“Nuestro caso demuestra que sí existen los falsos positivos judiciales”

Foto: Paula Sánchez

Jonathan Cortés y Karo Cepeda cumplían 228 días de detención preventiva domiciliaria cuando salieron a buscar la libertad que habían perdido. La audiencia del 14 de junio, en la que les revocaron el beneficio de detención domiciliara para enviarlos a prisión, se acabó a las 11:20 a.m. y una hora más tarde, con maleta en mano, estaban lejos de su hogar. Dicen que se fueron por la injusticia, el miedo y la persecución que generó su activismo y labor informativa en el paro nacional de finales de 2021. Llevan cuatro meses exiliados, en un país ajeno, desde donde insisten en su inocencia.

Ante la ley, esta acción solo tiene un nombre: fuga de presos, hecho que, según el abogado Juan José Castro, agravaría su situación e, incluso, daría pie a un nuevo proceso en su contra. “Precisamente una de las finalidades que persigue la medida de aseguramiento es garantizar que las personas, eventualmente, cumplan su sanción”, explica.

Cortés y Cepeda son conscientes de que huir del país, a mitad de un caso como el suyo, legalmente no fue lo más correcto. También, que complicará el proceso, porque reforzará el argumento de la Fiscalía de que “son un peligro para la sociedad” y su relación con las acciones de la Primera Línea.

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Esta semana, desde la distancia, vieron la fortaleza del aparato judicial contra quienes participaron en los desmanes del paro nacional. Fue el caso de la primera condena (a cerca de quince años de cárcel) contra miembros de la Primera Línea. En esta ocasión fueron Sergio Pastor (alias 19), Marcela Ivonne Rodríguez, Johan Steven Sainea y Fernando Urrea, sentenciados por tortura y concierto para delinquir. A pesar de esto, dicen, que así como “valió la pena perder la libertad por informar en 2021”, hoy “vale la pena enfrentar lo que sea por recuperarla”.

Su caso

Tal como le revelaron a El Espectador en febrero pasado, los comunicadores empíricos y comunitarios tienen un centenar de videos y testimonios que, dicen, servirían para controvertir las evidencias de la Fiscalía, pero la falta de dinero es el obstáculo para una buena defensa. “Las pruebas, por sí solas, no sirven. Hay que organizarlas de tal manera que las acepte el juez y para eso hay que pagar $15 millones a un investigador especializado”, cuentan vía telefónica.

Volver a casa, por ahora, no es una opción. Creen que su destino está lejos de Latinoamérica porque, sospechan, así los absuelvan, los pueden matar. El argumento es que algunos medios los perfilaron como terroristas, mismo delito por el que la Fiscalía los señaló, situación que los ha convertido en blanco de amenazas y extorsiones.

El camino hacia el exilio

A Jonathan y Karo se les escucha cansados, pero lo camuflan con un breve entusiasmo que llega cuando les preguntan cómo han sido sus días desde que salieron de la capital. Nos comunicamos vía WhatsApp, pues, al estar fuera del país, es la única forma de tener contacto con el mundo que dejaron atrás. La llamada se corta y su voz suena robótica de vez en cuando, todo por la precaria conexión a internet que tienen en donde viven. “Si dejamos de hablar es que se fue la luz; eso pasa seguido”, advierten.

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Su ubicación, por seguridad, la saben dos o tres personas. Explican que si las autoridades montaron un operativo con treinta personas para trasladarlos a una cárcel, horas después de que les revocaron prisión domiciliaria, creen que pueden hacer lo que sea para capturarlos en donde estén. Jonathan, además, cree que esa decisión fue, más bien, un espectáculo político y no un proceso judicial, pues apenas faltaban cinco días para la segunda vuelta presidencial y, lo dicho por la Fiscalía en la diligencia, según él, habría tenido un aire tendencioso.

“El 26 de junio completábamos 240 días con medida de aseguramiento y sin ser acusados formalmente. Si se cumplía ese plazo podíamos haber quedado en libertad por vencimiento de términos. Con el proceso abierto, pero libres”, dijo Jonathan. Por su parte, Karo contó: “El juez aseguró que, al ser procesados con gran poder de convocatoria, querían evitar desmanes en el país si no llegaba a ganar Gustavo Petro. Pero eso fue una equivocación suya, pues si bien somos activistas, no estábamos vinculados a convocatorias de la Primera Línea frente al panorama electoral”.

A pesar de su inconformidad, la decisión estaba tomada. Terminada la audiencia, echaron a andar el plan: salir del país y buscar asilo político. Pero no resultó sencillo y por eso terminaron en un país del mismo continente, sin dinero, enfermos y con más problemas de los que ya cargaban. “Nuestra idea era llegar a una embajada, pero no se dio. Pensamos que al tener imputados delitos de lesa humanidad, como tortura y terrorismo, además de otros doce cargos, nos complicaba todo. Por eso salimos del país”, relataron los jóvenes.

