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La sumatoria de impactos derivados de un enemigo extraordinario -COVID-19- y de problemas ordinarios desatendidos, convirtieron a campos y ciudades en una olla a presión que creó un escenario perfecto para que oportunistas políticos y criminales sacaran la mayor ventaja posible de las necesidades y descontento de los colombianos.
El manejo errático del gobierno nacional a una iniciativa legislativa para aumentar los tributos con miras a fortalecer y sostener en el tiempo programas asistenciales dirigidos a los afectados por la pandemia, abrió la puerta para que la convocatoria a un paro nacional sirviera de vehículo para aprovechar dicho escenario.
Aunque dicha movilización se concretó gracias al legítimo deseo de las personas de exigir a las instituciones la rectificación del que consideraban un manejo errático de la pandemia, sus coordinadores y voceros en realidad estaban creando un escenario para exacerbar la inestabilidad, la conflictividad y fracturar a la sociedad.
En el primer día de paro, en Bogotá se registraron 31 heridos entre policías y civiles. Asimismo, 36 estaciones de TransMilenio y más de 200 buses fueron vandalizados. 70 días después, los heridos superaron los 1000 registros y los homicidios 80 en toda la nación. Solo en Bogotá, la destrucción vandálica fue estimada en más de 20.000 millones de pesos, afectando la vida y bienestar de los ciudadanos.
El costo de este periodo en la economía y el bienestar del país ha sido estimado en más de 6 billones de pesos. Aquellos, esperanzados en que las protestas solucionarían sus preocupaciones más urgentes, terminaron más afectados por la escalada de precios, destrucción de empleos y empeoramiento de la calidad de vida que el paro dejó en las ciudades.
En vista de los hechos ocurridos hace un año, esta semana las autoridades nacionales y locales deben estar en máximo estado de alerta y pleno alistamiento para anticipar, prevenir y gestionar la ocurrencia de hechos vandálicos y violentos en el marco de la conmemoración de la convocatoria del paro.
El ambiente tensionante creado a partir de la profundización de los efectos económicos de la pandemia, la confrontación política en un proceso electoral con muchas presiones, el ambiente general de descontrol en campos y ciudades, las limitadas capacidades operativas y el incremento de la pugnacidad contra la Fuerza Pública, constituyen un contexto de riesgo considerable.
El surgimiento y consolidación de organizaciones violentas urbanas, la reacomodación de bandas criminales (especialmente en el centro de la ciudad), un entorno urbano caótico, el debilitamiento de la unidad territorial urbana y una ciudadana con desconfianza estructural – herencias del paro de 2021- hacen que este contexto sea especialmente peligroso para Bogotá.
La experiencia reciente permite señalar que esta semana están en riesgo inminente el sistema de transporte masivo, las entidades bancarias, las sedes de partidos o movimiento políticos, el comercio, los medios de comunicación, así como los equipamientos de seguridad.
Las áreas de mayor riesgo son las localidades de Bosa, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar y Suba. Allí, los portales y estaciones de Transmilenio requieren especial atención. En un momento de crisis financiera del sistema de transporte, la destrucción de esta infraestructura sería un golpe a la estabilidad de la ciudad.
En la coyuntura actual, el centro de la ciudad y Usaquén cobran especial relevancia, dado el interés de actores criminales y terceros relacionados con estos de demostrar capacidad real de desestabilización. Los frentes de obra pública abiertos en toda la ciudad también constituyen una amenaza latente. Es imposible negarse a ver el riesgo exponencial de daños, desmanes y violencia que la ciudad enfrenta en esta semana.
Tras un año de continuados intentos de desestabilización, las autoridades civiles y los organismos de seguridad deben haber comprendido la magnitud y características de esta amenaza. Asimismo, ser conscientes del interés de actores desestabilizantes de sacar provecho electoral con telones de tensión social.
En ese sentido, cualquier protesta debe estar precedida de un proceso serio y confiable de planeación y coordinación que disminuya el riesgo de violencia y destrucción. De igual manera, debe estar en ejecución un plan para enfrentar de forma anticipada acciones vandálicas y violentas de las primeras líneas. Y en caso de que no se logre anticipar, un alistamiento completo para neutralizar este tipo de actos.
Ningún ciudadano cuenta con derechos más valiosos que los de otro. Las autoridades están obligadas a proteger la vida y bienes de los bogotanos, garantizar la movilidad, cuidar de los bienes públicos y prevenir un nuevo rompimiento del tejido urbano.
La ciudad y su gobernabilidad no soportarían otra jornada de destrucción. Los ciudadanos esperan que los responsables de la seguridad de la ciudad tomen con suficiente seriedad esta fecha y logren mitigar sus riesgos.