Obras de “desvalorización”: dolor de cabeza con trabajos que se pagaron y no han terminado

En Bogotá, el concepto de valorización, que se refiere al impuesto adicional que pagan los vecinos de una obra pública (por el beneficio que obtienen al incrementar el valor de sus inmuebles), está en entredicho. Al menos es lo que ocurre con los proyectos que aprobó el Concejo en 2018 y que tienen en el limbo casi $362.000 millones. Hoy, de 17 obras del proyecto, solo han entregado una. El resto están generando a los contribuyentes, por suspensiones y retrasos, todo lo contrario: desvalorización.

En Bogotá, el concepto de valorización, que se refiere al impuesto adicional que pagan los vecinos de una obra pública (por el beneficio que obtienen al incrementar el valor de sus inmuebles), está en entredicho. Al menos es lo que ocurre con los proyectos que aprobó el Concejo en 2018 y que tienen en el limbo casi $362.000 millones. Hoy, de 17 obras del proyecto, solo han entregado una. El resto están generando a los contribuyentes, por suspensiones y retrasos, todo lo contrario: desvalorización.

Eso es lo que están viviendo los vecinos del barrio El Retiro, en la localidad de Chapinero, donde se adjudicó la obra “Conexiones transversales, de las calles 73, 79B y 85” al grupo empresarial Grodco, la cual sigue inconclusa y a la fecha solo han soportado incomodidades y pérdidas económicas.

Los retrasos, al parecer, tendrían explicación por la pandemia del covid-19, según el contralor distrital, Julián Ruiz, quien agrega que eso explicaría en buena medida el incumplimiento. “Insistimos en que no se ha determinado pérdida de recursos, pero sí una pérdida de oportunidad, en especial cuando los recursos ya se recolectaron, pero las obras no las han entregado”.

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Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a febrero de 2023, del total de las obras de valorización contratadas solo se ha cumplido el 15 % de los cronogramas. De estos, en total, hay cinco que están suspendidos o con retrasos significativos, con múltiples prórrogas y salidas de contratistas por líos contractuales.

Los dolores de cabeza

Gran parte de los proyectos de valorización en cuestión se discutieron y diseñaron años atrás. Así lo describe Pilar Bustos, vecina del barrio El Retiro, en Chapinero, quien lidera una organización para vigilar y lograr la entrega de una obra que arrancó en diciembre de 2020. “Tenemos el caso de una vecina que asistió a las reuniones de divulgación de la obra y contribuyó, pero falleció. Jamás vio los beneficios del proyecto”, contó Bustos.

En promedio, la organización estima que cada vecino contribuyó con casi $6 millones para financiar la obra “Conexiones transversales, de las calles 73, 79B y 85”. No obstante, el grupo empresarial Grodco se ha visto enredado entre problemas financieros (por el retiro de financiamiento), así como de capacidad técnica, para hacer la obra.

De acuerdo con el último reporte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la obra cuenta con un retraso del 42 %, pero después de una reunión con la interventoría del proyecto, a principios de mayo, se informó a los vecinos que el contratista se comprometió a terminar los trabajos en menos de dos meses, es decir, en julio de 2022.

A pesar de la noticia, los vecinos son pesimistas, en especial por la evolución del proyecto. Recientemente, se ordenó demoler por segunda vez uno de los segmentos de los trabajos, por incumplir las condiciones de calidad que estableció el Distrito. Esto ha afectado los establecimientos comerciales del sector, que han sentido el impacto de las polisombras y las obras abiertas, como lo explica Melissa Solano, directora del Club Médico de Bogotá, quien asegura que los retrasos tienen en vilo la estabilidad económica de su negocio.

“Ellos se comprometieron a terminar en cuatro meses, realizaron los estudios y las revisiones, ya que contaban con la autorización del Club. Se iniciaron los trabajos con el compromiso de entregar el primero de diciembre de 2022, porque fuimos claros en que de no terminar para esta fecha, las pérdidas serían trascendentales. A la fecha no hay respuesta, nos están tomando del pelo con los tiempos de entrega y nadie responde por las pérdidas económicas”, indicó Solano.

En ese sentido, la comunidad denuncia que la instalación de baños y de senderos provisionales ha afectado la movilidad y la seguridad en el sector. Así, la organización de vecinos asevera que tuvo que crear un frente de seguridad privado para recuperar la tranquilidad en el sector, por el aumento de los hurtos.

¿Qué hay detrás?

Ante los retrasos de las obras de valorización se ha criticado la selección de los contratistas que hizo el Distrito. Así lo asegura la concejal Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo), quien afirma que gran parte de las empresas seleccionadas tienen antecedentes de incumplimientos en otras licitaciones públicas.

“Una de las fallas está en que el IDU adjudica la obra sin que los diseños estén listos, por lo que los proyectos no arrancan a tiempo. Además, se ha encontrado que en todos los consorcios hay un socio que tiene denuncias, investigaciones por incumplimiento y mala calidad de obra”, afirmó la cabildante.

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Frente a esto, Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), señaló que la entidad es consciente de este reto. En ese sentido, enfatizó que a pesar de que se realizan procesos rigurosos para la selección de los proponentes, existen problemas con la plataforma Colombia Compra Eficiente que impiden poner más controles al proceso.

“Al momento de abrir una licitación no podemos, por ejemplo, poner como requisito que sea una empresa con experiencia en obras en Bogotá. Lo que nos hemos encontrado es que los consorcios no cuentan con experiencia suficiente para llevar obras y planes de construcción que permitan terminar las obras”, indicó Sánchez a El Espectador.

En ese sentido, Sánchez dijo que elevó una petición al Gobierno Nacional para lograr controles más rigurosos en los procesos de licitación y evitar que se repitan estos procesos de contratación. Asimismo, que ha solicitado a los contratistas que entreguen un plan de trabajos para dar un parte de tranquilidad a la comunidad que ya pagó, casi en su totalidad, las obras de valorización en la ciudad.

“Las administraciones de la ciudad se han encargado de desprestigiar este mecanismo, y ni hablar de los contratistas. Ha sido tal el desprestigio de la valorización en Bogotá, que es muy difícil que en el futuro la gente se adhiera a ella y eso tendrá un costo alto”, concluyó la concejal Marisol Gómez.

Está por verse cómo se logra finalizar estos proyectos en la capital del país. El reto, a futuro, será recuperar la confianza de los capitalinos en este tipo de mecanismos, que de cierta forma su propósito es valioso, pero la ejecución ha dejado mucho que desear.

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