Operador de cementerios públicos dice que quiere ceder el contrato
Hoy se agotaba el plazo que le dio la Uaesp para definir si entregaba la operación o la cedía. El alcalde Carlos Fernando Galán debe nombrar director Ad hoc en la entidad, para que asuma el proceso.
Luego de años de pleitos e incumplimientos, al parecer el lío con la operación de los cementerios públicos de Bogotá podría tener una salida. Luego de que la Uaesp le impusiera una quinta sanción al operador Jardines de Luz y Paz, que lo obliga a dejar el contrato, se esperaba que este jueves optara por alguna de las únicas salidas que le quedaban: entregar la operación o ceder el contrato. Y se conoció que el representante legal de la cuestionada empresa finalmente manifestó al Distrito su intención de ceder.
“Solicitamos respetuosamente a la UAESP que le indique a Jardines de Luz y Paz de qué forma se realizaría el proceso de cesión del Contrato, en el que se señale expresamente los documentos necesarios que deberá acreditar el posible cesionario y ante cuál funcionario deben ser presentados”, instó el operador por medio de un radicado conocido por El Espectador.
Con esto, lo que viene es encontrar una empresa con experiencia y que quiera asumir la operación de los cuatro camposantos públicos, por el tiempo que le queda al contrato que es hasta mediados de 2026. Sin embargo, no será lo único: el o los candidatos que presente el actual operador deben ser estudiados por el Distrito, para saber si cumple con las mismas condiciones que se establecieron en la licitación de 2021.
Lea más: ¿Cómo se garantizará el servicio de cementerios públicos? UAESP respondió
En caso de no prosperar este camino, no quedará otro que encontrar un operador provisional por al menos cuatro meses, mientras el Distrito elabora y pone en marcha una nueva licitación para encontrar a un nuevo operador de los cementerios públicos.
El lío de los cementerios
Cuatro días completó el cierre de los cuatro cementerios distritales de Bogotá, por orden del consorcio Jardines de Luz y Paz. La decisión la adoptó en respuesta a la notificación de una nueva sanción, que lo inhabilita para continuar prestando el servicio. Mientras tanto, persistía la incertidumbre entre la población vulnerable, que es la mayor beneficiada de los servicios funerarios en los cementerios públicos.
La crisis que hoy vive la ciudad es producto de un cúmulo de líos con el contrato de operación, por $41.000 millones, que le adjudicó la Uaesp a Jardines de Luz y Paz, en junio de 2021, para que administrara los cuatro cementerios, por cinco años. A pesar de que las condiciones y el presupuesto de la licitación fueron claros, casi desde el comienzo el concesionario empezó a reportar pérdidas y conflictos. El gerente, Éder Parada, le dijo a El Espectador, que desde los primeros meses advirtieron que los ingresos no serían suficientes; habló de pérdidas por $2.600 millones, entre 2021 y 2023, y señaló que antes de asumir la operación, la empresa no había podido revisar, con detalle, los pormenores del contrato.
Esto llevó a que hace un año se presentara un episodio similar, al que vive hoy la ciudad. Ante el avance de un proceso sancionatorio, el contratista cerró los cementerios públicos, lo que obligó al Distrito a buscar una salida urgente para evitar la crisis. Luego de un diálogo, la ejecución del contrato continuó. Pero hoy, la situación es diferente: el consorcio ya no tiene margen de maniobra. Por eso, no solo cerró los cementerios, sino que radicó procesos judiciales contra Consuelo Ordóñez, actual directora de la UAESP, y el alcalde Carlos Fernando Galán. Al consultar la opinión del Distrito frente a la situación, Juan Pablo Estrada Sánchez, asesor externo de la UAESP, aclaró que ninguno de los funcionarios podía dar declaraciones, debido a que el operador los recusó.
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Luego de años de pleitos e incumplimientos, al parecer el lío con la operación de los cementerios públicos de Bogotá podría tener una salida. Luego de que la Uaesp le impusiera una quinta sanción al operador Jardines de Luz y Paz, que lo obliga a dejar el contrato, se esperaba que este jueves optara por alguna de las únicas salidas que le quedaban: entregar la operación o ceder el contrato. Y se conoció que el representante legal de la cuestionada empresa finalmente manifestó al Distrito su intención de ceder.
“Solicitamos respetuosamente a la UAESP que le indique a Jardines de Luz y Paz de qué forma se realizaría el proceso de cesión del Contrato, en el que se señale expresamente los documentos necesarios que deberá acreditar el posible cesionario y ante cuál funcionario deben ser presentados”, instó el operador por medio de un radicado conocido por El Espectador.
Con esto, lo que viene es encontrar una empresa con experiencia y que quiera asumir la operación de los cuatro camposantos públicos, por el tiempo que le queda al contrato que es hasta mediados de 2026. Sin embargo, no será lo único: el o los candidatos que presente el actual operador deben ser estudiados por el Distrito, para saber si cumple con las mismas condiciones que se establecieron en la licitación de 2021.
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En caso de no prosperar este camino, no quedará otro que encontrar un operador provisional por al menos cuatro meses, mientras el Distrito elabora y pone en marcha una nueva licitación para encontrar a un nuevo operador de los cementerios públicos.
El lío de los cementerios
Cuatro días completó el cierre de los cuatro cementerios distritales de Bogotá, por orden del consorcio Jardines de Luz y Paz. La decisión la adoptó en respuesta a la notificación de una nueva sanción, que lo inhabilita para continuar prestando el servicio. Mientras tanto, persistía la incertidumbre entre la población vulnerable, que es la mayor beneficiada de los servicios funerarios en los cementerios públicos.
La crisis que hoy vive la ciudad es producto de un cúmulo de líos con el contrato de operación, por $41.000 millones, que le adjudicó la Uaesp a Jardines de Luz y Paz, en junio de 2021, para que administrara los cuatro cementerios, por cinco años. A pesar de que las condiciones y el presupuesto de la licitación fueron claros, casi desde el comienzo el concesionario empezó a reportar pérdidas y conflictos. El gerente, Éder Parada, le dijo a El Espectador, que desde los primeros meses advirtieron que los ingresos no serían suficientes; habló de pérdidas por $2.600 millones, entre 2021 y 2023, y señaló que antes de asumir la operación, la empresa no había podido revisar, con detalle, los pormenores del contrato.
Esto llevó a que hace un año se presentara un episodio similar, al que vive hoy la ciudad. Ante el avance de un proceso sancionatorio, el contratista cerró los cementerios públicos, lo que obligó al Distrito a buscar una salida urgente para evitar la crisis. Luego de un diálogo, la ejecución del contrato continuó. Pero hoy, la situación es diferente: el consorcio ya no tiene margen de maniobra. Por eso, no solo cerró los cementerios, sino que radicó procesos judiciales contra Consuelo Ordóñez, actual directora de la UAESP, y el alcalde Carlos Fernando Galán. Al consultar la opinión del Distrito frente a la situación, Juan Pablo Estrada Sánchez, asesor externo de la UAESP, aclaró que ninguno de los funcionarios podía dar declaraciones, debido a que el operador los recusó.
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