‘No le saque la piedra a la montaña’

Andrey Téllez, 27 años, señala la montaña, la volqueta, la nube de polvo. “Mire, mire cómo sacan materiales de construcción. Hoy son tres las empresas que explotan recebo, roca y arenas amarillas en nuestro territorio. Se conocen como La Esmeralda, La Estrella y Explotaciones Pachón”, dice. Estamos en la única cancha deportiva que tiene el Instituto Cerros del Sur (Ices), en el barrio Jerusalén, sector Potosí, de la localidad de Ciudad Bolívar. Allí donde a falta de parques los “pelaos” crecen mirando un cerro que devastan a cielo abierto algunas empresas privadas todos los días, desde hace 19 años. Un cerro que, con muy poca capa vegetal, tiene un único árbol, el Palo del ahorcado, un eucalipto de más de 70 años, sitiado entre dos canteras, testigo mudo de las peregrinaciones de Semana Santa y de las transformaciones de esta parte alta de Bogotá.

Allí, al suroccidente, donde la pobreza es soberana, los servicios públicos son precarios, las calles sin pavimentar son la mayoría y levantan tanto polvo, como el que arrastran las fuertes y constantes corrientes de viento que sacuden la montaña explotada. Allí, donde tras la hospitalización de tres niños por las comunes enfermedades respiratorias, cerca de 300 personas, entre estudiantes y profesores del Ices, protestaron a la entrada de la cantera La Esmeralda. Ese día de finales de enero de 2014 jugaron fútbol e impidieron la entrada de volquetas, llevaron pancartas y protestaron contra la tos, que aseguran tiene que ver con los impactos a la salud que les dejan las canteras.

La explotación a cielo abierto deja en el aire millones de partículas de polvillo que empolva las calles, los techos, los muebles, los pisos de las casas, cuando se medio abren las ventanas. “¿Imagínese qué puede hacer con nuestros pulmones? No por ser de aquí nos merecemos un parque industrial minero al lado”, dice Téllez, egresado del Ices, licenciado magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y uno de los hijos de Ciudad Bolívar que sigue trabajando por su “territorio”, pese a los improperios y el tono amenazante de uno de los vigilantes de las canteras.

Téllez es el vocero de la mesa ambiental “No le saque la piedra a la montaña”, que desde hace dos años integra a siete colectivos que antes trabajaban por su lado. Hace 15 años, las Juntas Unidas de Arborizadora Alta presentaron la primera queja al Distrito por los impactos y el daño a las vías que les estaba dejando la extracción minera. Hoy son cerca de 50 personas. Todos de Ciudad Bolívar. “Este ecosistema es un colchón de amortiguamiento para el páramo, un reservorio de agua importante para la cuenca del río Tunjuelo. Ellos se escudan en que tienen los títulos mineros y el permiso ambiental, pero nosotros podemos señalar que no cumplen con los Planes de Manejo Ambiental que suscribieron”, sostiene Téllez.

Según el documento, las canteras tenían que cumplir cuatro condiciones que no están a la vista: la siembra de una cerca viva, la construcción de unos tanques de manejo de agua de escorrentía y el almacenamiento y la resiembra de la capa de tierra orgánica que han descapotado.

La explotación minera de Canteras Unidas La Esmeralda empezó cuando el entonces Ingeominas le otorgó un título minero, el 17 de agosto de 1995, por 30 años, para explotar a cielo abierto materiales de construcción, en un área de 169 hectáreas. Siete meses después, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le dio la licencia ambiental, el 15 de marzo de 1996. La mitad de esa área está en Bogotá y la otra pertenece a Soacha, pero los frentes de explotación están en la capital. Canteras Unidas La Esmeralda arrendó a tres empresas mineras más: Martín Viecco, El Oasis y Terrazas. La Secretaría Distrital de Ambiente sólo pudo acceder al expediente hasta 2010. Tres años después la cantera El Oasis fue sellada por el Distrito, aunque siguió operando durante siete meses más, según la mesa ambiental de Ciudad Bolívar.

