Operadores del esquema de basuras en Bogotá: una labor entre claros y oscuros

Tras varios años de discusiones políticas y crisis de basuras en la ciudad, el modelo de concesión del esquema de aseo se ha vuelto el sistema imperante en los últimos años, a través de operadores que se encargan tanto de la recolección en las calles, como su disposición final en el relleno Doña Juana.

Para el caso del sistema de basuras en Bogotá, sus resultados, a casi cuatro años de su implementación, sigue sin ser claros. A pesar de que el sistema ha permito la reducción de los costos de la tarea de recoger y tratar los miles de toneladas de basuras que producen los capitalinos, en la ciudad persisten retos como la variación de la tarifa; el manejo de escombros y residuos sólidos; el reciclaje, y las disputas legales por el cumplimiento de los contratos.

Nota recomendada: Esquema de aseo, basuras y reciclaje: pecados capitales en Bogotá

Por su parte, en este momento, el mayor punto de crisis con los operadores de aseo en la ciudad se focaliza en la operación en el sur de la ciudad del relleno Doña Juana. De esta manera, el operador del sitio, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), tiene desde 2010 la demanda más alta que ha enfrentado Bogotá, del orden de $1,3 billones, por un presunto incumplimiento en la remuneración del contrato.

De esta manera, la gestión de los dos millones de toneladas que producen los capitalinos al año siguen siendo un reto tanto para su eficacia como sustentabilidad financiera que parecería, según expertos, que en la mayoría de los casos tiene origen en elementos que no se tuvieron en cuenta en momento de adjudicar los millonarios contratos.

La pelea por el barrido de la ciudad

Desde 2018 y hasta 2026, la tarea quedó en manos de cinco empresas privadas, que ganaron la licitación que abrió el exalcalde Enrique Peñalosa, al retomar el esquema de áreas de operación exclusiva y, de paso, desmontó el plan que había dejado el exalcalde Gustavo Petro (hoy presidente), para que la operación del aseo fuera pública, a través de Aguas de Bogotá.

Hoy la recolección está a cargo de Promoambiental, que opera en Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; Lime S.A., en Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda y Teusaquillo; Ciudad Limpia, en Fontibón y Kennedy; Bogotá Limpia, en Engativá y Barrios Unidos, y Área Limpia, en Suba. Pese a que cada una tiene su zona, sus pleitos han llegado a los tribunales.

“En ese momento varios expertos y empresas comentaron en la construcción del esquema que había inconsistencias que podrían generar problemas más adelante. Sin embargo, por la celeridad en que se adjudicaron los contratos, no se contemplaron, y eso causo mucha controversia que persisten hoy”, manifestó Ricardo Herrera, experto en servicios públicos.

De esta manera, en medio del contrato, que tiene vigencia hasta 2026, parece que la administración omitió un pequeño detalle de la Resolución 720 de 2015, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). En ella no solo se regula la tarifa de aseo. También establece, entre otras disposiciones, que el pago por el barrido de vías se debe hacer por kilómetros y no por usuario. Esta diferencia es el epicentro del pleito que mantiene un operador contra los otros cuatro.

Actualmente, los operadores le reportan al Procesador de información del Servicio de Aseo (Proceraseo) sus actividades, la cual es la encargada de administrar la bolsa adonde llegan los recursos de la tarifa de aseo. La entidad, de la que son socios los operadores, analiza la información y autoriza el pago por sus labores. No obstante, Promoambiental no se sintió bien remunerado, en especial, por su actividad de barrido de calles. ¿Su argumento? Que al estar pagando esta actividad por número de usuarios y no por kilómetro barrido, algunos estaban recibiendo dinero sin justificación.

Sin embargo, para otros de los operadores las pretenciones de Promoambiental no responden a una falla general del esquema de aseo en Bogotá, sino que en una práctica desleal del operador al conocer la realidad del contrato.

“Acá no está en juego la estabilidad financiera de la concesión, porque la estructura financiera fue parte del proceso de contratación, y ahí se revisaban las condiciones del contrato, y la fórmula tarifaria se basa en lo que paguen los usuarios. Lo que hizo Promoambiental fue cambiar en la marcha la manera en que cobraba para aumentar sus ganancias”, aseguró Manuel Páez, abogado de Lime S.A., operador de basuras en Bogotá.

Por su parte, tras la decisión la tumbó el Tribunal de Bogotá, que ordenó a un juzgado civil de Bogotá dirimir el conflicto, por lo que sigue vigente y cuya decisión final seguro se reflejará en la tarifa a los usuarios.

Crisis en el relleno

A pesar de que el contrato para la operación del relleno sanitario Doña Juana va hasta el 2024, no es clara la fecha en que el operador saldrá efectivamente de la planta debido a una cláusula del contrato que indica que la concesión irá hasta que termine la vida útil del relleno, a la cual según determinaciones tendría un par de décadas más.

La crisis, además de significar una demanda de $1,3 billones de pesos, también ha afectado el grado de maniobrabilidad de la administración para el manejo de los residuos aprovechables, debido a que mientras CGR permanezca en el sitio no se podrán instalar nuevas operaciones en el relleno. Por su parte, la Alcaldía de Bogotá demandó al operador por presentar documentos falsos a un juez, entre otros dos delitos.

