No cesan los feminicidios en Bogotá cuando la realidad excede cifras e iniciativas

El jueves 7 de septiembre, tres días después de su desaparición, la mamá y el novio de Adriana Morales se dirigieron a Medicina Legal como último recurso en su búsqueda. No esperaban, sin embargo, que, en el momento de completar la denuncia por desaparición, los funcionarios de la entidad les dijeran que un cuerpo, con características similares a la persona que buscaban, había ingresado el 4 de septiembre, tras ser abandonado cerca de un caño, de la localidad de Kennedy. El reconocimiento corroboró lo peor. El cuerpo, que en principio se registró como N.N., era el de su familiar.

El jueves 7 de septiembre, tres días después de su desaparición, la mamá y el novio de Adriana Morales se dirigieron a Medicina Legal como último recurso en su búsqueda. No esperaban, sin embargo, que, en el momento de completar la denuncia por desaparición, los funcionarios de la entidad les dijeran que un cuerpo, con características similares a la persona que buscaban, había ingresado el 4 de septiembre, tras ser abandonado cerca de un caño, de la localidad de Kennedy. El reconocimiento corroboró lo peor. El cuerpo, que en principio se registró como N.N., era el de su familiar.

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Tras la necropsia, los peritos forenses señalaron que el cadáver de Morales tenía en su parte izquierda 14 heridas de arma blanca, además de numerosos traumatismos, derivados de una posible golpiza. Su asesinato, por otra parte, no ocurrió en el sitio donde la encontraron, en tanto las cámaras de seguridad del sector registraron como el cuerpo de Adriana fue arrojado desde un vehículo, a las 2:55 a.m. del martes 5 de septiembre.

La mañana antes de su muerte, ella tenía agendada una reunión con su expareja para tratar asuntos relacionados con la hija, de tres años, que tenían en común. Este individuo, de quien Adriana se había separado un año atrás, es uno de los principales sospechosos. El Espectador habló con una de las mejores amigas de Morales, quien comentó que esa relación terminó por episodios de maltrato. “Él la golpeaba, la drogaba, la insultaba. Ella decidió romper, pero él, en venganza, se le llevó la niña para Cali. No se la dejaba ver y eso le afectaba mucho”.

El sujeto, según cuenta la allegada, usaba a la niña como elemento para manipularla. “Ella, incluso, me mando notas de voz ese lunes que se encontraron. Yo solo pude escuchar una, porque las demás las borraron, pero en esa nota se escuchó que estaban en un carro”, apostilló. Fue así como a las 9:00 a.m. Morales salió de su casa, en el barrio Fontibón, con la idea de no tardarse más de dos horas. Ese plazo no se cumplió. Ella nunca regresó y se convirtió en una víctima de feminicidio. Su cuerpo lo abandonaron a ocho kilómetros de su vivienda.

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La muerte de Adriana reactiva las alarmas en cuanto a violencia de género en la capital, donde, a la fecha, según la estadística oficial, van 16 feminicidios. No obstante, las cifras no son del todo claras y fehacientes, pues para las organizaciones la cifra es mucho mayor. La Fundación Justicia para Toda, por ejemplo, afirma que van 20 casos. El Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista, por su parte, dice que van 30. ¿A qué se debe esta disparidad?

Yamile Roncancio, directora de la fundación Justicia para Todas, tiene una explicación: los datos que recolecta la Fiscalía y las organizaciones civiles obedecen a criterios diferentes. Mientras el ente acusador solo cuenta como feminicidios los casos esclarecidos a través de una condena, los observatorios suman los procesos bajo sospecha de feminicidios. Algunas, incluso, simplemente agrupan todas las muertes violentas de mujeres.

Esto ocurre, fundamentalmente, a la diferencia de criterios jurídicos que usa cada grupo para abordar el fenómeno, explica Roncancio. “Nosotras hacemos la observación a partir del artículo 8 de la ley Rosa Elvira Cely, el cual dice que se debe buscar evidencia clara o sospecha fundada, para que las muertes violentas, cuyas víctimas sean mujeres, puedan ser catalogadas como feminicidios”.

