Mitos de las políticas de drogas en la capital

Finales de 2012. En un hecho sin muchos precedentes, Bogotá es escenario de dos políticas contra el consumo de drogas, al parecer, opuestas. Mientras el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer los logros de la intervención policial al Bronx y anunció la intervención de otras 25 ‘ollas’, el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, inauguró dos Centros de Atención Médica a Drogodependientes (Camad). Uno de ellos, precisamente, en el Bronx. Han pasado casi dos años en los que los Camad y las intervenciones policiales han sido objeto de varios mitos que El Espectador presenta a continuación.

El Cartuchito

 En entrevista con este diario, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, Jaime Urrego, sostuvo que en ningún Camad se suministran sustancias sicoactivas. “Se ha confundido el concepto de consumo regulado y disminución del daño, y el riesgo con que se le va a entregar droga al consumidor”. Según Urrego, lo que en los Camad se les presta servicios de salud –sicología, odontología, medicina general– a una población históricamente excluida. Agregó que en ese sentido los Camad son una herramienta de inclusión. “Eso no es promover el consumo de drogas”. Resaltó que sus usuarios “encuentran una puerta de entrada al Estado. Lo que genera confianza y dignificación”.

En el caso del Bronx “ya empezamos a entregar jeringas, aunque el consumo de heroína por habitante de calle es casi nulo. Estamos haciendo pruebas voluntarias para detección de Sida y enfermedades de transmisión sexual”. Estos Camad se basan en experiencias como la de la clínica InSite, en Vancouver (Canadá), un lugar donde los adictos pueden recibir supervisión médica para inyectarse la heroína que compran ilegalmente. Todo esto en pro de un consumo controlado y de reducir el daño.

Uno de estos Camad es el de Kennedy, que atiende cerca de El Amparo y el llamado Cartuchito, centro de expendio de drogas cerca a la entrada seis de Corabastos. Este lugar lo frecuentan habitantes de calle, recicladores y cachivacheros, que venden lo que encuentran en la basura o —en algunas ocasiones— lo que han robado. Entre 6 y 7 profesionales reciben a los usuarios que se acercan a una consulta.

De acuerdo con el Distrito, desde el 17 de septiembre de 2012 hasta el 31 de mayo de 2014 este Camad ha atendido a 2.980 personas (en toda Bogotá han sido casi 11 mil) y ha realizado 9.699 intervenciones (20.620 en toda Bogotá). De estas, 2.880 han sido en sicología y 2.277 en medicina general. Igualmente, se han realizado 2.369 enrutamientos, es decir, personas que desean iniciar un proceso de rehabilitación y las remiten a entidades para que inicien tratamiento. Sin embargo, apenas 45 siguen en el proceso para salir de las drogas.

Urrego no niega que en ocasiones han recibido quejas de los vecinos. “Muchas veces se prefiere ignorar lo que está a nuestro alrededor y cuando usted pone un Camad surgen una cantidad de prejuicios”. El Camad ha sido objeto de cuestionamientos. En marzo pasado el contralor Distrital, Diego Ardila, reveló un informe en el que se señaló que esta medida ha generado un detrimento al Estado, debido a la improvisación, a la mala gestión y a que el Distrito no le ha hecho seguimiento a esta política, señalamientos que han sido rechazados con vehemencia por la administración. Incluso, el pasado 26 de junio el alcalde Petro informó que en Bogotá se abrirán 20 nuevos Camad para apoyar a los cuatro existentes, entre ellos, uno que presta sus servicios en la Cárcel Distrital y atiende a 80 reclusos. Según Urrego, “es el primer Camad que hay en un centro penitenciario en el país. Es una experiencia de punta en Las Américas”.

