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En la mañana de este jueves 16 de febrero, la Contraloría de Bogotá llevó a cabo una visita de seguimiento a la obra del puente de cemento entre el borde suroriental (Ciudadela Colsubsidio) y los barrios Santa Cecilia y Lisboa, del humedal Juan Amarillo, el cual une a la localidad de Suba con Engativá. Esta visita sería la tercera que se lleva a cabo desde junio del 2022, y se hace con la intención de verificar el avance real de la obra.
EN CONTEXTO: ¿Qué frenó la obra del puente del humedal Juan Amarillo?
El proyecto, a cargo de la Empresa de Acueducto de Bogotá, actualmente tiene un “contrato (suscrito en noviembre y en ejecución) por un valor total de $13.000 millones (incluida la interventoría)”, afirmó la Contraloría, asimismo, en medio de la auditoría de desempeño 198 en el Plan de Auditoría Distrital -PAD- 2021, periodo auditado 2020-2021, la entidad encontró un hallazgo administrativo fiscal por $16.451 millones.
Todo esto porque la obra, que estaba siendo construida por el consorcio Obras Juan Amarillo, quedó detenida, por lo tanto, el puente quedó sin terminar, además, con medidas preventivas impuestas por la Secretaría Distrital de Ambiente y una sanción ambiental en contra del Acueducto.
“Con la Dirección del Sector de Servicios Públicos estamos vigilando para que esta obra, después de tantos inconvenientes, se culmine de la mejor manera”, agregó el contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
Todo esto después de advertir que “en el caso puntual de Juan Amarillo tenemos a dos comunidades, en Suba y Engativá, que tienen todo el derecho de disfrutar el humedal, pero por dificultades en la comunicación entre la Secretaría de Ambiente y el Acueducto, que ya se subsanaron, las comunidades han tenido que soportar las demoras”, agregó Ruiz.
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Para el contralor, la situación de la obra del Juan Amarillo, es similar a otros proyectos que se desarrollan en la ciudad: “que dejan abandonadas las obras y nuevos contratos que encarecen las mismas y que requieren de mayor rigurosidad en los procesos de supervisión e interventoría para que la plata de los impuestos de los bogotanos sea bien utilizada en las obras para las cuales fue destinada”, señaló.
Finalmente, la contraloría recalcó que estarán atentos a que la obra que está detenida sea la misma que va a continuar el nuevo contratista llamado Consorcio Restauración Juan Amarillo, “y no signifique empezar de cero”. Asimismo, en medio de la visita, evidenciaron que el nuevo contratista a cargo, en conjunto con el Acueducto, están en la etapa de diagnóstico técnico, el empalme de la obra y revisando las solicitudes de permisos ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
¿Qué dice el consorcio Obras Juan Amarillo?
En conversación con El Espectador, Javier Mayorga, abogado del equipo jurídico del consorcio, señaló que las obras no continuaron porque los diseños que les entregó el Acueducto no correspondían a la realidad del terreno.
De acuerdo con Mayorga, la empresa a cargo intentó apropiar los diseños al terreno, sin embargo, no había relación con el espacio en el que se iba a desarrollar la obra. “Por ejemplo, señalaba puntos donde poner los pilotes, pero ahí no se podía”, contó el abogado.
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Es decir, los diseños indicaban construir en donde está prohibido, teniendo en cuenta que el humedal es un área protegida desde 1994. Incluso, el consorcio habría hecho sus propios diseños para poder continuar la obra de manera adecuada, sin embargo, el Acueducto los rechazó, no pagó la propuesta que presentada y decidió acabar con el contrato.
Después de esto, el Acueducto prefirió contratar al Consorcio Restauración Juan Amarillo y pagarle los $13.000 millones adicionales, que señala la Contraloría. Sin embargo, si la empresa de alcantarillado hubiera continuado con el contratista anterior, la adición sería de $7.000 millones.
Recordemos que este lío jurídico dejó dos demandas, una en contra del consorcio Obras Juan Amarillo por no continuar con la obra, y otra en contra del Acueducto por entregar unos diseños que no correspondían al terreno del humedal.
Por su parte, el Acueducto señala al consorcio de abandonar la obra y según la empresa, se suscribió el contrato en 2018 para hacer el puente, se empezó a ejecutar en 2019 y finalizó en 2021, porque el contratista no cumplió con el alcance estimado.
“Decidimos hacer los trámites por incumplimiento e iniciar también los temas legales de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, contó el Acueducto.
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