Operadores de aseo: ¿cobran más de lo que barren en Bogotá?

El pleito que libran los operadores de aseo en Bogotá, por el pago del barrido de vías y parques, tiene un nuevo capítulo. Esta vez, en la Superintendencia de Servicios Públicos abrió investigación y formuló pliego de cargos contra tres empresas por, presuntamente, haber recibido dinero, por encima de lo que valía el servicio prestado. Las implicadas son Área Limpia, Bogotá Limpia y Ciudad Limpia, a las cuales, según la investigación, entre febrero de 2018 y diciembre de 2020, les giraron casi $60.000 millones.

El pleito que libran los operadores de aseo en Bogotá, por el pago del barrido de vías y parques, tiene un nuevo capítulo. Esta vez, en la Superintendencia de Servicios Públicos abrió investigación y formuló pliego de cargos contra tres empresas por, presuntamente, haber recibido dinero, por encima de lo que valía el servicio prestado. Las implicadas son Área Limpia, Bogotá Limpia y Ciudad Limpia, a las cuales, según la investigación, entre febrero de 2018 y diciembre de 2020, les giraron casi $60.000 millones.

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La investigación responde a la queja que radicó Promoambiental en 2019, ante la Superintendencia de Servicios públicos, por el supuesto desbalance en el pago de la actividad de barrido y limpieza de calles en Bogotá. Para entender el pleito es clave saber que en Bogotá a los operadores de aseo les pagan este servicio según la cantidad de suscriptores y no por kilómetro barrido, como indica la norma nacional, que regula las tarifas.

El desbalance radica en que algunos operadores tienen zonas con muchos suscriptores y pocas zonas por barrer, por lo que el gasto es menor y el margen de ganancia es mayor, que para aquellos, como Promoambiental, que operan en zonas con pocos suscriptores y amplias zonas por limpiar como el centro de Bogotá y sus plazas. A modo de ejemplo, es como si les pagaran lo mismo al que les hace aseo a 100 bodegas (lo que implica un gasto adicional de recursos), que al que asea 100 apartaestudios.

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Esa ha sido la inconformidad de Promoambiental, que lleva años denunciando y pidiendo a Proceaseo, entidad que maneja y ordena los pagos derivados de la tarifa de aseo en Bogotá, que corrija, aplique la norma y, de paso, le reconozcan lo que le ha dejado de pagar, al usar una fórmula diferente a la que establece la norma. Su reclamo lo cuestionan los demás operadores, que lo consideran una maniobra desleal, pues conocía las condiciones antes de firmar el contrato.

Al comienzo, el denunciante había logrado una victoria, cuando un tribunal de arbitramento le dio la razón y ordenó que le pagaran según la norma nacional, que regula las tarifas. No obstante, quedó de nuevo en el limbo cuando el Tribunal Superior de Bogotá revocó dicha decisión, al decir que la justicia arbitral no era la adecuada para dirimir la disputa, sino la justicia civil, donde está el caso. Dicho fallo lo ratificó la semana pasada la Corte Suprema, al rechazar una tutela que radicó Promoambiental.

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Nuevo capítulo

Pero se abre un nuevo capítulo: una investigación que abrió el 20 de enero la Superintendencia de Servicios Públicos, que parece darle de nuevo la razón al denunciante. Tras analizar los argumentos del denunciante, recaudar información del contrato; de suscriptores; pagos, y barrido, la dirección de Investigaciones de la Superintendencia delegada para Acueductos, Alcantarillado y Aseo encontró que, al parecer, Área Limpia, Bogotá Limpia y Ciudad Limpia, incumplieron el régimen de prestación de servicios públicos, “al percibir una remuneración por encima del costo regulatorio, generando desbalance entre km pagados en la facturación de cada área y el costo del servicio prestado”.

Y lo respaldan con cifras. Por ejemplo, tras analizar lo que pagaron los suscriptores, entre febrero de 2018 y diciembre de 2020, contra los kilómetros barridos y el costo por kilómetro, calculan que Área Limpia recibió $88.730 millones, pero al aplicar la fórmula de tarifa regulada, solo le correspondían $50.727 millones, “presentando presunto superávit de $38.003 millones”. En el caso de Bogotá Limpia, en el mismo periodo recibió $77.321 millones, pero le correspondían $68.374 millones, registrando un ingreso adicional por $8.946 millones, y a Ciudad Limpia le giraron $105.512 millones, en vez de $83.538 millones, recibiendo un excedente de $21.974 millones.

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“En el análisis se evidencia un presunto desbalance. Por consiguiente, al no realizar la adecuada redistribución de los recursos y presuntamente apropiarse de los excedentes, las investigadas estarían afectando los criterios tarifarios previstos en la Ley 142 de 1994. Además, contrariando la norma, de que los operadores no podrán cobrar servicios no prestados, como en este caso”.

Esta situación, para el ente de control, pone en riesgo la operación del servicio de aseo, pues la mayor remuneración que presuntamente están percibiendo, proviene de kilómetros de barrido que no le están reconociendo a Promoambiental, generando un déficit de esta última, al no obtener una remuneración proporcional a la cantidad de kilómetros efectivamente barridos.

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El hecho no es nuevo y resalta la Superintendencia que, desde 2019, les indicó a los operadores y al Distrito, que debían modificar los acuerdos de barrido firmados en febrero de 2018 (cuando se adjudicó el contrato de concesión), para incluir las cláusulas de remuneración establecidas en la ley. A pesar de esto, el supuesto desbalance continúa, razón por la cual en la resolución de apertura de investigación reiteró la necesidad de suscribir un nuevo acuerdo de barrido.

Les recordó a los operadores, que están sometidos al régimen de prestación de servicios públicos, objeto de vigilancia y control de la Superintendencia y que, al firmar el contrato, se comprometieron a cumplir la Resolución CRA 720 de 2015. Por lo tanto, están sometidas a la regulación tarifaria, definida por la Comisión de Regulación de Agua, que fija los criterios y la metodología aplicable. Finalmente, dice que, de llegarse a probar la situación, sería considerado grave y los investigados serían objeto de sanciones como una multa hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales (casi $2.300 millones); suspensión de todas o algunas actividades; la solicitud de decretar la caducidad del contrato; cancelación de licencias; prohibición para seguir prestando servicios, y hasta la posesión de la empresa.

La defensa

Aunque los involucrados en esta apertura de investigación tienen 15 días hábiles para responder y entregar pruebas al proceso, su defensa, al igual que la de Proceraseo, ha sido la misma: que Promoambiental, luego de aceptar las condiciones del contrato, ahora pretenden cambiar las reglas en el camino, calificándola como una práctica desleal, pues de antemano conocía la realidad del contrato.

En medio de todo, Proceraseo radicó denuncia contra Promoambiental, al considerar que estaría inflando de kilómetros barridos de sus reportes, para intentar cobrar más de lo contratado y, así, obtener un mayor porcentaje del dinero recaudado a los suscriptores, disminuyendo la retribución de los demás concesionarios. Esto, dice, se evidenciaría al encontrar que el relleno sanitario “Doña Juana” no reporta un incremento en residuos de barrido, respecto a lo informado por Promoambiental.

Por ahora, el pleito por el barrido de áreas públicas de Bogotá sigue abierto. A la par del proceso sancionatorio, Promoambiental sigue a la espera de que se corrija la fórmula de distribución de recursos, para recibir lo que cree merece y los demás operadores que se ratifique que las cuentas se están haciendo bien.

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