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La Fiscalía sustentó este martes, ante un juez de garantías, el por qué debían enviar a prisión a los cinco policías procesados, por su presunta participación en el asesinato de Juan Pablo González (señalado de abusar de Hilary Castro, cerca de una estación de Transmilenio), registrado el pasado 6 de noviembre, en la URI de Puente Aranda.
Los encargados fueron identificados como Bairon Arley González Martínez, Bladimir Sánchez Tarazona, Brayan Humberto Montealegre Angarita, Yimer Eduardo López y Bayron Andrés Marín Tovar (coordinador de la URI), a quienes les imputaron homicidio agravado y tortura, por omisión. Todos se declararon inocentes.
La diligencia fue el escenario para dar a conocer las imágenes, minuto a minuto, de los últimos instantes de la víctima, en las celdas del tercer piso de la URI de Puente Aranda, el cual, será la piedra angular del proceso. Para el ente acusador, quien narró a partir de las imágenes lo que para él sucedió en las celdas, es necesario que los uniformados sean cobijados con medida de aseguramiento, pues prácticamente cohonestaron con los reclusos, para permitir el homicidio.
No obstante, para los abogados de los procesados, el video no demuestra, de manera alguna, la participación de sus clientes en el crimen, ya que el que estuvieran cerca del sitio del crimen, no demuestra que participaron o que pudieron evitarlo; no hay elementos de prueba para decir que fueron coautores, y, para terminar, cuatro de ellos eran “bisoños policías, que llevaban menos asignados para cuidar a 300 presos, sin mayor instrucción”.
El video
Las imágenes de las cámaras de seguridad de la URI de Puente Aranda, en resumen, recogen lo que ocurrió en 27 minutos, desde el momento cuando ingresó González a la URI, lo llevaron al segundo piso y los reclusos lo internan en la celda cuatro, donde lo tusaron. Luego, como lo sacan de la misma celda y lo llevan al único baño que hay en el sitio (donde ocurrió el crimen) y cómo luego lo sacan los mismos reclusos a rastras, para volverlo a dejar dentro de la celda, donde falleció.
Todo transcurre alrededor de los policías investigados, quienes están ubicados en el centro del piso, al punto de que los reclusos, cuando llevaban a González, les pasaron por el lado. A partir de ahí, el fiscal del caso tejió una teoría del caso, en la que, por los gestos y las actitudes de los uniformados; la cercanía al sitio donde ocurrieron los hechos, y el no haber intervenido a tiempo, eran elementos suficientes para poder llevarlos a juicio por su omisión.
“Miren la distancia a la que están los cuatro patrulleros, miren la visibilidad que tienen y, sobre todo, escuchan a la persona que están matando”, dijo el fiscal Daniel Gómez, quien, apoyado en el testimonio de un recluso, reconstruyó, a su forma, lo que posiblemente pasó en ese sitio, y resaltando los momentos en los que los uniformados posiblemente fueron testigos de la golpiza a González. Por esta razón, reiteró su solicitud de enviarlos a prisión.
Pero otra fue la lectura de los abogados frente al video. Para ellos, no existe una inferencia razonable frente a la participación de los uniformados en el delito, pues en un espacio de 200 metros cuadrados, donde había más de 300 reclusos, custodiados apenas por cuatro policías sin experiencia, no había forma de que ellos se enteraran realmente de lo que estaba sucediendo en el baño.
Y fueron más allá, indicaron que la Fiscalía imputó mal a los uniformados, a la hora de tipificar los delitos y su participación. “No pueden ser posiciones recreativas y mentales del fiscal, sin tener elementos suficientes para llegar a una conclusión de participación”, indicaron.
Y agregaron: “Que la Fiscalía diga que era llamativo que seis personas al único baño, cuando es un espacio en el que pueden entrar 100 personas en 10 minutos. Para el 5 de noviembre había 321 personas, en 200 metros cuadrados, donde hay peleas, juegos, droga. Allí existen jerarquías incontrolables, porque el Estado ha sido incapaz de entregar instalaciones aptas para controlar el asunto. Esa es una fuerza que no se podría controlar. Y por el hecho de que ellos hablaran con los reclusos, no se puede llegar a una conclusión de participación. Decir eso, no solo es peligroso, sino ilógico”.
Por esta razón, rechazaron la solicitud de medida de aseguramiento, señalando que sus defendidos no eran un peligro para la sociedad y tenían plena disposición para defender su inocencia en juicio. Los argumentos quedaron a disposición del juez, quien tendrá que decidir si envía a los cinco uniformados o no, a prisión.
