Opinión: Bogotá, capital ciudadana y solidaria de Colombia

La inseguridad en Bogotá no la causa la migración. Nunca hemos afirmado o siquiera sugerido eso. La inseguridad en Bogotá tiene multicausalidad estructural por el contexto nacional de criminalidad y por ser una gran ciudad que se presta para generar y lavar grandes rentas criminales. Y también tiene multicausalidad coyuntural por los mayores niveles de desempleo y pobreza derivado de la pandemia. Esa suma de factores ha hecho que se generen presiones de inseguridad en todo el país, con incrementos nacionales en los niveles de hurto violento y homicidio. De hecho, Bogotá no es la ciudad de Colombia más afectada por esos factores de inseguridad, sino una de las que mejor ha logrado controlarlos.

La estrategia de seguridad de Bogotá es comprensiva de esos diferentes factores estructurales y coyunturales. Incluye para lo coyuntural el más ambicioso plan de reactivación económica y rescate social para generar empleo, salvar microempresas, reducir pobreza y ampliar la oferta de educación y oportunidades, especialmente para jóvenes y mujeres. E incluye en lo estructural varios componentes operacionales, de inteligencia, investigación judicial y tecnología para enfrentar la nueva reconfiguración criminal del posconflicto con las Farc y la criminalidad pospandemia. De esa multicausalidad, la creciente vinculación de migrantes a estructuras criminales y su difícil judicialización por falta de plena identificación (¡obviamente los criminales no se registran en las oficinas de Migración!) viene creciendo como tendencia.

La población colombiana representa el 96 % de los residentes en Bogotá y la migrante el 4 %. En lo corrido del año el 85 % de los capturados en flagrancia han sido colombianos y el 15 % migrantes (cuatro veces su proporción en la población). El 17 % de los nacionales capturados son judicializados y retenidos en centro carcelario, mientras que sólo el 5 % de los migrantes capturados son efectivamente judicializados y retenidos. De 75 estructuras criminales relacionadas con narcotráfico, hurto violento y homicidio que se han desarticulado este año, en 25 había participación y reclutamiento de migrantes, equivalentes al 33 % del total. Por donde se le mida, hay hasta cuatro veces de sobrerrepresentación de la población migrante en la criminalidad y hasta un tercio de subrepresentación en la efectiva judicialización. Eso lo leen y aprovechan las estructuras criminales colombianas. Nada exacerba más la xenofobia que la impunidad y la evidencia de diferencias en el trato que reciben nacionales y migrantes.

De ahí surgió la propuesta de hacer patrullaje conjunto entre Policía y Migración para hacer no sólo capturas sino poder identificar, voluntaria o forzosamente, antes de que se venza el habeas corpus en 36 horas, a los colombianos y migrantes capturados y evitar que queden libres y sin judicializar por dificultades en su identificación y presentación de pruebas.

También le propusimos a Migración Colombia que queríamos ser la primera ciudad de Colombia en tener este mismo año debidamente registrada, identificada e integrada al Estatuto de Protección al Migrante al 100% de esta población. Queremos saber con precisión quiénes son los nuevos bogotanos, qué necesitan y eliminar cualquier barrera legal o administrativa que todavía les impide acceder plenamente a todos los servicios sociales, de empleo y oportunidades en nuestra ciudad.

Aún sin ese censo y registro, si algo ha hecho esta administración, es comprender, adaptarse y responder rápida y solidariamente al fenómeno migratorio. Es importante recordar que en Bogotá viven cerca de 380.000 migrantes venezolanos, el 20 % de los que hay en el país. Este número es superior a los que viven en Brasil (261.000), Panamá (118.000) y México (101.000). El 56 % son indocumentados o tienen un estatus migratorio irregular y el 75 % de migrantes tienen vocación de permanencia. Estamos ante una emergencia social de enormes proporciones, frente a la cual Bogotá ha respondido con generosidad, compromiso y responsabilidad a cargo de sus impuestos, pues no hay ningún apoyo adicional de recursos del Gobierno Nacional.

Hoy, 53.000 niños de familias migrantes o retornadas están matriculados en nuestro sistema de educación preescolar, básica, media y secundaria. Hemos atendido a través de diferentes servicios de integración social a 31.211 personas migrantes, refugiadas y retornadas, de las cuales, cerca de 11.000 son niñas y niños. En medio de la pandemia entregamos, entre junio de 2020 y junio de 2021, 6.065 kits de higiene y aseo, 10.555 kits alimentarios y 1.768 remisiones a transferencias monetarias; entre enero de 2020 y febrero de 2021, brindamos el beneficio de acogida transitoria a 3.205 personas; y en los jardines infantiles hemos atendido 5.200 niños de familias migrantes o retornadas.