Tierra Linda

Los resultados en materia policial no son menores. Fuentes de la institución le indicaron a este diario que entre 2011 y 2012 se hizo un inventario de 453 estructuras dedicas al narcomenudeo que ya fueron controladas. Ejemplo de estas nuevas estrategias es el caso de la calle 85 o Zona T. “Allí usan una modalidad en la que ya no requieren de un inmueble para establecer el negocio. En esta zona las personas se hacían pasar como vendedores ambulantes e iban ofreciendo simultáneamente las sustancias. Luego, a través de una llamada, contactan a una persona a la que le encargan dos, tres o cuatro dosis. Entonces, cuando uno viene a hacer una intervención, no se pueden judicializar, porque hace parte de la dosis personal. Para combatir esta modalidad se requiere de un trabajo que nosotros llamamos estructural”, entre otros, como la creación de la Unidad Seccional Antinarcóticos de Bogotá, que es piloto, con cinco fiscales dedicados a combatir este flagelo.

No obstante, las medidas no han sido sólo policivas. Y hay casos que lo demuestran. Es el caso de Tierra Linda, en Suba. Esta localidad fue escenario hace unos meses de una intervención en la que participó el presidente Santos y que incluyó la demolición de una de las ollas más antiguas. Pero antes, en febrero pasado, ya se había hecho una intervención en este sector. En entrevista con este diario, la alcaldesa de Suba, Marisol Perilla, dio a conocer que hicieron una mesa de trabajo con la Policía, en la que detectaron que no se podían limitar a la judicialización, sino que debían garantizar la reconstrucción del tejido social en la zona. “Eso implicaba invertir una dinámica donde los valores que estaban posicionados eran el miedo, la falta de solidaridad, la indiferencia, la desesperanza y la desconfianza en el Estado”.

Y agregó: “eso fue lo que nos llevó a que, mientras la Policía actuaba con la judicialización de 14 personas y la incautación de casi 3.000 gramos de estupefacientes, nosotros recolectamos 330 toneladas de basura y recuperamos la calle 128b, entre carreras 54 y 54a, que estaba sin pavimentación, sin iluminación y que estaba siendo utilizada, no sólo para la disposición de basuras y zona de parqueo de carretas, sino también para llevar llantas y demás elementos contaminantes a un sector que colinda con el canal Córdoba”.

Sobre el método que se está aplicando en el sector, un agente de la policía que labora en la zona señaló: “este era un barrio por el que era muy peligroso y no se podía caminar a ciertas horas de la noche. Ahora la idea no es meterse a la fuerza, sino trabajar con la comunidad”.

Por su parte, la comunidad resalta el trabajo que se adelanta actualmente. “Es que esto fue una bendición. Antes esto era invivible y mejoró un 500%”, sostuvo Andrea, una mujer de unos 50 años que confiesa que estuvo presa por “andar en malos pasos” pero ahora se dedica a su labor como dirigente barrial. “Yo tengo cuatro familiares presos por eso (en referencia al tráfico de estupefacientes). Pero, le soy sincera, no es que los extrañemos mucho”.

Y recordó que “antes a uno le tocaba encerrar a los niños por el olor a droga y la contaminación. Eso no se podía caminar por acá” y resaltó que la intervención le devolvió el buen nombre a Tierra Linda “porque nos echaban la culpa por todo”. No obstante, la mujer señaló que el problema no se ha acabado, porque capturaron a los intermediarios pero, “no nos digamos mentiras, aquí no cayó ningún grande. Esos a los que llaman Los Paisas”.

La alcaldesa Perilla resaltó —además— la coordinación que hay entre la Alcaldía y la Estación de Suba. “Estamos dando unos frutos muy interesantes que nos permiten mostrar que el papel del policía no es solamente perseguir ladrones sino garantizar el fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias, de tal manera que el delito sea cada vez más marginal”. Y es que el problema no es menor si se tiene en cuenta que para los 1.500.000 habitantes de Suba hay —apenas —800 agentes.