Y agrega: “Esto quiere decir que no todos los asesinatos a mujeres son feminicidio. La muerte en medio del robo de un celular no entra en esta categoría, pero la de una víctima, por el simple hecho de ser mujer, o por su orientación sexual es, sin duda, un feminicidio”, aclaró Roncancio. No obstante, las fronteras entre ambas circunstancias pueden llegar a ser difusas, pues la experta recalca que algunos victimarios han intentado camuflar feminicidios, haciéndolos pasar como un intento de robo.

Medir entonces los feminicidios y sus respectivas variables es una tarea compleja y carente de consensos, lo que ha impedido realizar un diagnóstico efectivo del problema. En el caso de Bogotá, a pesar de ser una ciudad con un tejido institucional amplio para atender esta problemática, los feminicidios siguen encabezando mes a mes los titulares de todos los diarios. Prueba de ello es que entre el último caso (registrado el 10 de agosto en Usme) y el de Adriana tan solo trasncurrió un mes.

Respecto al punto anterior, vale la pena resaltar que la Policía y el Distrito no han permanecido ajenos a la problemática. La Secretaría de la Mujer posee un portafolio de servicios enfocados a la violencia de genero y a la atención de sus víctimas.

Uno de los programas destacados, el de la línea púrpura, que brinda acompañamiento y orientación vía teléfonica y WhatsApp, las 24 horas del día. De acuerdo con cifras de la cartera, a través de este método se han atendido 58.000 mujeres, en un total de 250.000 llamadas.

En el lado presencial, a su vez, se encuentran las Casas Refugio, en donde se le otorga alojemiento y protección a las mujeres que tienen su integridad comprometida, a raiz de episodios de violencia de genero. Estos recintos, cuatro en total, han acogido en los últimos dos años a 2.011 personas, entre las cuales se encontraban 951 mujeres adultas y adultas mayores víctimas de violencias, y 1.060 niños, niñas, adolescentes y adultos dependientes de sus padres.

Además, este programa, en conjunto con las Casas de Justicia, está integrado en un esquema interinstitucional en el que cooperan con los Centros de Atención de la Fiscalía General de la Nación, las Unidades de Reacción Inmediata y las Subredes de Salud. De hecho, gracias a esta red interseccional, fue posible la caracterización de 2.300 mujeres en riesgo de feminicidio.

En cuanto a la Policía, la comandante de la Metropolitana de Bogotá, general Sandra Hernández, al asumir su cargo se comprometió con la reducción de los casos de feminicidio. “Como mujer tengo la responsabilidad en ayudar en reducir este delito, especialmente”, afirmó Hernandez en mayo, cuando fue asumió la dirección. La institución, desde 2022 adelanta estrategias como los Comandos Púpura, fuerza conformada por 4.000 uniformadas, capacitadas en violencia de género y en protocolos para atenderla.

Aún y cuando estos resultados reflejan cierto tipo de avance, para la Secretaría de la Mujer, Diana Rodríguez, hay una realidad violenta y machista que termina por desbordar, en ocasiones, las iniciativas institucionales. Rodríguez le contó a El Espectador que “gran parte de problema es que estamos naturalizando los feminicidios. Tenemos un problema en la sociedad, normalizamos la violencia contra las mujeres”.

La funcionaria expresó su frustración frente a los dos recientes feminicidios, porque a pesar de la atención que se brinda a todas las mujeres que llegan a los puntos de orientación, hay varias víctimas, como en el caso de Adriana, que no estaban siendo atendidas ni hacían parte de sus programas. Esto ocurre, según la secretaria, por la misma “aceptación a la violencia y del uso del cuerpo de las mujeres para desahogar cualquier tipo de frustración. Eso no puede seguir así”.

