Miguel Uribe demandó el POT de Claudia López

Candidato al senado por el partido Centro Democrático y excandidato a la alcaldía de Bogotá.

Foto: Óscar Pérez

El pasado 29 de diciembre, la alcaldesa Claudia López firmó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá por decreto tras un consejo de gobierno al que citó ese mismo día. El documento no alcanzó a ser discutido en el Concejo de Bogotá, pero se firmó dentro de los 90 días que tenía de plazo para hacerlo.

Las demoras para tomar la decisión se debieron a que el Distrito estaba buscando los recursos legales para poder aprobar el texto que se alcanzó a conciliar con dos de los tres concejales ponentes en el cabildo, pero al final se tomó la determinación de aprobar el texto inicial que se entregó al Concejo y junto a él se expedirán una serie de decretos para cumplir algunos de los acuerdos que se hicieron en estos últimos tres meses del año.

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Ese mismo día la alcaldesa hizo un recuento de los intentos fallidos de las anteriores administraciones para aprobar sus proyectos POT y de justificar la razón por la que aprobó el documento por decreto, indicó que “el POT puede y debe pagar la deuda ambiental, la deuda social y darle a Bogotá la ciudad verde, justa, equitativa y resiliente, que necesitan ocho millones de personas que bien aquí”.

Dos meses después de esto, el candidato al Senado por el Centro Democrático Miguel Uribe anunció que demandó el POT de Claudia: “la alcaldesa no tenía la facultad legal para expedir este POT por el incumplimiento del término necesario para que el Concejo de Bogotá discutiera el mimo. De acuerdo con la ley 388 de 1998 y a la 810 del 2003, este proyecto debería tener 90 días de discusión, sin embargo, 48 de los 90 días se perdieron atendiendo más de 150 recusaciones y conflictos de interés que fueron promovidos como una estrategia mañosa para dilatar la discusión y para distraer las críticas de este proyecto”.

De acuerdo con Uribe, el Concejo de Bogotá debería tener 48 días más para haber terminado la evaluación del proyecto y así darle cumplimiento al termino legal.

Por otra parte, la firma del POT tampoco fue bien acogida por parte de los gremios que se ven afectados por la expedición del nuevo documento. Desde el concejo Samir Abisambra, presidente del cabildo reiteró que la corporación estaba a la disposición para volver a tramitarlo. “Le seguimos insistiendo a la alcaldesa que lo presente. No está bien que ese POT radicado por la administración y que ellos mismos han reconocido la cantidad de errores, después se apalanque en una cantidad de decretos para ajustarlo”.

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Asimismo, Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca cree que es un muy mal mensaje de liderazgo que da la mandataria. “Es todo lo contrario a lo que ha pregonado en su vida política. La decisión la toma contra todo el mundo, porque no es solo Camacol, sino muchos sectores económicos, políticos, académicos y los mismos barrios diciéndole que no lo apruebe por decreto. Las consecuencias van a ser nefastas para el gremio constructor, no desde el 2022 sino desde el 2023″.

Desde el otro lado, el concejal Julián Rodríguez Sastoque (Aliana Verde) señaló en su momento que la decisión no es una sorpresa dado que era la única alternativa legal con la que la alcaldesa contaba. “Hay que ser consciente del escenario político y de que sería ingenio pensar que volviéndolo a presentar en jornada electoral, no volvería a pasar lo mismo”.

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