Medidas conjuntas

 Antes que promover una política por encima de la otra, tanto los encargados de los Camad como quienes han protagonizado las intervenciones a las ollas, son vehementes en la necesidad de medidas conjuntas. Jaime Urrego resaltó, por ejemplo, que en “el caso del Bronx eso fue un trabajo intersectorial liderado por el alcalde con la ayuda de todos los sectores: Integración Social, Educación la UAESP y, por supuesto, la Policía. Tenemos un plan de intervención unificado, obviamente que cada quien con su competencia y es necesario que de todas maneras las políticas nacionales en relación con el manejo de las denominadas ollas o zonas de alto impacto por el microtráfico sean intervenidas”.

Para la Policía “hay unos trabajos que se han hecho muy buenos, articulados con todas las organizaciones. La ventaja es que esto es un delito que nos duele a todos, en ese sentido siempre hay un doliente. La Policía también tiene un grupo de prevención, tiene un grupo que va a los colegios, damos charlas porque también es fundamental eso: evitar futuros consumidores o adictos a largo plazo”.

Por su parte la alcaldesa Perilla señaló que ve con buenos ojos el establecimiento de un Camad en Suba. “La drogodependencia ya es una enfermedad. Entonces en un momento se confundió la estrategia del Camad como una estrategia de estar de acuerdo con el consumo de las drogas. No, lo que pasa es que ya hay situaciones en las que los jóvenes o las personas que consumen ya no logran resolver su problema por sus propios medios. Entonces el Camad es una alternativa que es bueno que esté en los barrios, que la gente que tiene problemas con las drogas encuentre una alternativa”.

Es cierto que —en teoría— la política del Camad y la de las intervenciones policiales difieren en que para la primera el problema de las drogas es, sobre todo, un problema de salud pública mientras que para las segunda el problema de las drogas sea de seguridad ciudadana. Sea como sea, la pregunta es si estas son tan excluyentes la una de la otra o es posible implementarlas en paralelo. Mientras tanto, Bogotá seguirá siendo un laboratorio para el futuro de las políticas contra el consumo de drogas en un país que —en apariencia— busca liderar el debate a nivel mundial sobre qué hacer con este flagelo. Todavía hay muchos mitos en el aire.

* Trabajo apoyado por la FNPI

jjimenez@elespectador.com

@juansjimenezh

Finales de 2012. En un hecho sin muchos precedentes, Bogotá es escenario de dos políticas contra el consumo de drogas, al parecer, opuestas. Mientras el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer los logros de la intervención policial al Bronx y anunció la intervención de otras 25 ‘ollas’, el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, inauguró dos Centros de Atención Médica a Drogodependientes (Camad). Uno de ellos, precisamente, en el Bronx. Han pasado casi dos años en los que los Camad y las intervenciones policiales han sido objeto de varios mitos que El Espectador presenta a continuación.

El Cartuchito

 En entrevista con este diario, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, Jaime Urrego, sostuvo que en ningún Camad se suministran sustancias sicoactivas. “Se ha confundido el concepto de consumo regulado y disminución del daño, y el riesgo con que se le va a entregar droga al consumidor”. Según Urrego, lo que en los Camad se les presta servicios de salud –sicología, odontología, medicina general– a una población históricamente excluida. Agregó que en ese sentido los Camad son una herramienta de inclusión. “Eso no es promover el consumo de drogas”. Resaltó que sus usuarios “encuentran una puerta de entrada al Estado. Lo que genera confianza y dignificación”.

En el caso del Bronx “ya empezamos a entregar jeringas, aunque el consumo de heroína por habitante de calle es casi nulo. Estamos haciendo pruebas voluntarias para detección de Sida y enfermedades de transmisión sexual”. Estos Camad se basan en experiencias como la de la clínica InSite, en Vancouver (Canadá), un lugar donde los adictos pueden recibir supervisión médica para inyectarse la heroína que compran ilegalmente. Todo esto en pro de un consumo controlado y de reducir el daño.

Uno de estos Camad es el de Kennedy, que atiende cerca de El Amparo y el llamado Cartuchito, centro de expendio de drogas cerca a la entrada seis de Corabastos. Este lugar lo frecuentan habitantes de calle, recicladores y cachivacheros, que venden lo que encuentran en la basura o —en algunas ocasiones— lo que han robado. Entre 6 y 7 profesionales reciben a los usuarios que se acercan a una consulta.