Respecto al despliegue institucional, Roncancio opina que los servicios de atención actuales se están quedando cortos para enfrentar el auge en la violencia de género. “Bogotá es el reflejo de lo que pasa en el país, con la agravante de que la ciudad tiene la más amplia oferta institucional. En la capital hemos visto un aumento de los feminicidios y de la crueldad con la que ocurren”.

Y agrega: “Las mujeres no están confiando en la institucionalidad, porque la instancia a la que acudimos no responde como nosotras necesitamos”, comentó, tras citar algunos casos de mujeres que se quejaron, porque las líneas púrpuras no atendían sus llamados. El alcance de otras acciones, como el de las Casas Refugio, también fue cuestionado.

Estefanía Rivera, coordinadora del observatorio de feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista, opina que esta iniciativa no corresponde a una medida inmediata que proteja a las mujeres en un momento clave como la denuncia. “Algunas deben volver a los lugares donde recibieron violencia después de denunciar a su agresor. En el caso de las casas de refugio vemos que es una medida que, aunque protege, le quita la posibilidad a la mujer amenazada de salir y de continuar con su vida”.

Sobre este mismo punto, Roncancio comentó que las casas refugio no pueden ser una solución oportuna para una mujer que, legítimamente, “no quiere abandonar su hogar y sus posesiones, para quedarse en un lugar desconocido”. En respuesta a lo anterior, la secretaría indicó que ninguna mujer, atendida en las Casas Refugio, ha sido asesinada desde que comenzó el programa, en 2020.

Lo crítico de este problema recae, además, en las causas multifactoriales que lo componen, muchas de ellas, de carácter estructural. La justicia, uno de los principales, posee flaquezas que contribuyen a la prolongación de este fenómeno. “El problema consiste en que, pese a los avances de la Fiscalía, algunos abogados que defienden a los agresores utilizan artimañas como la de dilatar el proceso, para forzar el vencimiento de términos. Así mismo, algunos jueces han demostrado incapacidad para abordar el feminicidio y han llegado al punto de trasladar la responsabilidad a las víctimas”, argumentó Roncancio.

El problema de la impunidad, añadió la secretaría Rodríguez, ha influido profundamente en la desconfianza que existe a la institucionalidad. “No importa cuantos servicios abramos y que cada vez atendamos más mujeres, la impunidad hace creer a los agresores que pueden seguir así”, recalcó. Este tipo de vicios en el sistema judicial, promueven que los agresores se sientan en un ambiente favorable, en el que pueden “cometer feminicidios con total impunidad”, complementó Estefanía Rivera.

Existe, por otro lado, un corto circuito entre el diagnóstico de los determinantes de violencia de género y las soluciones planteadas, según el punto de vista de Yamile Roncancio. “La falta de estandarización en las cifras ha originado que se “sigan ejecutando las mismas políticas, una y otra vez, sin que los resultados mejoren”, reflexionó. Tanto Roncancio como la jefe de cartera de la Secretaría de la Mujer, concuerdan en que los tomadores de decisiones de política pública deben dirigir su mirada a las causas estructurales y sociales que siguen alimentando la violencia de género y, por ende, los feminicidios.

Esto se logra, a través de actividades de sensibilización dirigidas a los hombres, quienes son parte crucial del programa. Yamile propone actividades deportivas, que ayuden al sexo masculino a lidiar mejor con sus emociones. En esta materia, ya se han planteado algunos avances, como la línea CALMA, dirigida a los hombres que atraviesan problemas emocionales, y otro tipo de programas culturales como ‘Tejiendo Mundos de Igualdad’, en donde los hijos de mujeres víctimas de violencia de genero reciben talleres creativos en contra de la naturalización de la violencia.

Las acciones y las cifras, por más confusas que sean, parecen estar siendo superadas por una realidad estructural. Pese a ello, la frustración no debe llevarnos a desistir. El dialogo y retroalimentación entre la sociedad civil, la academia, y las instituciones debe persistir. Solo así se impedirá algún día que casos como el de Adriana terminen siendo una estadística más.

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