Minería amenaza el páramo Cruz Verde

Blanca Mora, habitante de la vereda Aguadulce, en el municipio de Choachí, está preocupada porque desde hace tres meses se escuchan en la zona los motores de unas máquinas perforadoras, pertenecientes a la compañía Cosargo SAS, que busca en este sector arenisca, un material usado para la construcción. Su preocupación, y en general de toda la comunidad, radica en que muy cerca del proyecto minero está el páramo Cruz Verde, ecosistema que hace parte del gran complejo Cruz Verde-Sumapaz, que conforma uno de los páramos más grandes del mundo y cuyo territorio es una zona protegida por el Estado.

Blanca ha vivido allí toda su vida. Hasta donde recuerda, ninguna empresa minera había entrado a esta zona. Incluso, cuenta que después de un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, a los propietarios de las parcelas cercanas les prohibieron dedicarse a la agricultura, porcicultura, ganadería y minería. Por eso no entiende por qué la Agencia Nacional de Minería le otorgó el título KKR-15341 a Cosargo SAS y le abrió la puerta a la exploración en esta área.

Son varias las denuncias de la comunidad ante la amenaza a su ecosistema. Jorge Saray, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, dice que la entrada de esta compañía fue abrupta, engañosa y que nunca socializaron el proyecto. “Vinieron en julio dos jóvenes que se presentaron como geólogos y trajeron un plano topográfico, donde estaban definidos tres puntos para exploración”, cuenta Saray. Después, la misma JAL les pidió a los campesinos que impidieran la entrada de esta empresa a sus territorios para realizar los estudios, pero dos personas aceptaron los $2 millones ofrecidos por Cosargo SAS. Una que tiene un terreno en el subpáramo y la otra en la zona que bordea el área de protección.

La segunda denuncia de los habitantes es que el agua que está usando la empresa la está sacando del parque Matarredonda, ubicado en el páramo. “Tenemos fotos donde se ve la camioneta con mangueras recogiendo el agua. Hace seis o siete viajes diarios”, denuncia Saray. También, se habla de que se ha intentado meter maquinaria en senderos ecológicos, donde hay nacimientos de agua, como lo afirma Erminsia Yolanda Garay, de 54 años. Ella es dueña de dos lotes. Cosargo SAS le pidió permiso para entrar a uno, pero ella se negó rotundamente.

La angustia de los habitantes es que las autoridades no han hecho nada, en gran parte porque están atados de manos por el título minero que tiene la compañía. Saray afirma que ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, en la Unidad de Delitos Ambientales, pues está en riesgo el páramo, que abastece a más de 500 personas de esta vereda y parte del municipio de Choachí. También, la comunidad recolecta firmas y ha creado un documento que entregarán a Corporinoquia, autoridad encargada de la gestión y protección de los recursos medioambientales de este territorio, para que no le otorguen una licencia ambiental en caso de que quieran explotar. Saben que la lucha es larga y que tal vez sea tan ardua como la que se adelanta en el páramo de Santurbán, ubicado en Santander.

Pero en medio de tanta preocupación hay algo que les ha dado un respiro a los campesinos. Martha Plazas, directora de Corporinoquia, dijo que el lunes le enviará a la Agencia Nacional de Minería (ANM) un informe donde se comprueba que Cosargo SAS está haciendo exploración en la zona de páramo, 130 metros fuera del área de concesión. “Están a 3.024 metros y por encima de 3.000 no puede haber minería. Se están saltando las reglas y no hay seguimiento a este proyecto por parte de la ANM”, manifiesta la directora.

Plazas aclaró que en esta primera fase de exploración, la entidad no puede intervenir. “Estos procesos tienen tres etapas: exploración, explotación y producción. Apenas van en la primera y de su seguimiento se encarga la ANM. Si la compañía quiere pasar a la explotación, ahí actuamos nosotros, porque van a necesitar licencia ambiental”, agregó. Para la directora es fundamental que la comunidad se entere de que la Corporación no otorgará ningún permiso ambiental para explotar ni en el páramo ni en sus lugares aledaños: “vamos a proteger este ecosistema, de eso pueden estar seguros sus habitantes”.

Minería, un debate en vilo

Cosargo SAS es una compañía dedicada a la explotación agrícola y pecuaria, además de actividades inmobiliarias y financieras. Su representante legal es Miguel Sarmiento, familiar del reconocido banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Como no tiene experiencia en el sector minero, para la etapa de exploración contrató a dos compañías llamadas Rocas y Minerales y Perfotec, especializadas en geología. Para Rocas y Minerales han sido más las especulaciones. En primer lugar, aclaran que ellos están gracias a un título que les otorgó el Estado, que es finalmente el encargado de estudiar su incidencia en la zona. Si la ANM hubiera dicho que no, pues ellos no estarían allí. Según Sandra Ahumada, gerente de Rocas y Minerales, las exploraciones se hacen desde la parte más alta, pero esto no implica que la explotación se realice allí. La arenisca que han encontrado está en la parte inferior de la montaña.

