Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La situación en los cementerios distritales sigue siendo crítica. No solo por la denuncias del presunto uso de hornos de cremación para desaparecer a jóvenes durante el marco del paro nacional, sino también por las presuntas irregularidades en la ejecución y vigilancia del contrato de los cuatro cementerios públicos de la capital del país.
Cabe señalar que el pasado 17 de enero la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) hizo un llamado urgente a la Fiscalía, con el fin de que se agilice la investigación sobre el presunto favorecimiento de contratos y, en particular, por la presunta apropiación ilícita de $5.800 millones por parte del operador Jardines de Luz y Paz, provenientes del contrato 415 de 2021 para la administración de los cementerios del Distrito.
En contexto: Uaesp solicitó a la Fiscalía medidas urgentes en caso de cementerios distritales
Ante estos señalamientos, el operador de los cementerios distritales anunció que interpondrá acciones legales en contra de los funcionarios de la Uaesp y de la interventoría ante estos señalamientos que asegura son infundados.
“Es preocupante, que una entidad del distrito teniendo acceso a toda la información financiera, acuse a la concesión de apropiarse ilícitamente de más de $5.800 millones, cifra que Jardines de Luz y Paz desconoce”, indicó el consorcio, a través de un comunicado.
En ese sentido, el operador aseguro que la entidad distrital no está reportando las cifras reales de los 18 meses de ejecución del contrato.
Durante este tiempo, aseguran las directivas, el consorcio ha realizado consignaciones por valor de $2.200 millones, de los cuales, la Uaesp ya ha retirado $800 millones por concepto de retribución, mientras que $1.400 millones permanecen en la fiducia creada en el contrato de concesión.
Podría interesarle: Fiscalía y Defensoría aseveran que no hubo desaparecidos durante protestas en Bogotá
Además de esto, el operador indicó que ha soportado, con sus propios recursos, la operación de los cementerios con cerca de $998 millones, para la entrega de subsidios funerarios a la población vulnerable; lo cuales no han sido reconocidos por el Distrito.
De esta manera, el consorcio aseguró su inocencia ante los señalamientos de la Uaesp y anunció acciones legales contra funcionarios de la entidad y de la interventoría para garantizar el debido proceso para poder demostrar el buen manejo que aseguran le han dado a los recursos públicos de la ciudad.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
