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Desde hace seis elecciones presidenciales vienen proponiendo reformar o acabar la Ley 100, en especial las EPS. No obstante, es importante señalar que de llegar a concretarse una idea como estas, Bogotá se vería severamente afectada, puntualmente por la incapacidad del sector público para asumir su manejo.
Porque el sistema tiene sus bondades. Entre sus aciertos están el haber logrado la cobertura universal en el aseguramiento, donde Bogotá alcanza el 98%, en su mayoría en el régimen contributivo. A esto se suma tener un fondo único, que maneja todos los recursos; contar con un plan de beneficios igual para todos; superar la segregación donde los pobres solo podían ir a los hospitales públicos, y haber mejorado el acceso a servicios, en especial de alta complejidad, que Bogotá concentra casi el 40% de los disponibles en el país.
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Claro está, no se han resuelto problemas originados, por haberle dado mayor énfasis a lo económico, dejando en un segundo plano la calidad y satisfacción con el servicio. Es así como algunos creyeron que racionar servicios controlaría el gasto, desconociendo que atender oportuna e integralmente al paciente es la mejor manera de obtener un buen resultado en salud, evitar atenciones innecesarias y ahorrar dinero.
La mayoría de las EPS no han sido diligentes en intervenir el riesgo en salud de sus afiliados, enfocándose en controlar el costo mediante engorrosos trámites, para acceder a los servicios o pelotear al paciente de unas a otras instituciones, que lo maltratan y retrasan su tratamiento. No obstante, acabar con las EPS en un sistema de aseguramiento, 18 de los cuales operan en Bogotá con una sola pública, podría hacer colapsar el servicio.
El sistema le dio prioridad a pagar por cantidad de servicios y no por resultados en salud y satisfacción, ofrecidos por más de 16 mil prestadores, cada uno por su lado y no por redes integrales, como dio ejemplo Bogotá creando 4 subredes públicas. De otro lado, los contratos de prestación de servicios al personal de salud no ofrecen un trato digno acorde a sus responsabilidades, que en el solo sector público de Bogotá superan los 16 mil.
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No existe un sistema único de información, lo que obliga al paciente a cargar con bultos de papel de su historial médico y a que la comunicación entre instituciones sea un imposible. También, la politiquería y la corrupción han debilitado por igual a EPS y hospitales, en especial a los públicos, de lo que no ha escapado Bogotá. Se debe volver a los gerentes elegidos por méritos y no por apoyos políticos.
Nadie discute que el sistema debe ser esencialmente preventivo, pero por mucha prevención que se haga, la gente indefectiblemente se va a enfermar y habrá que atenderla. Además, la verdadera prevención es responsabilidad de todos y no solo del sector salud, como por ejemplo hacer ejercicio, comer saludable, tener aire y agua limpia, controlar el consumo de alcohol y tabaco, y promover la seguridad vial, entre otros.
Acabar las EPS para volver al control público sería una catástrofe para Bogotá. Casi 30 años de construcción institucional no se pueden desperdiciar. Bogotá concentra los recursos especializados del país, la mayoría en el sector privado, que no tendrían como manejar, lo que afectaría al Distrito y a las regiones del país que la usan como sitio de referencia.