¿Qué está haciendo el Distrito para evitar la mendicidad de menores en Bogotá?
El 79 % de los casos identificados en lo que va del 2022 vinculan a niños, niñas y adolescentes de origen extranjero, estando el 57 % de los menores en primera infancia.
Cristian Camilo Perico Mariño
Luego de que se conociera la modalidad de renta de menores de edad, gracias a la denuncia pública que realizó el columnista Alberto López de Mesa en la sección Bogotá de El Espectador, muchas dudas han surgido a partir de la exposición diaria a la que se ven sometidos los capitalinos en las calles, al apreciar a niños y niñas que son empleados para la mendicidad.
Lea también: Así se alquilan y se compran niños en Bogotá.
La instrumentalización de estos menores se estaría dando para apelar a la sensibilidad de los usuarios en el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio. Al escuchar historias “de superación” que hacen énfasis en el bienestar de los niños, los oyentes aportan voluntariamente algunas monedas o incluso billetes creyendo que serán destinados para alimentación y hospedaje de aquella familia que necesita ayuda.
Sin embargo, López comparte con los lectores que existe toda una red en la localidad de Santa Fe, pleno centro de Bogotá, en la cual se alquilan menores para que sean acompañantes de quienes piden dinero en los buses y las calles, en lo que es conocido como “el retaque”.
“Mire usted. En la casa donde entregué a Juanita, ella les alquila habitaciones a parejas o a mujeres con hijos, de máximo cinco años y que tengan empleo. El trato es que ella alimenta y cuida los niños, mientras ellos trabajan, pero es como si los empeñara, porque los alquila a quienes trabajamos en el retaque. Usted sabe que cargando un chiquitín la gente se conmueve y dan mejores limosnas. Nos cobra $30.000 por la jornada de cinco horas. Hagamos lo que hagamos, esa tarifa es fija”, se lee en la cita compartida en la columna.
Con respecto a este panorama, desde la Sección Bogotá de El Espectador quisimos conocer que estrategias desarrolla el Distrito, desde la Secretaría de Integración Social, para reducir la exposición de los menores que pueden caer en la mendicidad propia o ajena.
De acuerdo con dicha cartera, en el marco de atención del Proyecto de Inversión 7744, ”Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá”, se adelantan programas para reducir las condiciones de vulnerabilidad de los menores:
“Se promueven acciones tendientes a prestar servicios para apoyar la atención transitoria a niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de riesgo de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos en contextos de mendicidad propia por medio de la prestación del servicio social transitorio Centro Abrazar”, explican.
Aseveran además que desde el servicio Abrazar Itinerante, uno de sus programas enfocados en esta problemática, se desarrollan jornadas de búsqueda activa en calle, se da respuesta a denuncias ciudadanas y acompañamiento a operativos de restablecimiento de derechos.
“Una vez identificados los niños, niñas y adolescentes en vulneración de derechos, se desarrollan actividades de carácter psicopedagógico, se realiza una caracterización de la familia y/o acudiente, se sensibiliza sobre los riesgos asociados a la mendicidad y se acompaña a las familias para el restablecimiento de derechos en educación, identidad y salud”, afirman desde la secretaría liderada por Margarita Barraquer.
Le puede interesar: Menores de edad, blanco de explotación y trata de personas.
Los datos de este año
En materia de cifras, hasta abril del 2022, un total de 322 menores han sido identificados en la ciudad en contextos de mendicidad, acompañamiento en trabajo infantil y encierro parametrizado.
De dicho número, el 60 % fue identificado por estar sometido a mendicidad propia, siendo la localidad de Engativá la que más casos tiene reportados con 31, le sigue Usaquén con 27, Chapinero con 25, Kennedy con 22, Mártires 21, Fontibón 14, Suba 10 y Antonio Nariño 8.
En el listado continúan Tunjuelito, Bosa y Puente Aranda con 6 casos, Teusaquillo con 5, Barrios Unidos y La Candelaria con 3, Santa Fe con 2 y Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Usme con 1 caso respectivamente.
No obstante, al hacer un análisis pormenorizado del informe compartido, identificamos que del total de situaciones identificadas desde la secretaría, el 48 % corresponde a la explotación de niñas y el 79 % de los casos vinculan a niños, niñas y adolescentes de origen extranjero, estando el 57 % de los menores en primera infancia.
Al respecto, según información de la entidad: “Hemos encontrado también que el 89 % de los menores identificados se encuentran sin vinculación a educación y un 87 % no están afiliados a servicios de salud. Es por este motivo que vinculamos los casos identificados a los servicios ofrecidos desde esta cartera como el Centro Abrazar, los Jardines Infantiles del Distrito, los Centros Amar y el Servicio Creciendo Juntos”.
Estas cifras dejan ver un panorama desalentador frente al bienestar de los menores en la ciudad. Aspecto que tendrá que seguir en la lupa de las autoridades, como la Policía Metropolitana de Bogotá, y también del Distrito y sus dependencias para garantizar que no se repita la vulneración de derechos de los infantes y se avance en el restablecimiento de su dignidad.
