“No es posible el retorno sin articulación con gobiernos locales”: unidad víctimas

El pasado 17 de octubre, el alcalde Carlos Fernando Galán y la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, Isabelita Mercado, enviaron una carta dirigida a la directora de la Unidad de Víctimas, Liliana Solano, para pedirle acelerar el proceso de reubicación y retorno de las familias embera que aún permanecen en condiciones inhumanas en las UPI’s La Florida y La Rioja.

“Solicitamos respetuosamente incrementar los esfuerzos para garantizar los procesos de retorno y reubicación de la población que actualmente está asentada, debido a que llevan tres años esperando iniciar este proceso”, se lee en la misiva, donde además, manifiestan que “hemos tenido conocimiento que han reiterado su interés de retornar o reubicarse con ocasión de lo ocurrido en el Parque Nacional”.

Parte de la respuesta, llegó seis días después por parte de la directora Solano, quien sentenció que este proceso todavía no se puede llevar a cabo, no sin antes concluir el del pasado 8 de septiembre en el Parque Nacional.

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“Le hemos dado el reto a la Alcaldía para que puedan trabajar directamente con la población y adelantando los pasos del retorno. Mientras tanto, hasta no consolidar la llegada y la plenitud de garantías del pueblo Emberá que salió del Parque Nacional, no podríamos inmediatamente hacer este otro retorno que requiere todo el proceso de planeación que tuvo la salida del Parque Nacional para los pueblos que por años han esperado en este momento de la historia retorno en condiciones dignas”, sentenció.

Asimismo, agregó. “Esto no es posible si no es en articulación con los gobiernos locales, con los gobiernos departamentales, pero no solo de planeación, sino también con completa participación”, afirmó Solano.

A la par, las familias Emberá que estuvieron asentadas en el Parque Nacional, avanzan en la construcción de viviendas de emergencia en el Alto Andágueda. “Estamos entendiendo y trabajando con la comunidad en la construcción de las viviendas de emergencia, viviendas que no son construidas por el Ministerio de Vivienda y que por tanto hemos tenido que hacer un trabajo articulado con el liderazgo del pueblo Emberá para poder diseñarlas y construirlas,” explicó la directora de la Unidad para las Víctimas.

La situación de la comunidad embera

Según la Unidad de Víctimas, en la UPI La Florida han caracterizado 481 personas (equivalentes a 200 hogares). De estas, más de 100 hogares han manifestado su intención de retornar. Por su parte, en la UPI La Rioja, caracterizaron a 1.212 personas (equivalentes a 522 familias), de las que 626 personas (285 hogares) están preparadas para retornar.

Sin embargo, el inicio de este proceso es urgente, pues tras una visita de la Personería a la UPI La Rioja, ubicada en el centro de Bogotá, encontraron “riesgos biológicos por mal manejo de residuos, reflujo de aguas negras, presencia de vectores como ratas e insectos, conexiones improvisadas, peligro de explosión por cilindros de gas (existen entre 80 y 100 pipetas), cables eléctricos expuestos y, particularmente, riesgo de derrumbe de algunas estructuras”.

La evidencia señaló, además, que La Rioja no dispone de agua potable y que incluso hay filtraciones de agua en las paredes que representan un riesgo mayor debido a la cercanía con tomas eléctricas y pipetas de gas que tienen los puntos de las filtraciones. También se evidenció la insuficiencia de las baterías de baño y de servicios sanitarios en general, que ha traído consigo la proliferación de roedores e insectos y, por consiguiente, problemas de salud que afectan mayoritariamente a niños, niñas y adolescentes.

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“Ante el riesgo inminente de una tragedia, ya sea por el colapso de las instalaciones o la explosión de una pipeta de gas, es imperativo que se cumpla con la medida de seguridad ordenada por la Secretaría Distrital de Salud de trasladar, reubicar o integrar a la población que permanece en la UPI La Rioja”, adviertió el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

La medida a la que hace referencia Castro se expidió hace más de un año, el 26 de mayo de 2023, y ordena “la clausura de forma temporal y total de la UPI La Rioja”. Sin embargo, a pesar de la directriz de la Secretaría de Salud, las personas no fueron reubicadas y, tal y como indica el ente de control, la situación continuó escalando hasta llegar a las circunstancias actuales: riesgos de colapso, riesgos biológicos, malos manejos de residuos, reflujo de aguas negras y conexiones eléctricas improvisadas que dejan cables expuestos, entre otros problemas que necesitan atenderse de manera urgente.

