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Las controversias, por naturaleza, generan posturas antagónicas. Argumentar y defender con vehemencia la postura propia es legítimo y una obligación de quien corresponde y ante quién está llamado a resolverlas. Para eso no se requiere vilipendiar al contradictor ni desestimar al Juez.
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La defensa es una tarea de los apoderados y ante el Juez, no de las partes y ante los medios u otros errados escenarios. Siempre con argumentos sólidos y no con inanes ataques personales o simplemente circunstanciales. Lo que verdaderamente tiene valor para el Juez, que decide la controversia, es lo que se exponga, argumente y pruebe pertinentemente durante el proceso. Nada por fuera del expediente tiene valor alguno.
Los ataques al contradictor y al propio Juez, o los discursos demagógicos, son letra muerta, procesal y sustancialmente hablando. Solo enrarecen, innecesariamente, el ambiente judicial, denotan debilidad argumentativa y flaco favor le hacen a la democracia, que demanda el respeto irrestricto por la Justicia.
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Esta manera mediática de actuar “judicialmente” solo se había advertido en sui géneris abogados de intereses privados, que tienen como estrategia de defensa, presionar, indebidamente claro, a los Jueces para llevarlos a fallar en su favor o lo que es peor, para ambientar un fallo gris que pudieran haber acordado con estos por encima de la ley.
El caso entre el concesionario del Relleno Sanitario Doña Juana y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), independientemente del sentido de la decisión que el panel arbitral adopte, pasará a la historia no propiamente por su contenido y eventual condena al erario, sino por el hecho de que la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, se desbordó en descalificativos y ataques, no solo de su contradictor, sino de los árbitros, es decir, de la Justicia misma.
Lo sucedido en la sesión de la Comisión Quinta del Senado el pasado martes 28 de marzo, lo corrobora. No solo se advirtió un descomedimiento extremo con los árbitros Alberto Yepes Barreiro, Rodrigo Antonio Durán Bustos y Luis De Brigard Caro, todos de las más altas calidades personales y profesionales, sino que se hicieron afirmaciones imprecisas o, lo que es lo mismo, que no corresponden con la verdad.
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Sugerir que su antecesor -antes mentor- Enrique Peñalosa, accedió ligeramente a adelantar un tribunal de arbitramento, cuando lo propio no era discrecional del entonces alcalde, sino un acuerdo contractual de ineludible cumplimiento, es injusto y no es cierto. Los árbitros Barreiro y Durán efectivamente fueron designados por las partes de común acuerdo, de conformidad con la ley arbitral, bajo la administración de Enrique Peñalosa, pero no puede pasarse por alto que el árbitro De Brigard fue designado igualmente bajo la actual administración de López.
La defensa de la UAESP no se definió durante la administración de Peñalosa. Aquella la contrató la actual administración. Se contrató inicialmente a la abogada -de kilates- Sandra Morelli Rico, pero en breve, la propia alcaldesa la emprendió contra ella y la jurista prefirió renunciar al poder antes de poder actuar.
En su reemplazo, designaron a cualquier otro abogado, cometiéndose toda suerte de errores, siendo el mayor haber contrademandado al CGR, quedando así la UAESP -nadie más- contractualmente maniatada. Esto dio lugar a que se dictara una medida cautelar para evitar que la UAESP decidiera lo que ella misma había puesto en las manos del panel arbitral. No como, faltando a la verdad, expuso la alcaldesa en el Congreso.
A la Justicia se le presentan los hechos, los argumentos y las pruebas pertinentes para dejarla fallar conforme a la ley. Lo demás, es antidemocrático por ser arbitrario.
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