Ahumada cuenta que han hecho dos exploraciones, pero no se descarta una más. Agrega que los terrenos que se han usado se han entregado como se encontraron. Acepta que la situación con los habitantes es complicada y que han intentado acercarse, pero han sido intentos fallidos por un temor, que se generó por desconocimiento del proyecto: “Por ejemplo, no saben que no será a cielo abierto, sino subterráneo, con una tecnología parecida a la que se usó en la Catedral de Sal de Zipaquirá”. La empresa ya definió el proyecto y solo espera de que la ANM apruebe su plan de trabajos desde los puntos de vista geológico, minero y financiero. “Nuestros siguiente paso es buscar la licencia con Corporinoquia”, cuenta la directora.

Por otro lado, Rocas y Minerales desmintió que se esté usando agua del parque Matarredonda y que solo se les pidió un tanque de almacenamiento para guardar el agua que es traída de Bogotá por Surti Aguas. Además, reiteró que han sido muy cuidadosos con el manejo ambiental. Finalmente, aseguró que la campaña de desprestigio se debe a que hay personas de la comunidad que aspiran a la política y aprovechan esto para ganar popularidad.

Cuando este diario visitó la zona, se dio cuenta de que en la misma calle donde se realiza la exploración pasa una fuente pequeña de agua, que tiene residuos de gasolina. Rocas y Minerales afirmó que ese riachuelo pudo contaminarse por otro factor, como los carros que pasan por la carretera, ya que ellos tienen un lugar donde almacenan el acpm y la gasolina que se usa para el taladro. Y añaden que el impacto ambiental de esta primera etapa es mínimo.

Pero no todos creen lo mismo. Para Rodrigo Negrete, abogado especialista en temas ambientales, todo trabajo de exploración tiene un impacto ambiental y es una necedad del Estado no reconocerlo. Hasta 1995, las empresas mineras necesitaban licencia ambiental para hacer la exploración, pero se cambió la norma y ahora se puede hacer sin estos permisos. “Esto es muy grave, porque las comunidades sufren un impacto social y ambiental evidente: se necesitan vías, se deben remover árboles para entrar al subsuelo, también muchas veces se rompen acuíferos con las máquinas, cambian el suelo porque extraen su material”, explicó el abogado.

Para Negrete, este caso es la oportunidad para realizar un debate nacional, en el que se cuestione la autorización que tienen las compañías mineras en las zonas aledañas a los páramos. Si bien existe la ley 1450 de 2011, que prohíbe esta actividad en los ecosistemas protegidos, aún está en vilo la reglamentación de las zonas aledañas, conocidas también como “de amortiguación”.

Negrete asegura que esto ha sido, en gran parte, responsabilidad del Gobierno Nacional, que ha expedido decretos como el 2041 del 15 de octubre de 2014, que cambia los requisitos para obtener la licencia ambiental en favor de las compañías mineras. Según él, esta norma es inconstitucional, pues en su construcción no participó la ciudadanía y además se les resta importancia a los estudios detallados de los proyectos. Por último, el abogado también destaca la importancia de dialogar sobre la autonomía de los municipios para estos asuntos de minería. Negrete cree que es absurdo que los territorios construyan Planes de Ordenamiento Territorial que no funcionan ante un título minero. Para él, los municipios cada vez desaparecen del panorama del cuidado del medio ambiente y de la planificación del suelo.

Con esto está de acuerdo Carlos Cotrino, alcalde Choachí, quien asegura que la posición de la Alcaldía siempre ha sido oponerse a la exploración y a una futura explotación. Según Cotrino, por desgracia ellos están atados de manos, porque no tienen competencias en materia medioambiental. Solo cuando hay vulneración, deben solicitar a Corporinoquía una visita y es esta entidad la que debe tomar cartas sobre el asunto. Para el alcalde, es prioritario que el Estado reformule el control y la veeduría sobre estos proyectos, porque como se rigen en este momento, solo la ANM es la que puede decidir, evadiendo las necesidades y preferencias de quienes habitan el sector.

