Metro de Bogotá: esto dice el concepto de viabilidad sobre cambios en el proyecto
El documento entregado esboza los argumentos que podría utilizar el Gobierno Nacional para modificar los cambios en el proyecto. El estudio hizo referencia al documento CONPES 3760, en el cual se referencia que las renegociaciones de contratos de concesión en la región “han tenido un costo fiscal muy alto”.
La firma de abogados contratada por la Presidencia de la República para estudiar la viabilidad jurídica de modificar el contrato de concesión para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, emitió un concepto positivo al Gobierno Nacional para realizar cambios al trazado del proyecto, bajo ciertas condiciones.
“Es del todo viable o posible modificar unilateralmente el Contrato de Concesión 163 de 2019 en lo que respecta a uno de sus elementos accidentales como lo es la definición del trazado y de la modalidad de construcción, de elevado a subterráneo”, indica el documento realizado por la firma de abogados Enrique Gil Botero S.A.
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El documento, que fue revelado por Blu Radio, enumera los antecedentes jurídicos y del proyecto que permitirían al Estado, como entidad contratante, realizar cambios en el trazado para que parte de este sea subterráneo, como lo propone el presidente Gustavo Petro.
De esta manera, la firma de abogados entregó los argumentos que podría utilizar el Gobierno para justificar los cambios al contrato que se basan en dos conceptos: el interés público y la posible afectación grave a servicio de transporte público.
“La primera de ellas, relacionada con el impacto en el contrato de la carencia de planeación que tuvo el proyecto en su estructuración técnica y financiera inicial y; los efectos económicos inflacionarios en los costos de insumos y mano de obra, y el alza del dólar en comparación con el presupuesto establecido para el año 2019, en relación con las condiciones económicas y del mercado actuales (2023)”, asevera la firma de abogados.
Sin embargo, esto último tendría ciertas limitaciones. Según el concepto jurídico, el contrato no podría modificarse en su objetivo, lo que obligaría a reiniciar el proceso de licitación pública, pero sí en sus elementos accidentales, como es la definición de trazado.
Además de esto, se indicó que en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública regula, que el precio del contrato se puede adicionar, siempre y cuando no exceda el 50% del valor inicial.
El estudio hizo referencia al documento CONPES 3760, en que se referencia que las renegociaciones de contratos de concesión en la región “han tenido un costo fiscal muy alto”. En promedio se han desembolsado 265 millones de dólares por contrato en las 25 concesiones renegociadas analizadas, lo que significa adiciones que representan un 280% del valor inicial de los contratos.
De esta manera, la firma de abogados recomendó al Gobierno llegar a un acuerdo con el concesionario y evitar una modificación unilateral del contrato.
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Por el momento, el Ministerio de Transporte anunció que se instauraron dos comisiones para avanzar en la negociación de los cambios que se proponen en la Línea 1 del Metro de Bogotá, cuyo trazado final sigue siendo incierto.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
La firma de abogados contratada por la Presidencia de la República para estudiar la viabilidad jurídica de modificar el contrato de concesión para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, emitió un concepto positivo al Gobierno Nacional para realizar cambios al trazado del proyecto, bajo ciertas condiciones.
“Es del todo viable o posible modificar unilateralmente el Contrato de Concesión 163 de 2019 en lo que respecta a uno de sus elementos accidentales como lo es la definición del trazado y de la modalidad de construcción, de elevado a subterráneo”, indica el documento realizado por la firma de abogados Enrique Gil Botero S.A.
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El documento, que fue revelado por Blu Radio, enumera los antecedentes jurídicos y del proyecto que permitirían al Estado, como entidad contratante, realizar cambios en el trazado para que parte de este sea subterráneo, como lo propone el presidente Gustavo Petro.
De esta manera, la firma de abogados entregó los argumentos que podría utilizar el Gobierno para justificar los cambios al contrato que se basan en dos conceptos: el interés público y la posible afectación grave a servicio de transporte público.
“La primera de ellas, relacionada con el impacto en el contrato de la carencia de planeación que tuvo el proyecto en su estructuración técnica y financiera inicial y; los efectos económicos inflacionarios en los costos de insumos y mano de obra, y el alza del dólar en comparación con el presupuesto establecido para el año 2019, en relación con las condiciones económicas y del mercado actuales (2023)”, asevera la firma de abogados.
Sin embargo, esto último tendría ciertas limitaciones. Según el concepto jurídico, el contrato no podría modificarse en su objetivo, lo que obligaría a reiniciar el proceso de licitación pública, pero sí en sus elementos accidentales, como es la definición de trazado.
Además de esto, se indicó que en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública regula, que el precio del contrato se puede adicionar, siempre y cuando no exceda el 50% del valor inicial.
El estudio hizo referencia al documento CONPES 3760, en que se referencia que las renegociaciones de contratos de concesión en la región “han tenido un costo fiscal muy alto”. En promedio se han desembolsado 265 millones de dólares por contrato en las 25 concesiones renegociadas analizadas, lo que significa adiciones que representan un 280% del valor inicial de los contratos.
De esta manera, la firma de abogados recomendó al Gobierno llegar a un acuerdo con el concesionario y evitar una modificación unilateral del contrato.
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