en paralelo con la construcción de una nueva cárcel al lado de La Picota, en el sur de Bogotá, y que requiere la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que debate el Concejo. Según el Distrito, el próximo 19 de octubre el Inpec y la Uspec harían la entrega de una parte del predio, en donde se trasladaría la cárcel La Modelo y El Buen Pastor, y se hará la Cárcel Distrital II.
Estas iniciativas no son del todo eficientes, asegura María Fernanda Carrascal, activista política y especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos, para quien “atacar la reincidencia es vital, puesto que muchos procesos no son exitosos y porque los jueces no cuentan con esta información, por ende, no cuentan con el suficiente material probatorio. Pero las medidas presentadas por la Alcaldía son insuficientes, debido a que actúan únicamente contra el ladrón de menor cuantía o el reincidente, pero no contra el origen del problema. Y no estoy hablando de lo social, me refiero a los centros de acopio de lo robado, las cadenas de reducción y el vínculo de la Policía con esas mafias. En resumen, no tocan la estructura”, señaló.
El camino para la aprobación de esta propuesta aún es largo, porque tendrá que pasar por varios debates en el Congreso, que servirán de filtro para evidenciar si efectivamente tiene o no los vacíos que se leen entre líneas y, sobre todo, para evaluar su efectividad. Por ahora la inseguridad en la capital, aunque en cifras parece disminuir, en las calles se siente otra cosa, y la muestra de ello es que esta semana se registraron, entre otros, dos homicidios durante dos atracos, que se cometieron con un arma blanca y una de fuego, al occidente y al oriente de Bogotá, por los cuales la Policía Metropolitana está ofreciendo $20 millones como recompensa, pues a la fecha no hay indicios de los responsables.