De acuerdo con el Distrito, desde el 17 de septiembre de 2012 hasta el 31 de mayo de 2014 este Camad ha atendido a 2.980 personas (en toda Bogotá han sido casi 11 mil) y ha realizado 9.699 intervenciones (20.620 en toda Bogotá). De estas, 2.880 han sido en sicología y 2.277 en medicina general. Igualmente, se han realizado 2.369 enrutamientos, es decir, personas que desean iniciar un proceso de rehabilitación y las remiten a entidades para que inicien tratamiento. Sin embargo, apenas 45 siguen en el proceso para salir de las drogas.

Urrego no niega que en ocasiones han recibido quejas de los vecinos. “Muchas veces se prefiere ignorar lo que está a nuestro alrededor y cuando usted pone un Camad surgen una cantidad de prejuicios”. El Camad ha sido objeto de cuestionamientos. En marzo pasado el contralor Distrital, Diego Ardila, reveló un informe en el que se señaló que esta medida ha generado un detrimento al Estado, debido a la improvisación, a la mala gestión y a que el Distrito no le ha hecho seguimiento a esta política, señalamientos que han sido rechazados con vehemencia por la administración. Incluso, el pasado 26 de junio el alcalde Petro informó que en Bogotá se abrirán 20 nuevos Camad para apoyar a los cuatro existentes, entre ellos, uno que presta sus servicios en la Cárcel Distrital y atiende a 80 reclusos. Según Urrego, “es el primer Camad que hay en un centro penitenciario en el país. Es una experiencia de punta en Las Américas”.

Tierra Linda

Los resultados en materia policial no son menores. Fuentes de la institución le indicaron a este diario que entre 2011 y 2012 se hizo un inventario de 453 estructuras dedicas al narcomenudeo que ya fueron controladas. Ejemplo de estas nuevas estrategias es el caso de la calle 85 o Zona T. “Allí usan una modalidad en la que ya no requieren de un inmueble para establecer el negocio. En esta zona las personas se hacían pasar como vendedores ambulantes e iban ofreciendo simultáneamente las sustancias. Luego, a través de una llamada, contactan a una persona a la que le encargan dos, tres o cuatro dosis. Entonces, cuando uno viene a hacer una intervención, no se pueden judicializar, porque hace parte de la dosis personal. Para combatir esta modalidad se requiere de un trabajo que nosotros llamamos estructural”, entre otros, como la creación de la Unidad Seccional Antinarcóticos de Bogotá, que es piloto, con cinco fiscales dedicados a combatir este flagelo.

No obstante, las medidas no han sido sólo policivas. Y hay casos que lo demuestran. Es el caso de Tierra Linda, en Suba. Esta localidad fue escenario hace unos meses de una intervención en la que participó el presidente Santos y que incluyó la demolición de una de las ollas más antiguas. Pero antes, en febrero pasado, ya se había hecho una intervención en este sector. En entrevista con este diario, la alcaldesa de Suba, Marisol Perilla, dio a conocer que hicieron una mesa de trabajo con la Policía, en la que detectaron que no se podían limitar a la judicialización, sino que debían garantizar la reconstrucción del tejido social en la zona. “Eso implicaba invertir una dinámica donde los valores que estaban posicionados eran el miedo, la falta de solidaridad, la indiferencia, la desesperanza y la desconfianza en el Estado”.

Y agregó: “eso fue lo que nos llevó a que, mientras la Policía actuaba con la judicialización de 14 personas y la incautación de casi 3.000 gramos de estupefacientes, nosotros recolectamos 330 toneladas de basura y recuperamos la calle 128b, entre carreras 54 y 54a, que estaba sin pavimentación, sin iluminación y que estaba siendo utilizada, no sólo para la disposición de basuras y zona de parqueo de carretas, sino también para llevar llantas y demás elementos contaminantes a un sector que colinda con el canal Córdoba”.

