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Días después de la petición que le hizo Camacol al Ministerio de Ambiente, para frenar la declaración como Zonas de protección para la Producción Alimentaria (ZPPA) de 53.800 hectáreas de Cundinamarca con potencial inmobiliario, la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, hizo alusión al tema por primera vez. La ocasión elegida,fue la Asamblea Ambiental por la Sabana de Bogotá, organizada y liderada por el ministerio que ella encabeza.
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Aunque la jefe de cartera nunca se refirió de manera directa al gremio de constructores, y por ende no se pueden tomar sus declaraciones como una respuesta formal, mucho del contenido de la charla de Muhamad en el foro, se refirió de manera directa a la disputa por el uso del suelo en el departamento.
“La Sabana, por su riqueza de suelos agroecológicos, llegó a tener suelos de categoría 1 que ya se han agotado lamentablemente, porque los hemos urbanizado”. Esta frase, que resume perfectamente el plan que tiene el gobierno para desplegar ZPPA en el departamento, fue la que utilizó la ministra Muhamad para comenzar su intervención sobre la actividad agrícola de la Sabana de Bogotá.
Dada la fertilidad que tiene este territorio, por cuanto aún conserva suelos agrícolas de categoría 2 y 3, Muhamad recordó que la Ley 99 de 1993 es clara con la destinación prioritaria que debe tener ese territorio para actividades agropecuarias y forestales. Segunda alusión no directa al tire y afloje por la utilización de los suelos.
Pero, además, la jefe cartera dijo que 120.000 Ha, dada su ubicación en la planicie del departamento, son las que más tienen potencial para la producción de alimentos, 66.200 más que las estipuladas en el artículo 10 del Plan Nacional de Desarrollo, desde el que se contempla el despliegue de las ZPPA.
Otro asunto que tocó la ministra fue el del estado actual de las fuentes hídricas que alimentan la ciudad y al departamento. De acuerdo a los datos del Ministerio de Ambiente, la alta demanda de agua en la zona ha provocado que el Índice de Vulnerabilidad Hídrica del departamento, se encuentre en el nivel 5, lo cual quiere decir que se encuentra en estado “muy crítico”. “Usamos más agua de la que puede ofertar el ecosistema”, apostilló la alta funcionaria.
Al margen de lo anterior, la jefe de la cartera ambiental volvió a referirse al potencial agrícola de la Sabana de Bogotá. Esta vez, como un instrumento que “puede ayudar a combatir el riesgo climático que tienen algunos municipios de la zona”.
Concretamente, Muhamad mencionó a Cota, Funza, Cajicá, Tocancipá, Cucunubá, Mosquera, Madrid, El Rosal y Chía como los territorios con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Cuatro de ellos, vale la pena resaltar, hacen parte del cinturón agrícola que el ministerio quiere delimitar en Cundinamarca.
En cuanto a los factores que desencadenaron esa vulnerabilidad de estos municipios, Muhamad atribuyó este fenómeno a la constante transformación artificial del territorio, lo que provocó que desde el 2000 al 2018 se perdieran 36.000 Ha con potencial agrícola. Esta cantidad de hectáreas corresponden a cerca del 10% de la zona más fértil de la Sabana y “más de la mitad del territorio que queremos proteger, en caso de que el Decreto se haga una realidad”, puntualizó la ministra, en la que fue su primera mención directa de la norma a la que se opone Camacol.
Finalmente, Muhamad resaltó la importancia que tienen estas zonas en la seguridad alimentaria, tanto del departamento como del país, y en la reducción de las importaciones de algunos productos agrícolas.
De esta manera se conoce, al menos de manera preliminar, la opinión que tiene el Ministerio de Ambiente respecto a la instalación de ZPPA en Cundinamarca. Todavía falta ver hacia qué lado de la balanza se inclinará la puja, si el de las pretenciones nacionales en materia ambiental, o a las del gremio constructor. La pelea, dadas sus implicaciones, promete ser larga.
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