El pasado 22 de julio, con el apoyo de ACNUR y varias embajadas, abrimos las puertas del nuevo Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes, Refugiados y Retornados (CEDID) en Kennedy, para continuar trabajando a nivel distrital por la integración social, económica y cultural de la población migrante.

Adicionalmente, el sistema de salud de Bogotá atiende a todos los migrantes venezolanos que lo necesitan, independientemente de su estatus migratorio, ejemplo de ello, a junio de este año, más de 100.433 migrantes regulares están afiliados a nuestro sistema de salud, y en todo caso atendemos por urgencias a todo migrante que lo necesite, asumiendo enteramente el costo en nuestra red pública hospitalaria. En particular, hemos creado por urgencias un sistema de atención y cuidado a madres gestantes y bebés de familias migrantes y retornadas que llegan muchas veces en calamitoso estado de deterioro de su salud. Los invito a que nos acompañen a los servicios de urgencias, obstetricia y pediatría de hospitales públicos como Meissen, Tunal o Kennedy para que constaten el servicio dedicado que allí les prestamos.

En conclusión, para atender a los nuevos bogotanos –personas migrantes o retornadas– con los impuestos que pagamos los bogotanos, entre 2020 y 2024, estamos invirtiendo $1,5 billones de pesos: cerca de $60.000 millones para atender a las niñas y niños en primera infancia y jardines infantiles; $1,3 billones para garantizar el acceso al resto del sistema educativo; $360.000 millones para atención en salud; y $100.000 millones para atención humanitaria y de emergencia.

Ninguna otra ciudad de Colombia ha hecho un esfuerzo fiscal y solidario mayor por la población migrante venezolana. Un esfuerzo que se empeñan en desconocer y distorsionar con absurdos calificativos de xenofobia a esta administración o a los colombianos que, con razón, claman mayor seguridad. En Bogotá seguiremos comprometidos con la atención y apoyo a la población migrante que lo requiera, y también haremos todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los residentes en nuestra ciudad.

Estoy convencida de que la mejor estrategia de seguridad y convivencia en este tiempo de pandemia empieza por la reactivación económica que genere más empleo e ingresos autónomos para nuestros ciudadanos, y por el rescate social que ayude a quienes cayeron en pobreza, especialmente a jóvenes y mujeres, a salir muy pronto de esa condición y recuperar su senda de más y mejor educación, ingresos propios y autonomía económica y ciudadana. Ciudadanos con empleo y oportunidades hacen ciudades más seguras.

Pero también creo que Bogotá y Colombia están en mora de superar la ya desueta política nacional de seguridad democrática. La Colombia del posconflicto armado con las Farc y las secuelas de la pandemia necesita con urgencia una nueva política de seguridad ciudadana, y sobre todo de seguridad cuidadana, que eleve a máxima prioridad de seguridad nacional las verdaderas prioridades de tranquilidad que reclaman, con razón, los ciudadanos de a pie: que no los roben en las esquinas, que no les asalten sus pequeños negocios, que no les quiten la vida por un celular, que sus calles y espacios públicos estén bien mantenidos e iluminados, que tengan trabajo y oportunidades, y sobre todo, que haya justicia, para que no dé lo mismo cumplir las normas que aseguran nuestra convivencia, que no cumplirlas. Más seguridad y justicia cuidadana y menos impunidad.

Elevar esos reclamos ciudadanos a máxima prioridad de seguridad nacional, dedicándole los esfuerzos e inversiones que en su momento se invirtieron para combatir los carteles o las FARC, es lo que los ciudadanos esperan. Mientras ese cambio de política nacional llega, Bogotá ha decidido formular y ejecutar a nivel local esa nueva política de seguridad cuidadana y darle toda la prioridad para que todos, no importa de dónde vengan, podamos vivir sin miedo en Bogotá.

La inseguridad en Bogotá no la causa la migración. Nunca hemos afirmado o siquiera sugerido eso. La inseguridad en Bogotá tiene multicausalidad estructural por el contexto nacional de criminalidad y por ser una gran ciudad que se presta para generar y lavar grandes rentas criminales. Y también tiene multicausalidad coyuntural por los mayores niveles de desempleo y pobreza derivado de la pandemia. Esa suma de factores ha hecho que se generen presiones de inseguridad en todo el país, con incrementos nacionales en los niveles de hurto violento y homicidio. De hecho, Bogotá no es la ciudad de Colombia más afectada por esos factores de inseguridad, sino una de las que mejor ha logrado controlarlos.

La estrategia de seguridad de Bogotá es comprensiva de esos diferentes factores estructurales y coyunturales. Incluye para lo coyuntural el más ambicioso plan de reactivación económica y rescate social para generar empleo, salvar microempresas, reducir pobreza y ampliar la oferta de educación y oportunidades, especialmente para jóvenes y mujeres. E incluye en lo estructural varios componentes operacionales, de inteligencia, investigación judicial y tecnología para enfrentar la nueva reconfiguración criminal del posconflicto con las Farc y la criminalidad pospandemia. De esa multicausalidad, la creciente vinculación de migrantes a estructuras criminales y su difícil judicialización por falta de plena identificación (¡obviamente los criminales no se registran en las oficinas de Migración!) viene creciendo como tendencia.