Por ahora, Blanca, Jorge y Erminsia y los demás habitantes del sector están a la espera de que el Estado y las organizaciones ambientales pongan sus ojos sobre este asunto, que para ellos podría acabar con este ecosistema productor de agua y con decenas de especies que alberga el páramo de Cruz Verde. El Espectador intentó comunicarse con la Agencia Nacional de Minería para consultar sobre el título minero, pero no se pudo lograr una respuesta.

lauradulce2@hotmail.com

Blanca Mora, habitante de la vereda Aguadulce, en el municipio de Choachí, está preocupada porque desde hace tres meses se escuchan en la zona los motores de unas máquinas perforadoras, pertenecientes a la compañía Cosargo SAS, que busca en este sector arenisca, un material usado para la construcción. Su preocupación, y en general de toda la comunidad, radica en que muy cerca del proyecto minero está el páramo Cruz Verde, ecosistema que hace parte del gran complejo Cruz Verde-Sumapaz, que conforma uno de los páramos más grandes del mundo y cuyo territorio es una zona protegida por el Estado.

Blanca ha vivido allí toda su vida. Hasta donde recuerda, ninguna empresa minera había entrado a esta zona. Incluso, cuenta que después de un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, a los propietarios de las parcelas cercanas les prohibieron dedicarse a la agricultura, porcicultura, ganadería y minería. Por eso no entiende por qué la Agencia Nacional de Minería le otorgó el título KKR-15341 a Cosargo SAS y le abrió la puerta a la exploración en esta área.

Son varias las denuncias de la comunidad ante la amenaza a su ecosistema. Jorge Saray, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, dice que la entrada de esta compañía fue abrupta, engañosa y que nunca socializaron el proyecto. “Vinieron en julio dos jóvenes que se presentaron como geólogos y trajeron un plano topográfico, donde estaban definidos tres puntos para exploración”, cuenta Saray. Después, la misma JAL les pidió a los campesinos que impidieran la entrada de esta empresa a sus territorios para realizar los estudios, pero dos personas aceptaron los $2 millones ofrecidos por Cosargo SAS. Una que tiene un terreno en el subpáramo y la otra en la zona que bordea el área de protección.

La segunda denuncia de los habitantes es que el agua que está usando la empresa la está sacando del parque Matarredonda, ubicado en el páramo. “Tenemos fotos donde se ve la camioneta con mangueras recogiendo el agua. Hace seis o siete viajes diarios”, denuncia Saray. También, se habla de que se ha intentado meter maquinaria en senderos ecológicos, donde hay nacimientos de agua, como lo afirma Erminsia Yolanda Garay, de 54 años. Ella es dueña de dos lotes. Cosargo SAS le pidió permiso para entrar a uno, pero ella se negó rotundamente.

La angustia de los habitantes es que las autoridades no han hecho nada, en gran parte porque están atados de manos por el título minero que tiene la compañía. Saray afirma que ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, en la Unidad de Delitos Ambientales, pues está en riesgo el páramo, que abastece a más de 500 personas de esta vereda y parte del municipio de Choachí. También, la comunidad recolecta firmas y ha creado un documento que entregarán a Corporinoquia, autoridad encargada de la gestión y protección de los recursos medioambientales de este territorio, para que no le otorguen una licencia ambiental en caso de que quieran explotar. Saben que la lucha es larga y que tal vez sea tan ardua como la que se adelanta en el páramo de Santurbán, ubicado en Santander.

Pero en medio de tanta preocupación hay algo que les ha dado un respiro a los campesinos. Martha Plazas, directora de Corporinoquia, dijo que el lunes le enviará a la Agencia Nacional de Minería (ANM) un informe donde se comprueba que Cosargo SAS está haciendo exploración en la zona de páramo, 130 metros fuera del área de concesión. “Están a 3.024 metros y por encima de 3.000 no puede haber minería. Se están saltando las reglas y no hay seguimiento a este proyecto por parte de la ANM”, manifiesta la directora.

Plazas aclaró que en esta primera fase de exploración, la entidad no puede intervenir. “Estos procesos tienen tres etapas: exploración, explotación y producción. Apenas van en la primera y de su seguimiento se encarga la ANM. Si la compañía quiere pasar a la explotación, ahí actuamos nosotros, porque van a necesitar licencia ambiental”, agregó. Para la directora es fundamental que la comunidad se entere de que la Corporación no otorgará ningún permiso ambiental para explotar ni en el páramo ni en sus lugares aledaños: “vamos a proteger este ecosistema, de eso pueden estar seguros sus habitantes”.

Minería, un debate en vilo

Cosargo SAS es una compañía dedicada a la explotación agrícola y pecuaria, además de actividades inmobiliarias y financieras. Su representante legal es Miguel Sarmiento, familiar del reconocido banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Como no tiene experiencia en el sector minero, para la etapa de exploración contrató a dos compañías llamadas Rocas y Minerales y Perfotec, especializadas en geología. Para Rocas y Minerales han sido más las especulaciones. En primer lugar, aclaran que ellos están gracias a un título que les otorgó el Estado, que es finalmente el encargado de estudiar su incidencia en la zona. Si la ANM hubiera dicho que no, pues ellos no estarían allí. Según Sandra Ahumada, gerente de Rocas y Minerales, las exploraciones se hacen desde la parte más alta, pero esto no implica que la explotación se realice allí. La arenisca que han encontrado está en la parte inferior de la montaña.

