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En las últimas horas, la Contraloría Distrital anunció que obtuvo un hallazgo fiscal de $5.400 millones por irregularidades en un contrato entre el IDU e INFERCAL S.A.S, el cual caducó en abril de 2024, cuyo fin era la conservación de malla vial en seis localidades de la capital: Usme, San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar, Candelaria y Santa Fe.
Por lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano, respondió a los señalamientos a través de un comunicado. En primera instancia, aclaran que el contrato entre el IDU y el contratista no se terminó unilateralmente por falta de pagos del contratista a los trabajadores. Sin embargo, la administración actual caducó el contrato por incumplimiento en el Plan Detallado de Trabajo, PDT, del más del 50 %, incumplimiento que afectó de manera grave y directa la ejecución del contrato.
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Así mismo, el contrato se recibió de la pasada administración y en la administración y en la alcaldía actual se decidió el proceso sancionatorio para caducarlo.
El director del IDU, Orlando Molano, afirmó frente a las acusaciones que, “cuando llegamos nosotros, esta administración, fuimos los que iniciamos los procesos sancionatorios. De hecho, esa caducidad tuvo un daño colateral, nos afectó el proyecto de la 127 con Boyacá. Pero fuimos nosotros quienes iniciamos las sanciones como la caducidad. Así que nosotros estamos absolutamente tranquilos” señaló el director.
La entidad añadió que impuso la caducidad y la consecuente cláusula penal (máxima sanción posible en vía administrativa) por el 20 %. “El IDU está revisando si ese 20 % cubre la totalidad de los perjuicios incluidos los valores relacionados con anticipo, de lo contrario se procederá a demandar”.
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¿De qué trata el hallazgo de la Contraloría?
En un inicio, el contrato fue suscrito en diciembre del 2021 entre el IDU e INFERCAL S.A.S. por un valor total de 35.000 millones de pesos. En su momento, el IDU desembolsó a una Fiducia, creada para administrar el contrato, un anticipo del 20%, es decir, de 7.000 millones de pesos.
Después de las investigaciones realizadas por la Contraloría, dentro de una Actuación Especial de Fiscalización al IDU, se estableció que de los 7.000 millones de pesos desembolsados por el IDU como anticipo, solo se tenía el soporte de 1.600 millones de pesos. Sin embargo, de los 5.400 millones de pesos restantes, no se encontraron soportes.
Lo anterior, llevó a la conclusión de que esos recursos no estaban soportados y tampoco se han recuperado, por lo que el contratista se declaró en insolvencia. Adicionalmente, en abril de 2024, se le declaró la caducidad del contrato por razones como: retrasos en el cronograma de obra, o el no pago de prestaciones sociales y salarios de sus trabajadores.
Este caso fue trasladado desde la Dirección del Sector Movilidad hacia la Dirección de Responsabilidad Fiscal, con el fin de que se inicie el correspondiente Proceso de Responsabilidad Fiscal.
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