El caso de Potosí es sólo uno de muchos. En Bogotá hay 6.937 hectáreas destinadas para minería, según la Agencia Nacional Minera (40 títulos mineros que ocupan 2.781 hectáreas, 10 solicitudes de contratos de concesión de 3.340 hectáreas y otras ocho solicitudes de legalización de 816 hectáreas). Lo equivaldrían a 17,3 parques Simón Bolívar o 3.340 canchas de fútbol.

En ninguna capital de Latinoamérica hay procesos de minería tan grandes como en la capital colombiana. La normativa es compleja y aunque pueda parecer un contra sentido permitir tanta explotación minera, por los altos costos ambientales y sociales que significa, no hay autonomía distrital para decidir estos temas.

Recientemente, tras los tropiezos en la aprobación del Código Minero, declarado inconstitucional por errores en el desarrollo de la consulta previa, el Gobierno Nacional aprobó el Decreto 934 de mayo de 2013, que determinó que “la decisión de establecer las zonas excluidas y restringidas de minería competen exclusivamente a las autoridades mineras y ambientales del orden nacional”.

“Este decreto a todas luces va en contravía del propósito del Distrito de no permitir la exploración, extracción o captación de los minerales existentes en su suelo o subsuelo urbano”, sostuvo el concejal de la Alianza Verde Antonio Sanguino, quien le ha hecho seguimiento al tema.

Aunque existe un reconocimiento de que la explotación minera no es un buen negocio para la ciudad, sí lo es para las empresas. Por ejemplo, mientras Cemex-Colombia y Holcim, dos grandes de esta actividad en Bogotá, obtuvieron utilidades netas por su operación en el país de $373 mil y $216 mil millones, respectivamente, entre 2012 y 2013. Mientras tanto, para ese mismo período la ciudad no recibió regalías, ni lo ha hecho a la fecha, con el nuevo sistema.

En contraste, sólo el desastre ambiental en el barrio Villa Jacky, de Ciudad Bolívar, en 2009, producto de la minería, que afectó a cerca de 70 familias, tuvo un costo de $3.073 millones para el Distrito. Una cifra que superó ampliamente el presupuesto de la Secretaría Distrital para mitigar estos problemas. En 2013, invirtió más de $624 millones para el control ambiental de la actividad minera y para 2014 y 2015 tiene programado cerca de $2.301 millones.

Esto sin hablar de los mineros ilegales. Según la CAR y la Secretaría de Ambiente, a la fecha hay 134 predios afectados por la actividad extractiva de materiales de construcción y arcilla. De esos, 102 están ubicados en el perímetro urbano y 98 son ilegales.

Pese a los esfuerzos y obstáculos (la Secretaría Distrital de Ambiente ha remitido sin respuesta tres oficios al Ministerio de Ambiente para que redefina las zonas compatibles con minería en Bogotá, como se lo pidió el Consejo de Estado y cuyo plazo vencerá la próxima semana), las acciones locales de control siguen siendo débiles e insuficientes. Así lo manifestó la Contraloría de Bogotá en su más reciente informe: “La Secretaría Distrital no ha logrado el cumplimiento de la implementación de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental por parte de los mineros, ni ha logrado aplicar el régimen sancionatorio”.

Pero quizás una de las mayores preocupaciones sobre la minería en Bogotá, que también recogió la Contraloría, es que no se consulten previa e informadamente a los ciudadanos para que sean ellos quienes decidan si quieren o no actividades extractivas en sus territorios. La sabana de Bogotá es de interés ecológico nacional, y así quedó escrito en piedra, en la Ley 99 de 1993. Téllez y sus compañeros de la mesa ambiental de Ciudad Bolívar lo saben: “Estamos dando esta pelea porque creemos que nuestro territorio debe estar ordenado de otra forma, porque cada vez más el verde de nuestro entorno cambia de tono por ese amarillo, pálido como la muerte”.

