Opinión: Acabar la Policía

El mundo enfrenta una época convulsionada, como resultado del cambio de paradigmas sociales, la hiperconectividad, el debilitamiento de las instituciones frente a los ciudadanos. A esto se suma la aparición de herramientas para la vida cotidiana, que están lejos del control de los gobiernos, no importa cuál sea su modelo político o convicción frente a las libertades individuales.

En medio de esta turbulencia, las instituciones de seguridad pública a nivel global enfrentan un debate sobre el rol y los servicios que deben cumplir los cuerpos de policía, siendo la redefinición de su naturaleza, el revisionismo funcional y el debilitamiento de sus capacidades las áreas más comunes de discusión.

Este responde al mismo patrón, no importa el lugar donde se produzca: asociar la función de policía con la defensa de un “statu quo” general, la ampliación de beneficios institucionales y la protección de intereses particulares.

Dado que el punto de partida de esta discusión es la sindicación a los cuerpos de policía como represores y supresores de derechos en función de sus lógicas e intereses, se ha impuesto como solución el desmonte de las instituciones actuales como símbolo de una supuesta resignifcación de la función policial.

A manera de ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente de Chile propuso recientemente sustituir a la policía de ese país por un cuerpo civil, que ejerza sus funciones en un marco institucional y doctrinario que garantice los derechos humanos.

Frente a la ocurrencia de casos de abusos policiales, en algunas ciudades de EEUU se ha sugerido recortar al mínimo el presupuesto para departamentos de policía e incluso su cierre definitivo. En Austin – Texas el Concejo de la Ciudad disminuyó el 30% de los recursos para la policía local, conservando la potestad de ampliar los recortes.

Recientemente en Colombia un grupo de legisladores recomendó acabar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, en el marco de una campaña para el debilitamiento policial disfrazada de transformación, como reacción a la acción policial para la recuperación del orden en ciudades tomadas por vándalos y criminales.

La premisa general de quienes impulsan estas iniciativas se define como la necesidad de una deconstrucción policial como fórmula para recuperar la paz social. Un planteamiento fallido dado que el estado de desorden y frustración no tiene origen en la función policial.

Los cuerpos de Policía en las naciones democráticas además de aplicar la ley para proteger derechos y salvaguardar el orden para promover la convivencia ciudadana, también son la primera institución respondiente frente a las necesidades más urgentes de los ciudadanos y son enlaces con el resto de las instituciones.

Si bien estos servicios no están exentos de fallas en su prestación, debilidades en su planeamiento o problemas derivados de un liderazgo errado, su desmonte o debilitamiento no resolverá el estado general de crispación de la sociedad contemporánea. Ejemplo de esto es la actualidad del Portal de las Américas, causada por la limitación de la función policial que entregó el territorio a los delincuentes.

Toda nueva organización creada para cumplir estas tareas desarrollará su trabajo en el mismo contexto, con los mismos ciudadanos y, por tanto, similares riesgos y dificultades que las instituciones que fueron proscritas.

La única forma para que no fuera así sería que las nuevas instituciones no se dediquen a cumplir con la esencia propia de su naturaleza. Lo cual aseguraría el fracaso en el cumplimiento del objetivo que dio a la discusión: proteger derechos, promover convivencia y generar estabilidad.

La decisión de Austin ha significado el aumento de los homicidios y otros delitos, siendo el periodo con mayor inseguridad de esa ciudad en años. La propuesta de Chile pondría a la función policial más cerca de los intereses particulares de los políticos, para no hablar de un gobierno con poca afinidad por los derechos individuales.

Como puede verse reformar el marco institucional partiendo de racionamientos condicionados por intereses políticos o basados en dogmas que no son sopesados a la luz del contexto, siempre derivan en problemas de mayor magnitud que llevarán a desear un pasado mejor.

Un mejor servicio de policía en Colombia debe resultar de la evaluación y análisis de sus funciones, misiones y servicios, la correspondencia de su estructura y las capacidades asignadas. Nunca de tendencias globales desnaturalizadas del contexto interno, intereses politiqueros o gritos populistas que tras la defensa de derechos esconden el deseo de imponer un régimen.

Los colombianos debemos entender el rol de la policía en nuestra sociedad, promover su dotación y profesionalización, así impulsaremos el mejoramiento de su servicio y el cumplimiento de su misión, y alejaremos a los que quieren acabarla para crear una a la medida de sus intereses.