Ahumada cuenta que han hecho dos exploraciones, pero no se descarta una más. Agrega que los terrenos que se han usado se han entregado como se encontraron. Acepta que la situación con los habitantes es complicada y que han intentado acercarse, pero han sido intentos fallidos por un temor, que se generó por desconocimiento del proyecto: “Por ejemplo, no saben que no será a cielo abierto, sino subterráneo, con una tecnología parecida a la que se usó en la Catedral de Sal de Zipaquirá”. La empresa ya definió el proyecto y solo espera de que la ANM apruebe su plan de trabajos desde los puntos de vista geológico, minero y financiero. “Nuestros siguiente paso es buscar la licencia con Corporinoquia”, cuenta la directora.

Por otro lado, Rocas y Minerales desmintió que se esté usando agua del parque Matarredonda y que solo se les pidió un tanque de almacenamiento para guardar el agua que es traída de Bogotá por Surti Aguas. Además, reiteró que han sido muy cuidadosos con el manejo ambiental. Finalmente, aseguró que la campaña de desprestigio se debe a que hay personas de la comunidad que aspiran a la política y aprovechan esto para ganar popularidad.

Cuando este diario visitó la zona, se dio cuenta de que en la misma calle donde se realiza la exploración pasa una fuente pequeña de agua, que tiene residuos de gasolina. Rocas y Minerales afirmó que ese riachuelo pudo contaminarse por otro factor, como los carros que pasan por la carretera, ya que ellos tienen un lugar donde almacenan el acpm y la gasolina que se usa para el taladro. Y añaden que el impacto ambiental de esta primera etapa es mínimo.

Pero no todos creen lo mismo. Para Rodrigo Negrete, abogado especialista en temas ambientales, todo trabajo de exploración tiene un impacto ambiental y es una necedad del Estado no reconocerlo. Hasta 1995, las empresas mineras necesitaban licencia ambiental para hacer la exploración, pero se cambió la norma y ahora se puede hacer sin estos permisos. “Esto es muy grave, porque las comunidades sufren un impacto social y ambiental evidente: se necesitan vías, se deben remover árboles para entrar al subsuelo, también muchas veces se rompen acuíferos con las máquinas, cambian el suelo porque extraen su material”, explicó el abogado.

Para Negrete, este caso es la oportunidad para realizar un debate nacional, en el que se cuestione la autorización que tienen las compañías mineras en las zonas aledañas a los páramos. Si bien existe la ley 1450 de 2011, que prohíbe esta actividad en los ecosistemas protegidos, aún está en vilo la reglamentación de las zonas aledañas, conocidas también como “de amortiguación”.

Negrete asegura que esto ha sido, en gran parte, responsabilidad del Gobierno Nacional, que ha expedido decretos como el 2041 del 15 de octubre de 2014, que cambia los requisitos para obtener la licencia ambiental en favor de las compañías mineras. Según él, esta norma es inconstitucional, pues en su construcción no participó la ciudadanía y además se les resta importancia a los estudios detallados de los proyectos. Por último, el abogado también destaca la importancia de dialogar sobre la autonomía de los municipios para estos asuntos de minería. Negrete cree que es absurdo que los territorios construyan Planes de Ordenamiento Territorial que no funcionan ante un título minero. Para él, los municipios cada vez desaparecen del panorama del cuidado del medio ambiente y de la planificación del suelo.

Con esto está de acuerdo Carlos Cotrino, alcalde Choachí, quien asegura que la posición de la Alcaldía siempre ha sido oponerse a la exploración y a una futura explotación. Según Cotrino, por desgracia ellos están atados de manos, porque no tienen competencias en materia medioambiental. Solo cuando hay vulneración, deben solicitar a Corporinoquía una visita y es esta entidad la que debe tomar cartas sobre el asunto. Para el alcalde, es prioritario que el Estado reformule el control y la veeduría sobre estos proyectos, porque como se rigen en este momento, solo la ANM es la que puede decidir, evadiendo las necesidades y preferencias de quienes habitan el sector.

Por ahora, Blanca, Jorge y Erminsia y los demás habitantes del sector están a la espera de que el Estado y las organizaciones ambientales pongan sus ojos sobre este asunto, que para ellos podría acabar con este ecosistema productor de agua y con decenas de especies que alberga el páramo de Cruz Verde. El Espectador intentó comunicarse con la Agencia Nacional de Minería para consultar sobre el título minero, pero no se pudo lograr una respuesta.

lauradulce2@hotmail.com