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El pasado 17 de octubre, el alcalde Carlos Fernando Galán y la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, Isabelita Mercado, enviaron una carta dirigida a la directora de la Unidad de Víctimas, Liliana Solano, para pedirle acelerar el proceso de reubicación y retorno de las familias embera que aún permanecen en condiciones inhumanas en las UPI’s La Florida y La Rioja.

“Solicitamos respetuosamente incrementar los esfuerzos para garantizar los procesos de retorno y reubicación de la población que actualmente está asentada, debido a que llevan tres años esperando iniciar este proceso”, se lee en la misiva, donde además, manifiestan que “hemos tenido conocimiento que han reiterado su interés de retornar o reubicarse con ocasión de lo ocurrido en el Parque Nacional”.

Parte de la respuesta, llegó seis días después por parte de la directora Solano, quien sentenció que este proceso todavía no se puede llevar a cabo, no sin antes concluir el del pasado 8 de septiembre en el Parque Nacional.

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“Le hemos dado el reto a la Alcaldía para que puedan trabajar directamente con la población y adelantando los pasos del retorno. Mientras tanto, hasta no consolidar la llegada y la plenitud de garantías del pueblo Emberá que salió del Parque Nacional, no podríamos inmediatamente hacer este otro retorno que requiere todo el proceso de planeación que tuvo la salida del Parque Nacional para los pueblos que por años han esperado en este momento de la historia retorno en condiciones dignas”, sentenció.

Asimismo, agregó. “Esto no es posible si no es en articulación con los gobiernos locales, con los gobiernos departamentales, pero no solo de planeación, sino también con completa participación”, afirmó Solano.

A la par, las familias Emberá que estuvieron asentadas en el Parque Nacional, avanzan en la construcción de viviendas de emergencia en el Alto Andágueda. “Estamos entendiendo y trabajando con la comunidad en la construcción de las viviendas de emergencia, viviendas que no son construidas por el Ministerio de Vivienda y que por tanto hemos tenido que hacer un trabajo articulado con el liderazgo del pueblo Emberá para poder diseñarlas y construirlas,” explicó la directora de la Unidad para las Víctimas.

La situación de la comunidad embera

Según la Unidad de Víctimas, en la UPI La Florida han caracterizado 481 personas (equivalentes a 200 hogares). De estas, más de 100 hogares han manifestado su intención de retornar. Por su parte, en la UPI La Rioja, caracterizaron a 1.212 personas (equivalentes a 522 familias), de las que 626 personas (285 hogares) están preparadas para retornar.

Sin embargo, el inicio de este proceso es urgente, pues tras una visita de la Personería a la UPI La Rioja, ubicada en el centro de Bogotá, encontraron “riesgos biológicos por mal manejo de residuos, reflujo de aguas negras, presencia de vectores como ratas e insectos, conexiones improvisadas, peligro de explosión por cilindros de gas (existen entre 80 y 100 pipetas), cables eléctricos expuestos y, particularmente, riesgo de derrumbe de algunas estructuras”.

La evidencia señaló, además, que La Rioja no dispone de agua potable y que incluso hay filtraciones de agua en las paredes que representan un riesgo mayor debido a la cercanía con tomas eléctricas y pipetas de gas que tienen los puntos de las filtraciones. También se evidenció la insuficiencia de las baterías de baño y de servicios sanitarios en general, que ha traído consigo la proliferación de roedores e insectos y, por consiguiente, problemas de salud que afectan mayoritariamente a niños, niñas y adolescentes.

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“Ante el riesgo inminente de una tragedia, ya sea por el colapso de las instalaciones o la explosión de una pipeta de gas, es imperativo que se cumpla con la medida de seguridad ordenada por la Secretaría Distrital de Salud de trasladar, reubicar o integrar a la población que permanece en la UPI La Rioja”, adviertió el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

La medida a la que hace referencia Castro se expidió hace más de un año, el 26 de mayo de 2023, y ordena “la clausura de forma temporal y total de la UPI La Rioja”. Sin embargo, a pesar de la directriz de la Secretaría de Salud, las personas no fueron reubicadas y, tal y como indica el ente de control, la situación continuó escalando hasta llegar a las circunstancias actuales: riesgos de colapso, riesgos biológicos, malos manejos de residuos, reflujo de aguas negras y conexiones eléctricas improvisadas que dejan cables expuestos, entre otros problemas que necesitan atenderse de manera urgente.

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