Nuevo protocolo para protestas en Bogotá: ¿logrará prevenir el abuso policial?

En Bogotá, en promedio, se registran cuatro manifestaciones diarias, de las cuales, según registros de la Secretaría de Gobierno, el 98 % son pacíficas. El 2 % restante se caracteriza por los actos de vandalismo, que obligan a la intervención de la Fuerza Pública. Y pese a ser una pequeña proporción, son las que más retos implican, en especial por las reiteradas denuncias de violencia de los manifestantes, así como el uso excesivo de la fuerza oficial.

En Bogotá, en promedio, se registran cuatro manifestaciones diarias, de las cuales, según registros de la Secretaría de Gobierno, el 98 % son pacíficas. El 2 % restante se caracteriza por los actos de vandalismo, que obligan a la intervención de la Fuerza Pública. Y pese a ser una pequeña proporción, son las que más retos implican, en especial por las reiteradas denuncias de violencia de los manifestantes, así como el uso excesivo de la fuerza oficial.

Según la ONG Temblores, en el país se reportaron 299 casos de abuso policial en 2022, de los cuales el 45 % fueron en la capital.

Frente a este panorama, la Alcaldía de Bogotá sancionó recientemente un decreto que reglamenta el nuevo protocolo para la atención de protestas y manifestaciones en la ciudad que, con un enfoque de género y territorial, busca planear mejor las intervenciones y mayores controles a la hora de hacer uso de la fuerza estatal. La norma distrital será puesta a prueba a partir de esta semana, que arranca una nueva jornada de protestas (a favor y en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro), en las que el reto será garantizar los derechos humanos de los manifestantes.

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Nuevas ciudadanías, nuevos protocolos

Durante 2022 se registraron en Bogotá casi 2.100 manifestaciones promovidas desde diversos sectores. Por este gran universo de demandas sociales, las organizaciones pidieron actualizar el protocolo para atender las protestas, que cumplía siete años sin cambios, desconociendo las nuevas dinámicas de la lucha social en el país. Así, el objetivo del nuevo protocolo es proteger los derechos a la manifestación pública y establecer guías para evitar toda forma de estigmatización de las personas que participan en ellas.

“En los últimos años, se ha ido diversificando la protesta. Es decir, los hechos de violencia policial durante una protesta de 2019 son distintos a los que se presentan ahora con otros escenarios sindicales, universitarios y sociales”, manifestó Andrés Rodríguez, experto en DD. HH., quien participó en la construcción del protocolo.

En el caso de la violencia de género, para dar un ejemplo, Amnistía Internacional documentó que durante el 28 de abril y el 30 de junio de 2021, en las manifestaciones del paro nacional se registraron 28 casos de violencia sexual contra mujeres y personas LGBTI. De esta manera, el protocolo crea una nueva rutas de atención para víctimas de presunto abuso de autoridad y la ruta única a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio, en el marco de manifestaciones.

Para esto se crearán varias mesas de seguimiento, entre ellas unas con enfoque territorial y de género, en las que tanto organizaciones sociales, Alcaldía y Policía tendrán un puesto de mando unificado para dialogar sobre las medidas que se tomen a la hora de atender las protestas. Asimismo, la Alcaldía podrá “solicitar, de considerarlo necesario, al Ministerio Público la verificación pertinente sobre la dotación utilizada por las unidades de la Policía que intervengan en el desarrollo de la protesta pacífica”, como indica el Decreto 053 de 2023.

Los retos que persisten

A pesar de estos avances las denuncias por uso excesivo de la fuerza y abuso policial persisten en Colombia. Este diario conoció el caso de un joven (que pidió reservar su identidad), quien se encuentra internado en un hospital por una lesión ocular, que sufrió el pasado 11 de febrero como resultado de la activación de un arma no letal en una protesta en inmediaciones de la Universidad Nacional.

Producto de este hecho perdió la vista y se evalúa si pierde el ojo. Tras el hecho, la familia denunció ser víctima de hostigamientos de las autoridades en el centro médico, en el que permanece internado luego de los hechos, en una protesta por la calidad de la educación pública en la capital del país.

Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, el Distrito asegura que ha avanzado en la ruta de atención en víctimas de abuso policial en la ciudad. “Hemos creado una ruta por los abusos de la Policía, la cual está encaminada a cumplir todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otros compromisos internacionales, para garantizar las protestas”, indicó Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá.

Por su parte, algunos expertos indican que estas acciones necesitan ir acompañadas de una reforma a la Policía, para que el empleo de la fuerza de las autoridades sea en un grado proporcional a la amenaza a la que se enfrentan. Por su parte, organizaciones sociales agregan que hace falta acceso a la información sobre el número de casos de agresiones y vulneraciones de derechos humanos, así como a los procesos contra los funcionarios públicos implicados en actuaciones durante las protestas.

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Por el momento, la Alcaldía de Bogotá asevera que las redes de diálogo han contribuido a mejorar el panorama, a través de los equipos de la Red de Diálogo. Algo que esperan mejorar con la implementación del decreto, que también busca regular las funciones que deben cumplir cada una de las partes involucradas en la atención de las manifestaciones sociales. “Son programas que han posibilitado, en medio de las tensiones, armonizar más ese diálogo entre la ciudadanía, la Policía, los actores en movilización y las organizaciones”, indicó Andrés Rodríguez, experto en derechos humanos.

Por ahora los ajustes en los protocolos para atender la protesta social en Bogotá ya están en el papel. La nueva jornada de manifestaciones, que comienza hoy, será la oportunidad para ver su efecto y evaluar si un decreto es suficiente para desescalar la violencia que ha caracterizado una pequeña porción de las protestas en la ciudad.

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