nherrera@elespectador.com

Andrey Téllez, 27 años, señala la montaña, la volqueta, la nube de polvo. “Mire, mire cómo sacan materiales de construcción. Hoy son tres las empresas que explotan recebo, roca y arenas amarillas en nuestro territorio. Se conocen como La Esmeralda, La Estrella y Explotaciones Pachón”, dice. Estamos en la única cancha deportiva que tiene el Instituto Cerros del Sur (Ices), en el barrio Jerusalén, sector Potosí, de la localidad de Ciudad Bolívar. Allí donde a falta de parques los “pelaos” crecen mirando un cerro que devastan a cielo abierto algunas empresas privadas todos los días, desde hace 19 años. Un cerro que, con muy poca capa vegetal, tiene un único árbol, el Palo del ahorcado, un eucalipto de más de 70 años, sitiado entre dos canteras, testigo mudo de las peregrinaciones de Semana Santa y de las transformaciones de esta parte alta de Bogotá.

Allí, al suroccidente, donde la pobreza es soberana, los servicios públicos son precarios, las calles sin pavimentar son la mayoría y levantan tanto polvo, como el que arrastran las fuertes y constantes corrientes de viento que sacuden la montaña explotada. Allí, donde tras la hospitalización de tres niños por las comunes enfermedades respiratorias, cerca de 300 personas, entre estudiantes y profesores del Ices, protestaron a la entrada de la cantera La Esmeralda. Ese día de finales de enero de 2014 jugaron fútbol e impidieron la entrada de volquetas, llevaron pancartas y protestaron contra la tos, que aseguran tiene que ver con los impactos a la salud que les dejan las canteras.

La explotación a cielo abierto deja en el aire millones de partículas de polvillo que empolva las calles, los techos, los muebles, los pisos de las casas, cuando se medio abren las ventanas. “¿Imagínese qué puede hacer con nuestros pulmones? No por ser de aquí nos merecemos un parque industrial minero al lado”, dice Téllez, egresado del Ices, licenciado magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y uno de los hijos de Ciudad Bolívar que sigue trabajando por su “territorio”, pese a los improperios y el tono amenazante de uno de los vigilantes de las canteras.

Téllez es el vocero de la mesa ambiental “No le saque la piedra a la montaña”, que desde hace dos años integra a siete colectivos que antes trabajaban por su lado. Hace 15 años, las Juntas Unidas de Arborizadora Alta presentaron la primera queja al Distrito por los impactos y el daño a las vías que les estaba dejando la extracción minera. Hoy son cerca de 50 personas. Todos de Ciudad Bolívar. “Este ecosistema es un colchón de amortiguamiento para el páramo, un reservorio de agua importante para la cuenca del río Tunjuelo. Ellos se escudan en que tienen los títulos mineros y el permiso ambiental, pero nosotros podemos señalar que no cumplen con los Planes de Manejo Ambiental que suscribieron”, sostiene Téllez.

Según el documento, las canteras tenían que cumplir cuatro condiciones que no están a la vista: la siembra de una cerca viva, la construcción de unos tanques de manejo de agua de escorrentía y el almacenamiento y la resiembra de la capa de tierra orgánica que han descapotado.

La explotación minera de Canteras Unidas La Esmeralda empezó cuando el entonces Ingeominas le otorgó un título minero, el 17 de agosto de 1995, por 30 años, para explotar a cielo abierto materiales de construcción, en un área de 169 hectáreas. Siete meses después, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le dio la licencia ambiental, el 15 de marzo de 1996. La mitad de esa área está en Bogotá y la otra pertenece a Soacha, pero los frentes de explotación están en la capital. Canteras Unidas La Esmeralda arrendó a tres empresas mineras más: Martín Viecco, El Oasis y Terrazas. La Secretaría Distrital de Ambiente sólo pudo acceder al expediente hasta 2010. Tres años después la cantera El Oasis fue sellada por el Distrito, aunque siguió operando durante siete meses más, según la mesa ambiental de Ciudad Bolívar.