“Ese proceso está en la Fiscalía, nosotros cumplimos con presentar las denuncia por tres presuntos hechos penales, pero serán las autoridades las que tomarán esas determinaciones”, indicó Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Podría interesarle: Alcaldesa de Usme, Mabel Sua, fuera del cargo

Además de esto, la efectividad de la concesión, que presentó la oferta económica durante el proceso de licitación, ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por los entes de control. Recientemente, la Contraloría de Bogotá encontró hallazgos fiscales por posibles irregularidades en inversiones por 163 mil millones de pesos para el tratamiento de lixiviados.

“La administración parece concentrarse en los pleitos, pero debería discutirse también en, ¿cómo logramos trabajar de verdad en la mano con los recicladores? ¿Cómo va a ser la gestión de recursos? ¿Cuáles son los incentivos para el aprovechamiento? Nosotros en eso seguimos fracasando como ciudad”, asegura la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde).

El reto del reciclaje

Según cifras del Distrito, en al capital se recicla el 18% de los residuos sólidos, como plástico, cartón, papel, vidrio, que representan en 38% de las basuras en Bogotá. Esta tasa se ha mantenido estable en los últimos años, y al compararla con capitales de la región es relativamente baja comparada a ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México.

“El 52% de los residuos que llegan al residuo Doña Juana son residuos orgánicos, y al enterarlo estamos perdiendo el dinero de la tarifa. Para eso vamos a tener recolecciones diferenciadas con nuestros operadores. Vamos a empezar un pilotaje en Suba y se trasladarán a toda la ciudad, para generar mayor cultura ciudadana. ”, aseguró Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Además de esto, el gremio de los recicladores de la ciudad denuncian que algunas empresas están contratando a empresas de servicios públicos, sin dejar competir a las familias que participan en esta labor. Este fue el caso de Corabastos que firmó recientemente un contrato para la gestión de residuos, que deja parcialmente por fuera a los recicladores.

De esta manera, en la capital persiste el desafío de tener un esquema de aseo sólido, que permita tanto la ganancia de los operadores así como un servicio de calidad para los ciudadanos, que demandan una mayor calidad de servicios públicos. Por su parte, expertos apuntan a que los operadores deberían realizar más actividades pedagógicas para mejorar el reciclaje en la ciudad.

Nota recomendaba: El incierto panorama del billonario pleito entre CGR y la UAESP, por Doña Juana

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Tras varios años de discusiones políticas y crisis de basuras en la ciudad, el modelo de concesión del esquema de aseo se ha vuelto el sistema imperante en los últimos años, a través de operadores que se encargan tanto de la recolección en las calles, como su disposición final en el relleno Doña Juana.

Para el caso del sistema de basuras en Bogotá, sus resultados, a casi cuatro años de su implementación, sigue sin ser claros. A pesar de que el sistema ha permito la reducción de los costos de la tarea de recoger y tratar los miles de toneladas de basuras que producen los capitalinos, en la ciudad persisten retos como la variación de la tarifa; el manejo de escombros y residuos sólidos; el reciclaje, y las disputas legales por el cumplimiento de los contratos.

Nota recomendada: Esquema de aseo, basuras y reciclaje: pecados capitales en Bogotá

Por su parte, en este momento, el mayor punto de crisis con los operadores de aseo en la ciudad se focaliza en la operación en el sur de la ciudad del relleno Doña Juana. De esta manera, el operador del sitio, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), tiene desde 2010 la demanda más alta que ha enfrentado Bogotá, del orden de $1,3 billones, por un presunto incumplimiento en la remuneración del contrato.

De esta manera, la gestión de los dos millones de toneladas que producen los capitalinos al año siguen siendo un reto tanto para su eficacia como sustentabilidad financiera que parecería, según expertos, que en la mayoría de los casos tiene origen en elementos que no se tuvieron en cuenta en momento de adjudicar los millonarios contratos.

La pelea por el barrido de la ciudad

Desde 2018 y hasta 2026, la tarea quedó en manos de cinco empresas privadas, que ganaron la licitación que abrió el exalcalde Enrique Peñalosa, al retomar el esquema de áreas de operación exclusiva y, de paso, desmontó el plan que había dejado el exalcalde Gustavo Petro (hoy presidente), para que la operación del aseo fuera pública, a través de Aguas de Bogotá.

Hoy la recolección está a cargo de Promoambiental, que opera en Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; Lime S.A., en Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda y Teusaquillo; Ciudad Limpia, en Fontibón y Kennedy; Bogotá Limpia, en Engativá y Barrios Unidos, y Área Limpia, en Suba. Pese a que cada una tiene su zona, sus pleitos han llegado a los tribunales.

“En ese momento varios expertos y empresas comentaron en la construcción del esquema que había inconsistencias que podrían generar problemas más adelante. Sin embargo, por la celeridad en que se adjudicaron los contratos, no se contemplaron, y eso causo mucha controversia que persisten hoy”, manifestó Ricardo Herrera, experto en servicios públicos.

