Motos, domicilios e inseguridad: ¿funcionan las restricciones?

Un intento de requisa a dos hombres a bordo de una moto, con un maletero marcado con el logo de una empresa de domicilios, le costó la vida el 10 de marzo al patrullero Edwin Caro, de 24 años. Tras el estupor que causó el crimen, la alcaldesa Claudia López expidió un decreto en el que quedó plasmado el plan para hacerles frente a los delitos que, según la mandataria, cometen “delincuentes disfrazados”.

Sin embargo, estudiosos de las políticas de seguridad plantean dudas sobre su efectividad. Y en particular frente a una decisión manida, aplicada en casi todas las ciudades cuando crece la inseguridad: las restricciones a las motocicletas. Esta vez el Distrito las impuso, pero a los que trabajan como domiciliarios.

Pero, ¿por qué las críticas? Los académicos dicen que no es una solución de fondo. Al menos esa es la conclusión de una investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico y la Facultad de Economía de la U. de los Andes, que puso a prueba la efectividad de las restricciones y los efectos sobre el crimen en Bogotá, Barranquilla y Soledad (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y Neiva (Huila).

En el estudio, que tardó cuatro años, los investigadores Eduar Martínez, Michael Weintraub y Leonardo Bonilla revisaron el impacto de tres medidas: prohibición de acompañante hombre, de cualquier acompañante y total de circulación de motos. Realizaron comparaciones bajo el criterio de contrafactualidad, es decir, las zonas cotejadas eran similares en tránsito, uso del suelo, estado vial y ubicación. En palabras de Eduar Martínez, para El Espectador, “si no era así, era comparar la efectividad de una medicina dándosela a una persona enferma y a otra aliviada”.

La conclusión fue algo que la gente ya sentía: las medidas no disminuyeron significativamente los delitos o no se mantuvo la reducción en el tiempo.

Fue el caso de Barranquilla, donde se aplicó la prohibición del parrillero hombre en el norte de la ciudad. Si bien bajaron delitos como hurtos y homicidios, solo fue en los primeros seis meses. Luego se volvieron a incrementar. En Neiva, por su parte, donde prohibieron en una zona cualquier tipo de acompañante, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., la reducción se mantuvo un año.

El caso en Bogotá, Cartagena y Soledad —donde aplicaron prohibiciones de parrillero hombre, de cualquier sexo y restricción total en horario nocturno, respectivamente— fue diferente: no hubo un impacto relevante, es decir, ni subieron ni bajaron los niveles de criminalidad. Es más, la investigación mostró con datos georreferenciados cómo en todas las ciudades los delitos aumentaron en las zonas colindantes al sector con la restricción (ver gráfica).

¿Funcionará esta vez en Bogotá?Resulta, entonces, un interrogante: ¿qué garantiza que las medidas a las motos de domicilios tendrán un resultado distinto? Para Eduar Martínez, “no se debe esperar nada diferente. ¿Cuál es la proporción de crímenes cometidos en motos con logo de empresas de domicilio? Partiendo de eso, no creo que tenga efecto. Esto pasa porque falta integración entre la academia y los hacedores de políticas públicas. Hemos tratado de abrir espacios, pero hace falta interés en la evidencia científica”, puntualizó.

Por su parte, Miguel Silva, experto en seguridad y defensa de la U. Nacional, cree que estas decisiones son “de corto plazo para dar la impresión de que se toman medidas contra la inseguridad, pero no se sabe si es algo más intuitivo que producto de un análisis”. Por esto dice que ningún estudioso será optimista con este tipo de estrategias.

Otras medidasPero el decreto fue más allá de la restricción al tránsito. Estipuló otras como poner más filtros en la selección del personal. La norma dice que los domiciliarios deben tener identificación física y digital, estar en un registro de bicicletas y verificar que no tengan requerimientos judiciales. Para Silva, el decreto apunta más a una estrategia de comunicación bien ideada desde el plano discursivo y no contra el fenómeno delictivo. Por eso califica de absurdo el requerimiento, pues, primero, la Alcaldía no tiene competencia para exigirles eso a empresas privadas y, segundo, “contribuye a estigmatizar a una población como la venezolana, que encontró en estas plataformas cómo subsistir”.

Tampoco ve con buenos ojos la identificación física y digital, pues dice que Bogotá no ha sabido manejar el fenómeno disruptivo que ha vivido el país con la migración venezolana y la proliferación de plataformas digitales. “Es como si inventaran un enemigo, como si la Alcaldía dijera que los domiciliarios robaran, y no es así”. Y del registro de bicicletas afirma que no existe evidencia de que algo así funcione contra el robo de ciclas. “Lo que uno ve es que a los estrategas de seguridad les toca acomodarse a lo que diga la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía”, sentencia.

Al consultar a la Secretaría de Seguridad sobre qué estudio respalda las medidas, hizo referencia a cálculos de su Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos, que indican cómo entre 2019 y 2020 se registraron 40 homicidios por un conductor o pasajero de moto, que en el 8,5 % de las denuncias por hurto los delincuentes huyeron en moto y que en Usaquén, Chapinero, Suba y Kennedy hay una constante relación de los relatos ciudadanos en los que presuntamente los criminales se hacen pasar por domiciliarios para delinquir. Este diario también consultó a Rappi -la aplicación más usada en el país para pedir domicilios, según el portal de información Mobimetrics-, pero manifestó que aún no se pronunciaría sobre las medidas.

Por ahora el decreto está vigente y, pese a las críticas, solo la percepción de seguridad y las estadísticas de los próximos meses dirán si la apuesta del Distrito fue la correcta o si los académicos tienen la razón.

