Muerte de cinco reclusos tiene a La Picota en el ojo de la Personería de Bogotá

De nuevo, las condiciones en las cuales se encuentran los cerca de 7.000 reclusos en la cárcel La Picota vuelven a causar revuelo. El último escándalo se dio cuando la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra de Ludwing Joel Valero, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), y Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, jefe de la Oficina de Planeación, por presuntas irregularidades en los contratos de alimentación. En aquella oportunidad, incluso, el director de la USPEC fue arrestado por desacatar una sentencia que buscaba mejorar la calidad alimentaria de los reclusos.

De nuevo, las condiciones en las cuales se encuentran los cerca de 7.000 reclusos en la cárcel La Picota vuelven a causar revuelo. El último escándalo se dio cuando la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra de Ludwing Joel Valero, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), y Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, jefe de la Oficina de Planeación, por presuntas irregularidades en los contratos de alimentación. En aquella oportunidad, incluso, el director de la USPEC fue arrestado por desacatar una sentencia que buscaba mejorar la calidad alimentaria de los reclusos.

Dicho incidente, en suma, a los problemas por falta de agua que tuvo la cárcel por problemas con su sistema de abastecimiento, parecen apenas la punta del iceberg de un compendio de quejas y violaciones de derechos, que se han venido aglutinando en los buzones de los entes de control. El último de ellos, de acuerdo con información a la que tuvo acceso El Espectador, da cuenta sobre cómo cinco reclusos perdieron la vida por problemas de salud.

Si bien, aún materia de investigación las razones que llevaron a que las patologías de los internos se agravaran, lo cierto es que sus familias denunciaron negligencias en la atención que recibieron mientras se encontraban en el centro penitenciario. En uno de estos casos, según el informe, el personal de salud del establecimiento tardó 20 minutos en atenderlo, lo cual terminó por agravar su cuadro médico. Este tipo de incidentes, sumados a otro tipo de falencias en la atención médica de los reclusos han sido plasmados en 67 quejas enviadas a la Personería Distrital.

Entre las principales quejan de los familiares de los reclusos están la falta de personal médico que cubra la totalidad de los turnos; falta del servicio de fisioterapia; desabastecimiento de medicamentos; falta de servicio en los laboratorios, y carencia de dispositivo de refrigeración para los medicamentos de pacientes insulinodependientes. Con base en lo anterior, todas las miradas apuntan hacia la Fiduciaria Previsora y el operador Salud Central UT, que asumió, desde el primero de agosto, la operación de atención intramural de los servicios de medicina general, familiar, emergencias, pruebas de laboratorios, exámenes diagnósticos y algunas especialidades.

Las quejas registradas ante el ente de control distrital han sido enfáticas en la erosión del servicio médico del penal desde que este contratista asumió las riendas. Pero incluso, sin ir más lejos, y al margen de las quejas y la investigación sobre los fallecidos, la propia Personería de Bogotá fue testigo de cómo un recluso de La Picota, que fue abusado sexualmente en las instalaciones de la cárcel, tuvo dificultades para ser atendido. El resumen de este episodio, al que tuvo acceso este diario, reza lo siguiente:

“El pasado 10 de octubre del 2024, en horas de la mañana, oportunidad en la que se conoció de un presunto delito sexual contra un privado de la libertad, se adelantó visita administrativa para la verificación de la situación y se evidenció que, si bien el interno se valoró en sanidad, no se activó un protocolo oportuno e inmediato, al parecer, porque «no había sistema». Pasado medio día (3 horas después) a pesar de la presión de la policía judicial, el médico tratante no había hecho la solicitud de remisión al establecimiento por emergencias y/o medicina legal”.

Por todo lo anterior, y con base en las conversaciones con defensores de derechos humanos, el ente de control Distrital dirigió una carta a la Superintendencia de Salud, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 artículo 4 del Decreto 1080 de 2021, para que adelante las respectivas labores de inspección y control que pongan fin a las irregularidades. Asimismo, con dichas acciones, se busca el inicio de una investigación que esclarezca la muerte de los cinco reclusos, así como el informe minucioso de la atención que recibieron mientras estaban en prisión. De momento, ni La Picota, ni la Supersalud, se han pronunciado al respecto.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.