Una indígena embera embarazada de 17 años ha venido siendo víctima de violencia física, presuntamente a manos de su pareja, en el asentamiento del Parque Nacional. El primer caso (conocido) ocurrió el pasado 24 de julio, cuando la víctima acudió al Puesto de Mando Unificado (PMU), para alertar, en compañía de su hermano menor, la agresión que sufrió.
Para ese momento, ella fue remitida de urgencias a la Clínica Materno Infantil donde fue atendida por las lesiones trauma cráneo-encefálico leve y trauma abdominal. Sin embargo, tuvo que regresar al punto agresor y este 19 de agosto, la secretaría de Integración Social alertó que nuevamente la joven acudió a la unidad de salud por una agresión, donde fue valorada, pero desistió de ser llevada a un centro médico.
Desde el 24 de julio, según esa secretaría, la Comisaría de Familia del CAPIV (Centro de Atención Penal Integral para Víctimas), adoptó medidas de protección urgentes y provisionales. Pero ante este nuevo hecho de violencia de género, Integración Social señaló que un comisario se desplazó hasta el asentamiento para informarle al agresor y el acudiente de la menor, de la medida de protección y de las consecuencias de llegar a incumplir las citaciones notificadas.
“Con apoyo de los equipos de las distintas entidades que hacen presencia en el PMU, se logra que el agresor acuda al espacio institucional, en donde el Comisario de Familia notifica el incidente de incumplimiento, y explica las implicaciones del mismo, las de no acudir al despacho cuando sea citado y las sanciones que aplica el incumplimiento de las medidas de protección”, indicó el Distrito.
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Estas sanciones van desde multa de 2 a 10 smmlv convertibles en arresto a razón de 3 días por cada salario no pagado, ante el primer incumplimiento; si ya es una segunda reiteración, el agresor será objeto de cárcel de 30 a 45 días. “Lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que deriven por el delito de violencia intrafamiliar”, detallaron.
El pasado 16 de julio, la Unidad de Víctimas anunció que el lunes 29 de julio empezaría el retorno de las primeras 92 familias (asentadas tanto en el parque Nacional como en las Unidades de Protección Integral UPI de la Rioja y la Florida), que expresaron su voluntad de volver. Sin embargo, a la fecha no ha salido el primer bus y no hay nueva fecha.
La urgencia no es menor. Hay un gran grupo que quiere retornar. La Unidad de Víctimas dijo que “de la caracterización que realizó en el primer trimestre del año, de las 779 personas, asentadas en el Parque Nacional, 633 manifestaron su intención de querer volver a sus territorios; 119 pidieron reubicación, y 17 expresaron su intención de integrarse localmente”. Esa cifra, junto a otro grupo de indígenas asentados en las UPI, suman un total de 1.300 personas que quieren retornar.
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