Un intento de requisa a dos hombres a bordo de una moto, con un maletero marcado con el logo de una empresa de domicilios, le costó la vida el 10 de marzo al patrullero Edwin Caro, de 24 años. Tras el estupor que causó el crimen, la alcaldesa Claudia López expidió un decreto en el que quedó plasmado el plan para hacerles frente a los delitos que, según la mandataria, cometen “delincuentes disfrazados”.

Sin embargo, estudiosos de las políticas de seguridad plantean dudas sobre su efectividad. Y en particular frente a una decisión manida, aplicada en casi todas las ciudades cuando crece la inseguridad: las restricciones a las motocicletas. Esta vez el Distrito las impuso, pero a los que trabajan como domiciliarios.

Pero, ¿por qué las críticas? Los académicos dicen que no es una solución de fondo. Al menos esa es la conclusión de una investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico y la Facultad de Economía de la U. de los Andes, que puso a prueba la efectividad de las restricciones y los efectos sobre el crimen en Bogotá, Barranquilla y Soledad (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y Neiva (Huila).

En el estudio, que tardó cuatro años, los investigadores Eduar Martínez, Michael Weintraub y Leonardo Bonilla revisaron el impacto de tres medidas: prohibición de acompañante hombre, de cualquier acompañante y total de circulación de motos. Realizaron comparaciones bajo el criterio de contrafactualidad, es decir, las zonas cotejadas eran similares en tránsito, uso del suelo, estado vial y ubicación. En palabras de Eduar Martínez, para El Espectador, “si no era así, era comparar la efectividad de una medicina dándosela a una persona enferma y a otra aliviada”.

La conclusión fue algo que la gente ya sentía: las medidas no disminuyeron significativamente los delitos o no se mantuvo la reducción en el tiempo.

Fue el caso de Barranquilla, donde se aplicó la prohibición del parrillero hombre en el norte de la ciudad. Si bien bajaron delitos como hurtos y homicidios, solo fue en los primeros seis meses. Luego se volvieron a incrementar. En Neiva, por su parte, donde prohibieron en una zona cualquier tipo de acompañante, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., la reducción se mantuvo un año.

El caso en Bogotá, Cartagena y Soledad —donde aplicaron prohibiciones de parrillero hombre, de cualquier sexo y restricción total en horario nocturno, respectivamente— fue diferente: no hubo un impacto relevante, es decir, ni subieron ni bajaron los niveles de criminalidad. Es más, la investigación mostró con datos georreferenciados cómo en todas las ciudades los delitos aumentaron en las zonas colindantes al sector con la restricción (ver gráfica).

¿Funcionará esta vez en Bogotá?Resulta, entonces, un interrogante: ¿qué garantiza que las medidas a las motos de domicilios tendrán un resultado distinto? Para Eduar Martínez, “no se debe esperar nada diferente. ¿Cuál es la proporción de crímenes cometidos en motos con logo de empresas de domicilio? Partiendo de eso, no creo que tenga efecto. Esto pasa porque falta integración entre la academia y los hacedores de políticas públicas. Hemos tratado de abrir espacios, pero hace falta interés en la evidencia científica”, puntualizó.

Por su parte, Miguel Silva, experto en seguridad y defensa de la U. Nacional, cree que estas decisiones son “de corto plazo para dar la impresión de que se toman medidas contra la inseguridad, pero no se sabe si es algo más intuitivo que producto de un análisis”. Por esto dice que ningún estudioso será optimista con este tipo de estrategias.

Otras medidasPero el decreto fue más allá de la restricción al tránsito. Estipuló otras como poner más filtros en la selección del personal. La norma dice que los domiciliarios deben tener identificación física y digital, estar en un registro de bicicletas y verificar que no tengan requerimientos judiciales. Para Silva, el decreto apunta más a una estrategia de comunicación bien ideada desde el plano discursivo y no contra el fenómeno delictivo. Por eso califica de absurdo el requerimiento, pues, primero, la Alcaldía no tiene competencia para exigirles eso a empresas privadas y, segundo, “contribuye a estigmatizar a una población como la venezolana, que encontró en estas plataformas cómo subsistir”.

Tampoco ve con buenos ojos la identificación física y digital, pues dice que Bogotá no ha sabido manejar el fenómeno disruptivo que ha vivido el país con la migración venezolana y la proliferación de plataformas digitales. “Es como si inventaran un enemigo, como si la Alcaldía dijera que los domiciliarios robaran, y no es así”. Y del registro de bicicletas afirma que no existe evidencia de que algo así funcione contra el robo de ciclas. “Lo que uno ve es que a los estrategas de seguridad les toca acomodarse a lo que diga la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía”, sentencia.

Al consultar a la Secretaría de Seguridad sobre qué estudio respalda las medidas, hizo referencia a cálculos de su Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos, que indican cómo entre 2019 y 2020 se registraron 40 homicidios por un conductor o pasajero de moto, que en el 8,5 % de las denuncias por hurto los delincuentes huyeron en moto y que en Usaquén, Chapinero, Suba y Kennedy hay una constante relación de los relatos ciudadanos en los que presuntamente los criminales se hacen pasar por domiciliarios para delinquir. Este diario también consultó a Rappi -la aplicación más usada en el país para pedir domicilios, según el portal de información Mobimetrics-, pero manifestó que aún no se pronunciaría sobre las medidas.

Por ahora el decreto está vigente y, pese a las críticas, solo la percepción de seguridad y las estadísticas de los próximos meses dirán si la apuesta del Distrito fue la correcta o si los académicos tienen la razón.