De esta manera, en medio del contrato, que tiene vigencia hasta 2026, parece que la administración omitió un pequeño detalle de la Resolución 720 de 2015, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). En ella no solo se regula la tarifa de aseo. También establece, entre otras disposiciones, que el pago por el barrido de vías se debe hacer por kilómetros y no por usuario. Esta diferencia es el epicentro del pleito que mantiene un operador contra los otros cuatro.

Actualmente, los operadores le reportan al Procesador de información del Servicio de Aseo (Proceraseo) sus actividades, la cual es la encargada de administrar la bolsa adonde llegan los recursos de la tarifa de aseo. La entidad, de la que son socios los operadores, analiza la información y autoriza el pago por sus labores. No obstante, Promoambiental no se sintió bien remunerado, en especial, por su actividad de barrido de calles. ¿Su argumento? Que al estar pagando esta actividad por número de usuarios y no por kilómetro barrido, algunos estaban recibiendo dinero sin justificación.

Sin embargo, para otros de los operadores las pretenciones de Promoambiental no responden a una falla general del esquema de aseo en Bogotá, sino que en una práctica desleal del operador al conocer la realidad del contrato.

“Acá no está en juego la estabilidad financiera de la concesión, porque la estructura financiera fue parte del proceso de contratación, y ahí se revisaban las condiciones del contrato, y la fórmula tarifaria se basa en lo que paguen los usuarios. Lo que hizo Promoambiental fue cambiar en la marcha la manera en que cobraba para aumentar sus ganancias”, aseguró Manuel Páez, abogado de Lime S.A., operador de basuras en Bogotá.

Por su parte, tras la decisión la tumbó el Tribunal de Bogotá, que ordenó a un juzgado civil de Bogotá dirimir el conflicto, por lo que sigue vigente y cuya decisión final seguro se reflejará en la tarifa a los usuarios.

Crisis en el relleno

A pesar de que el contrato para la operación del relleno sanitario Doña Juana va hasta el 2024, no es clara la fecha en que el operador saldrá efectivamente de la planta debido a una cláusula del contrato que indica que la concesión irá hasta que termine la vida útil del relleno, a la cual según determinaciones tendría un par de décadas más.

La crisis, además de significar una demanda de $1,3 billones de pesos, también ha afectado el grado de maniobrabilidad de la administración para el manejo de los residuos aprovechables, debido a que mientras CGR permanezca en el sitio no se podrán instalar nuevas operaciones en el relleno. Por su parte, la Alcaldía de Bogotá demandó al operador por presentar documentos falsos a un juez, entre otros dos delitos.

“Ese proceso está en la Fiscalía, nosotros cumplimos con presentar las denuncia por tres presuntos hechos penales, pero serán las autoridades las que tomarán esas determinaciones”, indicó Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Podría interesarle: Alcaldesa de Usme, Mabel Sua, fuera del cargo

Además de esto, la efectividad de la concesión, que presentó la oferta económica durante el proceso de licitación, ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por los entes de control. Recientemente, la Contraloría de Bogotá encontró hallazgos fiscales por posibles irregularidades en inversiones por 163 mil millones de pesos para el tratamiento de lixiviados.

“La administración parece concentrarse en los pleitos, pero debería discutirse también en, ¿cómo logramos trabajar de verdad en la mano con los recicladores? ¿Cómo va a ser la gestión de recursos? ¿Cuáles son los incentivos para el aprovechamiento? Nosotros en eso seguimos fracasando como ciudad”, asegura la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde).

El reto del reciclaje

Según cifras del Distrito, en al capital se recicla el 18% de los residuos sólidos, como plástico, cartón, papel, vidrio, que representan en 38% de las basuras en Bogotá. Esta tasa se ha mantenido estable en los últimos años, y al compararla con capitales de la región es relativamente baja comparada a ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México.

“El 52% de los residuos que llegan al residuo Doña Juana son residuos orgánicos, y al enterarlo estamos perdiendo el dinero de la tarifa. Para eso vamos a tener recolecciones diferenciadas con nuestros operadores. Vamos a empezar un pilotaje en Suba y se trasladarán a toda la ciudad, para generar mayor cultura ciudadana. ”, aseguró Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Además de esto, el gremio de los recicladores de la ciudad denuncian que algunas empresas están contratando a empresas de servicios públicos, sin dejar competir a las familias que participan en esta labor. Este fue el caso de Corabastos que firmó recientemente un contrato para la gestión de residuos, que deja parcialmente por fuera a los recicladores.

De esta manera, en la capital persiste el desafío de tener un esquema de aseo sólido, que permita tanto la ganancia de los operadores así como un servicio de calidad para los ciudadanos, que demandan una mayor calidad de servicios públicos. Por su parte, expertos apuntan a que los operadores deberían realizar más actividades pedagógicas para mejorar el reciclaje en la ciudad.

Nota recomendaba: El incierto panorama del billonario pleito entre CGR y la UAESP, por Doña Juana

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