Sobre el método que se está aplicando en el sector, un agente de la policía que labora en la zona señaló: “este era un barrio por el que era muy peligroso y no se podía caminar a ciertas horas de la noche. Ahora la idea no es meterse a la fuerza, sino trabajar con la comunidad”.

Por su parte, la comunidad resalta el trabajo que se adelanta actualmente. “Es que esto fue una bendición. Antes esto era invivible y mejoró un 500%”, sostuvo Andrea, una mujer de unos 50 años que confiesa que estuvo presa por “andar en malos pasos” pero ahora se dedica a su labor como dirigente barrial. “Yo tengo cuatro familiares presos por eso (en referencia al tráfico de estupefacientes). Pero, le soy sincera, no es que los extrañemos mucho”.

Y recordó que “antes a uno le tocaba encerrar a los niños por el olor a droga y la contaminación. Eso no se podía caminar por acá” y resaltó que la intervención le devolvió el buen nombre a Tierra Linda “porque nos echaban la culpa por todo”. No obstante, la mujer señaló que el problema no se ha acabado, porque capturaron a los intermediarios pero, “no nos digamos mentiras, aquí no cayó ningún grande. Esos a los que llaman Los Paisas”.

La alcaldesa Perilla resaltó —además— la coordinación que hay entre la Alcaldía y la Estación de Suba. “Estamos dando unos frutos muy interesantes que nos permiten mostrar que el papel del policía no es solamente perseguir ladrones sino garantizar el fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias, de tal manera que el delito sea cada vez más marginal”. Y es que el problema no es menor si se tiene en cuenta que para los 1.500.000 habitantes de Suba hay —apenas —800 agentes.

Medidas conjuntas

 Antes que promover una política por encima de la otra, tanto los encargados de los Camad como quienes han protagonizado las intervenciones a las ollas, son vehementes en la necesidad de medidas conjuntas. Jaime Urrego resaltó, por ejemplo, que en “el caso del Bronx eso fue un trabajo intersectorial liderado por el alcalde con la ayuda de todos los sectores: Integración Social, Educación la UAESP y, por supuesto, la Policía. Tenemos un plan de intervención unificado, obviamente que cada quien con su competencia y es necesario que de todas maneras las políticas nacionales en relación con el manejo de las denominadas ollas o zonas de alto impacto por el microtráfico sean intervenidas”.

Para la Policía “hay unos trabajos que se han hecho muy buenos, articulados con todas las organizaciones. La ventaja es que esto es un delito que nos duele a todos, en ese sentido siempre hay un doliente. La Policía también tiene un grupo de prevención, tiene un grupo que va a los colegios, damos charlas porque también es fundamental eso: evitar futuros consumidores o adictos a largo plazo”.

Por su parte la alcaldesa Perilla señaló que ve con buenos ojos el establecimiento de un Camad en Suba. “La drogodependencia ya es una enfermedad. Entonces en un momento se confundió la estrategia del Camad como una estrategia de estar de acuerdo con el consumo de las drogas. No, lo que pasa es que ya hay situaciones en las que los jóvenes o las personas que consumen ya no logran resolver su problema por sus propios medios. Entonces el Camad es una alternativa que es bueno que esté en los barrios, que la gente que tiene problemas con las drogas encuentre una alternativa”.

Es cierto que —en teoría— la política del Camad y la de las intervenciones policiales difieren en que para la primera el problema de las drogas es, sobre todo, un problema de salud pública mientras que para las segunda el problema de las drogas sea de seguridad ciudadana. Sea como sea, la pregunta es si estas son tan excluyentes la una de la otra o es posible implementarlas en paralelo. Mientras tanto, Bogotá seguirá siendo un laboratorio para el futuro de las políticas contra el consumo de drogas en un país que —en apariencia— busca liderar el debate a nivel mundial sobre qué hacer con este flagelo. Todavía hay muchos mitos en el aire.

* Trabajo apoyado por la FNPI

jjimenez@elespectador.com

@juansjimenezh