Nota relacionada: ¿Qué es el delito de mendicidad y cómo puedo denunciarlo?
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Luego de que se conociera la modalidad de renta de menores de edad, gracias a la denuncia pública que realizó el columnista Alberto López de Mesa en la sección Bogotá de El Espectador, muchas dudas han surgido a partir de la exposición diaria a la que se ven sometidos los capitalinos en las calles, al apreciar a niños y niñas que son empleados para la mendicidad.
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La instrumentalización de estos menores se estaría dando para apelar a la sensibilidad de los usuarios en el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio. Al escuchar historias “de superación” que hacen énfasis en el bienestar de los niños, los oyentes aportan voluntariamente algunas monedas o incluso billetes creyendo que serán destinados para alimentación y hospedaje de aquella familia que necesita ayuda.
Sin embargo, López comparte con los lectores que existe toda una red en la localidad de Santa Fe, pleno centro de Bogotá, en la cual se alquilan menores para que sean acompañantes de quienes piden dinero en los buses y las calles, en lo que es conocido como “el retaque”.
“Mire usted. En la casa donde entregué a Juanita, ella les alquila habitaciones a parejas o a mujeres con hijos, de máximo cinco años y que tengan empleo. El trato es que ella alimenta y cuida los niños, mientras ellos trabajan, pero es como si los empeñara, porque los alquila a quienes trabajamos en el retaque. Usted sabe que cargando un chiquitín la gente se conmueve y dan mejores limosnas. Nos cobra $30.000 por la jornada de cinco horas. Hagamos lo que hagamos, esa tarifa es fija”, se lee en la cita compartida en la columna.
Con respecto a este panorama, desde la Sección Bogotá de El Espectador quisimos conocer que estrategias desarrolla el Distrito, desde la Secretaría de Integración Social, para reducir la exposición de los menores que pueden caer en la mendicidad propia o ajena.
De acuerdo con dicha cartera, en el marco de atención del Proyecto de Inversión 7744, ”Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá”, se adelantan programas para reducir las condiciones de vulnerabilidad de los menores:
“Se promueven acciones tendientes a prestar servicios para apoyar la atención transitoria a niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de riesgo de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos en contextos de mendicidad propia por medio de la prestación del servicio social transitorio Centro Abrazar”, explican.
Aseveran además que desde el servicio Abrazar Itinerante, uno de sus programas enfocados en esta problemática, se desarrollan jornadas de búsqueda activa en calle, se da respuesta a denuncias ciudadanas y acompañamiento a operativos de restablecimiento de derechos.
“Una vez identificados los niños, niñas y adolescentes en vulneración de derechos, se desarrollan actividades de carácter psicopedagógico, se realiza una caracterización de la familia y/o acudiente, se sensibiliza sobre los riesgos asociados a la mendicidad y se acompaña a las familias para el restablecimiento de derechos en educación, identidad y salud”, afirman desde la secretaría liderada por Margarita Barraquer.
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Los datos de este año
En materia de cifras, hasta abril del 2022, un total de 322 menores han sido identificados en la ciudad en contextos de mendicidad, acompañamiento en trabajo infantil y encierro parametrizado.
De dicho número, el 60 % fue identificado por estar sometido a mendicidad propia, siendo la localidad de Engativá la que más casos tiene reportados con 31, le sigue Usaquén con 27, Chapinero con 25, Kennedy con 22, Mártires 21, Fontibón 14, Suba 10 y Antonio Nariño 8.
En el listado continúan Tunjuelito, Bosa y Puente Aranda con 6 casos, Teusaquillo con 5, Barrios Unidos y La Candelaria con 3, Santa Fe con 2 y Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Usme con 1 caso respectivamente.
No obstante, al hacer un análisis pormenorizado del informe compartido, identificamos que del total de situaciones identificadas desde la secretaría, el 48 % corresponde a la explotación de niñas y el 79 % de los casos vinculan a niños, niñas y adolescentes de origen extranjero, estando el 57 % de los menores en primera infancia.
Al respecto, según información de la entidad: “Hemos encontrado también que el 89 % de los menores identificados se encuentran sin vinculación a educación y un 87 % no están afiliados a servicios de salud. Es por este motivo que vinculamos los casos identificados a los servicios ofrecidos desde esta cartera como el Centro Abrazar, los Jardines Infantiles del Distrito, los Centros Amar y el Servicio Creciendo Juntos”.
Estas cifras dejan ver un panorama desalentador frente al bienestar de los menores en la ciudad. Aspecto que tendrá que seguir en la lupa de las autoridades, como la Policía Metropolitana de Bogotá, y también del Distrito y sus dependencias para garantizar que no se repita la vulneración de derechos de los infantes y se avance en el restablecimiento de su dignidad.
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