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Después de que el Tribunal Superior de Cundinamarca emitiría el fallo con el cual anuló la creación de La Rolita (operador público de transporte) han sido muchas las especulaciones y futuras acciones a tomar con las que se busca decidir el futuro de la empresa de transporte.
Nota en contexto: Alcaldía formulará nuevo proyecto de acuerdo para salvar a La Rolita.
Mientras que el Distrito ratificó su compromiso con la defensa de La Rolita, mediante la radicación ante el Concejo de un nuevo acuerdo que subsane los errores de pasado, los operadores privados insisten en que esta entidad debe ser liquidada en atención a las omisiones de ley durante su proceso de creación.
Después de que la alcaldía de Galán hiciera el anuncio, e incluso aclarara que la operación del operador se mantendría igual mientras se formula el nuevo acuerdo, El Espectador conoció que algunos operadores privados de transporte buscan formular nuevas acciones legales en contra de quienes estuvieron detrás de su creación.
Según fuentes relacionadas con estas empresas de transporte privado, que actualmente tienen contratos de operación con Transmilenio, se avecinan nuevas denuncias penales, disciplinarias y fiscales en contra de Claudia López, el exgerente de Transmilenio, Álvaro Rengifo, y los concejales que en su momento votaron a favor de la creación de La Rolita.
Los equipos legales de los interesados en llevar a cabo estas acciones están esperando a que el fallo del tribunal sea ratificado. Asimismo, frente a los anuncios de la alcaldía de Galán, consideran que extender la liquidación de La Rolita representaría un desacato. “La sugerencia de extender plazos para subsanar errores no debe aplicarse cuando se actúa bajo pleno conocimiento de la falta de cumplimiento legal. La omisión de un estudio de viabilidad para La Rolita es una grave falta que se realizó en contravención de los procedimientos y deberes públicos”, informó la fuente a El Espectador.
Incluso, algunos operadores privados de transporte, como SUMA, el cual aglutina el 80 % de la operación del sistema zonal de Ciudad Bolívar, han anunciado públicamente, desde el fallo del tribunal, que estarían dispuestos a acoger a las conductoras, y demás personal de La Rolita en sus filas, una vez sea finiquitado el proceso de liquidación de la empresa.
En vista de lo anterior, en medio del aluvión de demandas que está por desatarse, el destino final de La Rolita continúa siendo una incógnita. Si bien, las intenciones de la actual administración parecen ir encaminadas a su defensa, una nueva vuelta de tuerca en los tribunales podría obstaculizar el proceso de enmienda llevado a cabo por el Distrito y derivar en la liquidación definitiva de la empresa.
El lío de La Rolita
La historia del lío comienza cuando la administración de Claudia López presentó su Plan de Desarrollo Económico y Social en 2020, en el cual consagró la creación de La Rolita como una empresa distrital de transporte para atender el servicio que, se argumentó en ese momento, operaba sin la suficiente cobertura.
Pero la historia de la creación de La Rolita se puede rastrear a más de cuatro décadas atrás, época en la que ya se venía pensando en que el Distrito llevase la operación de servicios de transporte públicos. En medio de esta necesidad de movilidad y evidentes intereses de privados en este negocio, se integró a la movilidad de Bogotá el transporte público colectivo, gracias a que se habilitaron los permisos y el esquema tarifario, pero la operación quedó bajo el esquema privado. Posteriormente, en el 2010, la capital adjudicó el transporte público a través de unas concesiones en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público, actual sistema de transporte de la capital que, en suma, integra empresas privadas operadoras para llevar a cabo la operación completa de Transmilenio y SITP.
Deyanira Ávila, exsecretaria de Movilidad en la administración López, complementa el antecedente de La Rolita. “Después de más de cuatro décadas de no operar el distrito, La Rolita se crea con un fin exclusivo de prestar servicio de transporte y otras líneas de negocio que se abrieron posteriormente. Es uno de los proyectos, creo yo, más lindos y más incluyentes en transporte. Es también un ejercicio de prestación de transporte público para los bogotanos en una zona descubierta donde nadie quería prestar el servicio y hoy en día operan no solo buses, sino el cable y la red de electrolineras de Bogotá”.
Es así como la pasada administración estructuró un proyecto con una esencia verde e inclusiva. Todo esto, a pesar de que desde que fue plan, La Rolita tuvo un contrapeso legal de dos demandas que afrontaba aún cuando era solo un proyecto del PDD de Claudia López.
Una de las demandas que surgió fue la de Germán Calderón España, quien presentó una demanda de nulidad contra La Rolita, alegando que ese proyecto no era parte del programa político con que Claudia López ganó la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, la demanda no prosperó. La que sí lo hizo fue la de Felipe Bastidas Paredes, que finalmente tuvo el fallo a favor del juzgado.
En conversación con El Espectador, el abogado señaló sobre la demanda: “Cuando se hizo la inclusión de La Rolita, fui consultado por clientes privados para ver si esa auto sanción estaba cumpliendo los requisitos de ley. Al hacer ese análisis me encontré que existe toda una reglamentación, en la ley, que determina cómo las entidades públicas se deben crear. En este caso, la iniciativa es de la alcaldesa, y la creación es del Concejo que la aprobó. Pero esa iniciativa, por ley, debe tener un estudio que justifique la creación de esa entidad. En este caso, ese estudio no se hizo, y no se hizo porque el Distrito tuvo una interpretación distinta. Ellos pensaron que no era necesario, porque no estaban creando La Rolita, sino que estaban autorizando su creación. Pero esa interpretación no estaba conforme a la ley. Por eso se presentó la demanda que me da la razón tanto en primera, como en segunda instancia”, sentenció el togado.
El estudio que omitió la administración para configurar La Rolita, lo exige el artículo 69 de la Ley 489 de 1998. “El Concejo de Bogotá, sin exigir ese estudio, violando la ley, aprobó el artículo 91 del Acuerdo No. 761 de 2020, o Plan Distrital de Desarrollo”, agregó el abogado.
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