El caso de Potosí es sólo uno de muchos. En Bogotá hay 6.937 hectáreas destinadas para minería, según la Agencia Nacional Minera (40 títulos mineros que ocupan 2.781 hectáreas, 10 solicitudes de contratos de concesión de 3.340 hectáreas y otras ocho solicitudes de legalización de 816 hectáreas). Lo equivaldrían a 17,3 parques Simón Bolívar o 3.340 canchas de fútbol.

En ninguna capital de Latinoamérica hay procesos de minería tan grandes como en la capital colombiana. La normativa es compleja y aunque pueda parecer un contra sentido permitir tanta explotación minera, por los altos costos ambientales y sociales que significa, no hay autonomía distrital para decidir estos temas.

Recientemente, tras los tropiezos en la aprobación del Código Minero, declarado inconstitucional por errores en el desarrollo de la consulta previa, el Gobierno Nacional aprobó el Decreto 934 de mayo de 2013, que determinó que “la decisión de establecer las zonas excluidas y restringidas de minería competen exclusivamente a las autoridades mineras y ambientales del orden nacional”.

“Este decreto a todas luces va en contravía del propósito del Distrito de no permitir la exploración, extracción o captación de los minerales existentes en su suelo o subsuelo urbano”, sostuvo el concejal de la Alianza Verde Antonio Sanguino, quien le ha hecho seguimiento al tema.

Aunque existe un reconocimiento de que la explotación minera no es un buen negocio para la ciudad, sí lo es para las empresas. Por ejemplo, mientras Cemex-Colombia y Holcim, dos grandes de esta actividad en Bogotá, obtuvieron utilidades netas por su operación en el país de $373 mil y $216 mil millones, respectivamente, entre 2012 y 2013. Mientras tanto, para ese mismo período la ciudad no recibió regalías, ni lo ha hecho a la fecha, con el nuevo sistema.

En contraste, sólo el desastre ambiental en el barrio Villa Jacky, de Ciudad Bolívar, en 2009, producto de la minería, que afectó a cerca de 70 familias, tuvo un costo de $3.073 millones para el Distrito. Una cifra que superó ampliamente el presupuesto de la Secretaría Distrital para mitigar estos problemas. En 2013, invirtió más de $624 millones para el control ambiental de la actividad minera y para 2014 y 2015 tiene programado cerca de $2.301 millones.

Esto sin hablar de los mineros ilegales. Según la CAR y la Secretaría de Ambiente, a la fecha hay 134 predios afectados por la actividad extractiva de materiales de construcción y arcilla. De esos, 102 están ubicados en el perímetro urbano y 98 son ilegales.

Pese a los esfuerzos y obstáculos (la Secretaría Distrital de Ambiente ha remitido sin respuesta tres oficios al Ministerio de Ambiente para que redefina las zonas compatibles con minería en Bogotá, como se lo pidió el Consejo de Estado y cuyo plazo vencerá la próxima semana), las acciones locales de control siguen siendo débiles e insuficientes. Así lo manifestó la Contraloría de Bogotá en su más reciente informe: “La Secretaría Distrital no ha logrado el cumplimiento de la implementación de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental por parte de los mineros, ni ha logrado aplicar el régimen sancionatorio”.

Pero quizás una de las mayores preocupaciones sobre la minería en Bogotá, que también recogió la Contraloría, es que no se consulten previa e informadamente a los ciudadanos para que sean ellos quienes decidan si quieren o no actividades extractivas en sus territorios. La sabana de Bogotá es de interés ecológico nacional, y así quedó escrito en piedra, en la Ley 99 de 1993. Téllez y sus compañeros de la mesa ambiental de Ciudad Bolívar lo saben: “Estamos dando esta pelea porque creemos que nuestro territorio debe estar ordenado de otra forma, porque cada vez más el verde de nuestro entorno cambia de tono por ese amarillo, pálido como la muerte”.

nherrera@elespectador.com