“No fue una ruta convencional, hicimos muchas escalas en pueblos, para no ser rastreados. Nunca pasamos cédulas ni documentos. El jueves (16 de junio) ya estábamos saliendo de Colombia. Esta es una decisión que nuestra familia y amigos apoyan. Están felices de que no estemos pudriéndonos en una cárcel y con un proceso que no avanza”, agregaron.

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¿En qué va este caso?

Cortés y Cepeda fueron capturados el 26 de noviembre de 2021, luego de que la Fiscalía los vinculó con tres casos, en el marco de las protestas del año pasado, y les imputaron catorce delitos, los más graves tortura, terrorismo y secuestro. Se trata de la quema de una patrulla de la Policía, un bus eléctrico del SITP y la retención de varias personas cerca al portal Suba. Si bien, en alguno de estos casos estuvieron presentes, no significa que hayan actuado en pro del vandalismo. Al menos, es lo que evidencian los videos que guardan para su defensa.

El primer hecho ocurrió el 22 de julio de 2021 en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, en donde estaban destruyendo y quemando una patrulla de la Policía. Cuando inició la acción violenta, Jonathan, Karo y otro joven, que se unió a su equipo, registraban una marcha en La Gaitana. Al enterarse, fueron hasta la calle 139 mientras estaban en vivo vía redes sociales. En el video se ve cómo siguen informando sin participar, mientras el tercer joven saca al policía de la patrulla y lo deja al cuidado de Derechos Humanos. En apariencia, ninguno ataca el vehículo con bombas incendiarias, como dice la Fiscalía.

Nueve días después se presentó otro caso por el que solamente involucran a Karo. Según la imputación, seis jóvenes bachilleres de la Policía estaban cerca del Portal de Suba cuando fueron “retenidos por varias personas y les quitaron los documentos”. Incluso, los habrían agredido físicamente. Todo esto a las 6:00 p.m., cuenta la Fiscalía.

De acuerdo con los imputados, en ese instante ellos estaban en su casa, alistándose para salir con amigos. La cita que tenían era en el Chorro de Quevedo (centro de Bogotá), adonde llegaron a las 8:20 p.m. y para demostrar que ese día estaban en una fiesta, agregan, tienen conversaciones y fotos donde coordinaron el encuentro.

El último episodio ocurrió el 9 de agosto de 2021. Esa tarde los dos comunicadores comunitarios transmitían por redes sociales una manifestación en el humedal Juan Amarillo. Paralelo a ello, en la avenida Ciudad de Cali con calle 129, varios encapuchados quemaron un bus del SITP. Según explican los jóvenes, además de cubrir marchas, también eran activistas por el humedal, pues allí, al parecer, iban a realizar una construcción.

“Estaba haciendo un en vivo y estando en el humedal, un policía de la caballería me dice: ‘¿Qué hace acá metido? ¿Por qué graba el bus que se está quemando?’ En el video se escucha mi voz, se ve que salgo corriendo a ver qué pasaba. Cuando llegué, el bus ya estaba echando humo”, cuenta Jonathan. Por su parte, Karo no estaba en la zona, pues seguía en el humedal y llegó más tarde que Jonathan.

Este caso va a cumplir un año, pero apenas está en etapa de acusación, audiencia que vienen aplazando hace varios meses y la cual se llevaría a cabo el 13 de enero de 2023. Por ahora, la justicia no ha emitido ningún anuncio sobre la fuga de Jonathan y Karo, pero como los requirieron para el traslado a la cárcel, podrían abrirles una nueva investigación en su contra.

Los jóvenes son insistentes en que todo lo que han tenido que vivir en el último año ha sido producto de una persecución y un falso positivo judicial. Además, resaltan que su actividad de informar se vio manchada por hechos delictivos que no cometieron. Frente a la labor que Z11 desarrolló como medio de comunicación comunitario, la FLIP, antes de su detención, indicó que estaba documentando el caso para conocer más sobre el problema.

Jonathan y Karo, por ahora, no saldrán de donde están. Dicen que corren peligro, por ser una zona insegura, pero creen que es más peligroso estar en una cárcel o expuestos a la justicia colombiana. Quieren creer que saldrán bien librados tarde o temprano y que hallarán la forma de presentar sus pruebas para que se acabe la pesadilla.

Quienes deseen hacer un aporte económico para que los jóvenes activistas y comunicadores comunitarios puedan reunir el dinero para su defensa, podrán ingresar a esta vaki y conocer más de su historia.