El mundo enfrenta una época convulsionada, como resultado del cambio de paradigmas sociales, la hiperconectividad, el debilitamiento de las instituciones frente a los ciudadanos. A esto se suma la aparición de herramientas para la vida cotidiana, que están lejos del control de los gobiernos, no importa cuál sea su modelo político o convicción frente a las libertades individuales.

En medio de esta turbulencia, las instituciones de seguridad pública a nivel global enfrentan un debate sobre el rol y los servicios que deben cumplir los cuerpos de policía, siendo la redefinición de su naturaleza, el revisionismo funcional y el debilitamiento de sus capacidades las áreas más comunes de discusión.

Este responde al mismo patrón, no importa el lugar donde se produzca: asociar la función de policía con la defensa de un “statu quo” general, la ampliación de beneficios institucionales y la protección de intereses particulares.

Dado que el punto de partida de esta discusión es la sindicación a los cuerpos de policía como represores y supresores de derechos en función de sus lógicas e intereses, se ha impuesto como solución el desmonte de las instituciones actuales como símbolo de una supuesta resignifcación de la función policial.

A manera de ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente de Chile propuso recientemente sustituir a la policía de ese país por un cuerpo civil, que ejerza sus funciones en un marco institucional y doctrinario que garantice los derechos humanos.

Frente a la ocurrencia de casos de abusos policiales, en algunas ciudades de EEUU se ha sugerido recortar al mínimo el presupuesto para departamentos de policía e incluso su cierre definitivo. En Austin – Texas el Concejo de la Ciudad disminuyó el 30% de los recursos para la policía local, conservando la potestad de ampliar los recortes.

Recientemente en Colombia un grupo de legisladores recomendó acabar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, en el marco de una campaña para el debilitamiento policial disfrazada de transformación, como reacción a la acción policial para la recuperación del orden en ciudades tomadas por vándalos y criminales.

La premisa general de quienes impulsan estas iniciativas se define como la necesidad de una deconstrucción policial como fórmula para recuperar la paz social. Un planteamiento fallido dado que el estado de desorden y frustración no tiene origen en la función policial.

Los cuerpos de Policía en las naciones democráticas además de aplicar la ley para proteger derechos y salvaguardar el orden para promover la convivencia ciudadana, también son la primera institución respondiente frente a las necesidades más urgentes de los ciudadanos y son enlaces con el resto de las instituciones.

Si bien estos servicios no están exentos de fallas en su prestación, debilidades en su planeamiento o problemas derivados de un liderazgo errado, su desmonte o debilitamiento no resolverá el estado general de crispación de la sociedad contemporánea. Ejemplo de esto es la actualidad del Portal de las Américas, causada por la limitación de la función policial que entregó el territorio a los delincuentes.

Toda nueva organización creada para cumplir estas tareas desarrollará su trabajo en el mismo contexto, con los mismos ciudadanos y, por tanto, similares riesgos y dificultades que las instituciones que fueron proscritas.

La única forma para que no fuera así sería que las nuevas instituciones no se dediquen a cumplir con la esencia propia de su naturaleza. Lo cual aseguraría el fracaso en el cumplimiento del objetivo que dio a la discusión: proteger derechos, promover convivencia y generar estabilidad.

La decisión de Austin ha significado el aumento de los homicidios y otros delitos, siendo el periodo con mayor inseguridad de esa ciudad en años. La propuesta de Chile pondría a la función policial más cerca de los intereses particulares de los políticos, para no hablar de un gobierno con poca afinidad por los derechos individuales.

Como puede verse reformar el marco institucional partiendo de racionamientos condicionados por intereses políticos o basados en dogmas que no son sopesados a la luz del contexto, siempre derivan en problemas de mayor magnitud que llevarán a desear un pasado mejor.

Un mejor servicio de policía en Colombia debe resultar de la evaluación y análisis de sus funciones, misiones y servicios, la correspondencia de su estructura y las capacidades asignadas. Nunca de tendencias globales desnaturalizadas del contexto interno, intereses politiqueros o gritos populistas que tras la defensa de derechos esconden el deseo de imponer un régimen.

Los colombianos debemos entender el rol de la policía en nuestra sociedad, promover su dotación y profesionalización, así impulsaremos el mejoramiento de su servicio y el cumplimiento de su misión, y alejaremos a los que quieren acabarla para crear una a la medida de sus intereses.