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Las recientes declaraciones de la alcaldesa Claudia López cada vez dejan más clara su postura: respetar el contrato del metro elevado que dejó firmado el exalcalde Enrique Peñalosa. Ella no quiere correr los riesgos jurídicos que implica la ambiciosa modificación que busca el presidente Gustavo Petro. No obstante, sí ve viable que se extienda el trazado hasta la calle 100, con tres estaciones subterráneas.
“El metro de Bogotá se está haciendo. Es la primera vez en 60 años que no tenemos ni dibujos, ni estudios, ni proyectos, sino un contrato de $22 billones y que lleva 18 % de ejecución”, puntualizó.
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A pesar de esto, Petro insiste en que su idea de un subterráneo por la avenida Caracas no solo es necesaria por el bien de la ciudad, sino posible, sin importar el costo adicional en tiempo y dinero. “Igual que se puede modificar el contrato adicionando tres estaciones subterráneas, entre la 72 y la 100, bastante inocuas por demás, igual se puede modificar el contrato para hacer las estaciones subterráneas entre la 72, la Caracas y la Primero de Mayo hasta la carrera 50”.
Su determinación es tal, que recordó que no solo modificaría la ley para financiar el 100 % de los sobrecostos, sino que viajará a China a dialogar con el gobierno de ese país y, de paso, poner al constructor de su lado en la idea de la modificación.
El presidente está haciendo todo lo que esté a su alcance, porque más allá de un capricho, ha insistido en que por más sobrecostos que tenga un subterráneo por la Caracas, a largo plazo serían más los beneficios, superando cualquier inversión en este momento. “Al subterranizar se valorizan todos los predios, incluidos los expropiados por el Distrito. No hay detrimento, sino enriquecimiento patrimonial”, reitera.
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Además, dice, este es el momento, pues por más que los defensores del metro elevado digan que es un contrato con 18 % de avance, la realidad es que son obras complementarias y la verdadera construcción del metro de Bogotá no ha comenzado. “Hoy por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado. No es cierto que se estén realizando obras del metro. Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes: traslado de redes, patio-taller, pero aún no empieza la construcción”.
La tarea más compleja
A pesar de las justificaciones, las promesas y las controversias, lo cierto es que solo debe abrir una puerta para avanzar: convencer a la alcaldesa Claudia López, quien es la titular del contrato, a través de la Empresa Metro. Puede alinear al consorcio constructor y modificar la ley para responder por todo los sobrecostos, pero si no logra imponer su concepto jurídico, que afirma que es seguro cambiar la obra apelando al interés general, no podrá tener las mayorías en la junta directiva de la Empresa Metro para modificar el contrato.
Actualmente, este órgano lo componen tres delegados del Distrito, tres de la nación y tres particulares. Entre los particulares está uno de la Universidad Nacional, otro de Probogotá y un delegado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, grupo que está asesorando al Ministerio de Transporte en toda esta cruzada por el metro, con lo que se podría decir que tendría a cuatro directivos a su favor.
La semana pasada, Petro mostró parte de su estrategia y fue la condición que expresó a través de su ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de que la financiación de 10 importantes proyectos de infraestructura para la ciudad podría quedar en el aire, entre ellos la segunda línea del metro. Como quedó demostrado con el actual rifirrafe, el presidente, más que ablandar la posición de la alcaldesa, lo que hizo fue ampliar la brecha de los diálogos que vienen adelantando para llegar a un consenso alrededor del futuro del metro de Bogotá.
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López, en diferentes medios, no solo calificó la manifestación del ministro como una amenaza, que afectaría a los habitantes de Suba y Engativá, sino que ha dicho que el presidente no puede corregir una injusticia, como la cometió el exalcalde Enrique Peñalosa al desechar los estudios del metro subterráneo con otra injusticia, como la de condenar a Bogotá a un infierno de movilidad.
Los ánimos están caldeados en un momento clave, pues el Gobierno Nacional se alista para radicar el Plan de Desarrollo ante el Congreso. En sus páginas habrá luces del rumbo de la discusión, pues allí se sabrá si Petro descartará su idea del metro subterráneo y, de paso, los proyectos de infraestructura de Cundinamarca y la capital, o si, por el contrario, abrirá la puerta para poder financiar todo el sobrecosto de la modificación sin sacrificar el desarrollo de la movilidad en Bogotá.
A pesar de la tensión en este momento, vale decir que ninguno cerró la puerta para continuar el diálogo para definir el futuro del metro.
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