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Redefinir el papel de las localidades y sus alcaldías es la meta del proyecto que impulsa en el Congreso la bancada de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá. La iniciativa responde a un viejo reclamo: la necesidad de replantear la organización administrativa de la capital, establecido en el Estatuto Orgánico.
Y no solo por contar con localidades como Suba o Kennedy, que tienen más habitantes que una ciudad capital como Bucaramanga, sino por los reiterados casos de corrupción. La Personería y la Contraloría han abierto 1.108 investigaciones en los últimos tres años contra alcaldes locales y sus funcionarios, por diversas irregularidades; pero solo unas cuantas han terminado en sanciones.
Desde que se estableció el Estatuto Orgánico de Bogotá, mediante el Decreto 1421, han surgido múltiples propuestas para modificarlo. Pero ninguno de los proyectos que se han radicado en el Congreso ha prosperado. “De hecho, esta norma no ha sido modificada hace 26 años, cuando fue creada, lo que la hace obsoleta ante la realidad de la ciudad y de sus necesidades administrativas”, asegura la congresista Katherine Miranda (Alianza Verde).
Las propuestas han sido casi las mismas por años. Una de ellas: redefinir las funciones de las Alcaldías Locales y las Juntas Administradoras Locales (JAL). En esta oportunidad se pone de nuevo el tema sobre la mesa, ante las críticas por el alto grado de burocracia y la falta de experiencia de quienes suelen asumir estos cargos.
Este es un tema que tampoco es ajeno para la Alcaldía. De hecho, la actual administración, con el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que radicará en los próximos meses en el Concejo, propuso reorganizar las localidades y redefinir el papel de sus mandatarios, así como pensar en nuevas organizaciones territoriales más equitativas.
Parte de esta iniciativa fue tomada por la bancada de representantes a la Cámara por Bogotá, quienes presentaron ante el Congreso un proyecto para modificar el Estatuto Orgánico de Bogotá. En principio, proponen reorganizar las localidades, incluir a los alcaldes locales dentro del gobierno distrital, redefinir los honorarios de los ediles y dar la oportunidad a las Juntas Administrativas Locales de realizar controles políticos a los funcionarios de sus localidades.
Aunque, en principio, el proyecto se tramitará en el Congreso, en caso de ser aprobado, realmente será el Concejo de la ciudad el que tendrá que reglamentar todas las modificaciones y tomar las medidas encaminadas a cumplir estos fines. Con esto, según José Daniel López (Cambio Radical), uno de los autores del proyecto, “se busca dar mayor responsabilidad y control al alcalde sobre lo que hacen los mandatarios locales. De paso, se propone reorganizar las localidades, para que sean mas homogéneas en habitantes y territorio”.
El proyecto
Con respecto a los alcaldes locales, que hoy dependen de la Secretaría de Gobierno, buscan que queden al mismo nivel de un secretario distrital. De esta manera, según el proyecto, no solo contarían con “la disponibilidad adecuada de recursos financieros, administrativos, logísticos y humanos, que garanticen su adecuado funcionamiento”, sino que tendrían la misma equivalencia salarial.
Además, buscan cambiar la forma de su elección. Actualmente, son las Juntas Administradoras Locales las encargadas de abrir la convocatoria, revisar las hojas de vida, entrevistar y elegir una terna, de la cual el alcalde de la ciudad debe designar al mandatario local. Ahora, la idea es invertir ese proceso: que el alcalde presente la terna y las JAL designen.
Para Claudia Candela, directora de liderazgo público de Probogotá, “se plantea algo distinto. Muchas veces el alcalde mayor tiene una terna de personas que no conoce, son de posiciones políticas distintas y con otras trayectorias profesionales. Con esta nueva forma él puede escoger personas con visión de ciudad, que él conoce y con las que ha trabajado. Esto garantiza que el elegido tenga mejores relaciones con la administración distrital”.
Por su parte, el politólogo Felipe Ortega, docente de la Universidad Sergio Arboleda, considera que no es la mejor medida, ya que, “a pesar de que se busca reducir la informalidad en esos cargos y promover la función descentralizada, sigue preocupando que se presente mayor clientelismo y nuevos casos de corrupción”.
Ortega asevera que darle a un alcalde local el mismo rango que un secretario puede dar mayor gobernabilidad, pero “no en todas las localidades se puede contar con esa institucionalidad, porque no son las mismas responsabilidades las que tiene el alcalde de Los Mártires que el de Sumapaz. Además, equiparar esta figura puede hacerles creer a los mandatarios locales que tienen mayores atribuciones que los otros altos funcionarios”.
Las localidades
Otro de los puntos relevantes de la propuesta es la reorganización de las localidades. Aunque no especifica qué hacer, el congresista Daniel López asegura que la idea es que sean homogéneas en población y tamaño, lo que implicaría un cambio en el mapa. “Generaría gastos extra, pero estos recursos saldrían de la división de las localidades”.
Al respecto, el economista Óscar Alfonso, catedrático de la Universidad Externado, señala que la mejor solución no es pensar en hacer más localidades sino reducirlas a 12. “Bajo criterios de equidistribución poblacional, de área y contigüidad. Esa organización partiría de la localidad Centro tradicional, la única que diferiría de estos criterios”. Con esto, de acuerdo al analista, permitiría ganar eficacia a la hora de tomar acciones.
Por último, se propone que las JAL puedan ejercer control político sobre los funcionarios de las localidades, opción que en este momento tienen los concejales de la ciudad, lo que, para Claudia Candela, fortalecería las capacidades de acción “como el ente encargado de acompañar la gestión de los alcaldes locales”.
Si bien, para Felipe Ortega es una práctica que se promueve en Latinoamérica desde los años 80, requiere una alta cultura política, pues “no es tan fácil ver a un ciudadano preocupado que participe de estos procesos, porque producen poco interés”. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá, por ahora esperan incluirlo en la agenda del Congreso, un paso que no se ha logrado en los más de veinte intentos que se han hecho por modificar el Estatuto Orgánico.
Sus promotores tan solo esperan que cuente con el mismo impulso que por ahora ha tenido el proyecto para incluir la segunda vuelta para las elecciones de alcalde en la capital y que este sea el primer paso para el estudio del documento completo que regula la administración de la capital.