La población colombiana representa el 96 % de los residentes en Bogotá y la migrante el 4 %. En lo corrido del año el 85 % de los capturados en flagrancia han sido colombianos y el 15 % migrantes (cuatro veces su proporción en la población). El 17 % de los nacionales capturados son judicializados y retenidos en centro carcelario, mientras que sólo el 5 % de los migrantes capturados son efectivamente judicializados y retenidos. De 75 estructuras criminales relacionadas con narcotráfico, hurto violento y homicidio que se han desarticulado este año, en 25 había participación y reclutamiento de migrantes, equivalentes al 33 % del total. Por donde se le mida, hay hasta cuatro veces de sobrerrepresentación de la población migrante en la criminalidad y hasta un tercio de subrepresentación en la efectiva judicialización. Eso lo leen y aprovechan las estructuras criminales colombianas. Nada exacerba más la xenofobia que la impunidad y la evidencia de diferencias en el trato que reciben nacionales y migrantes.

De ahí surgió la propuesta de hacer patrullaje conjunto entre Policía y Migración para hacer no sólo capturas sino poder identificar, voluntaria o forzosamente, antes de que se venza el habeas corpus en 36 horas, a los colombianos y migrantes capturados y evitar que queden libres y sin judicializar por dificultades en su identificación y presentación de pruebas.

También le propusimos a Migración Colombia que queríamos ser la primera ciudad de Colombia en tener este mismo año debidamente registrada, identificada e integrada al Estatuto de Protección al Migrante al 100% de esta población. Queremos saber con precisión quiénes son los nuevos bogotanos, qué necesitan y eliminar cualquier barrera legal o administrativa que todavía les impide acceder plenamente a todos los servicios sociales, de empleo y oportunidades en nuestra ciudad.

Aún sin ese censo y registro, si algo ha hecho esta administración, es comprender, adaptarse y responder rápida y solidariamente al fenómeno migratorio. Es importante recordar que en Bogotá viven cerca de 380.000 migrantes venezolanos, el 20 % de los que hay en el país. Este número es superior a los que viven en Brasil (261.000), Panamá (118.000) y México (101.000). El 56 % son indocumentados o tienen un estatus migratorio irregular y el 75 % de migrantes tienen vocación de permanencia. Estamos ante una emergencia social de enormes proporciones, frente a la cual Bogotá ha respondido con generosidad, compromiso y responsabilidad a cargo de sus impuestos, pues no hay ningún apoyo adicional de recursos del Gobierno Nacional.

Hoy, 53.000 niños de familias migrantes o retornadas están matriculados en nuestro sistema de educación preescolar, básica, media y secundaria. Hemos atendido a través de diferentes servicios de integración social a 31.211 personas migrantes, refugiadas y retornadas, de las cuales, cerca de 11.000 son niñas y niños. En medio de la pandemia entregamos, entre junio de 2020 y junio de 2021, 6.065 kits de higiene y aseo, 10.555 kits alimentarios y 1.768 remisiones a transferencias monetarias; entre enero de 2020 y febrero de 2021, brindamos el beneficio de acogida transitoria a 3.205 personas; y en los jardines infantiles hemos atendido 5.200 niños de familias migrantes o retornadas.

El pasado 22 de julio, con el apoyo de ACNUR y varias embajadas, abrimos las puertas del nuevo Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes, Refugiados y Retornados (CEDID) en Kennedy, para continuar trabajando a nivel distrital por la integración social, económica y cultural de la población migrante.

Adicionalmente, el sistema de salud de Bogotá atiende a todos los migrantes venezolanos que lo necesitan, independientemente de su estatus migratorio, ejemplo de ello, a junio de este año, más de 100.433 migrantes regulares están afiliados a nuestro sistema de salud, y en todo caso atendemos por urgencias a todo migrante que lo necesite, asumiendo enteramente el costo en nuestra red pública hospitalaria. En particular, hemos creado por urgencias un sistema de atención y cuidado a madres gestantes y bebés de familias migrantes y retornadas que llegan muchas veces en calamitoso estado de deterioro de su salud. Los invito a que nos acompañen a los servicios de urgencias, obstetricia y pediatría de hospitales públicos como Meissen, Tunal o Kennedy para que constaten el servicio dedicado que allí les prestamos.

En conclusión, para atender a los nuevos bogotanos –personas migrantes o retornadas– con los impuestos que pagamos los bogotanos, entre 2020 y 2024, estamos invirtiendo $1,5 billones de pesos: cerca de $60.000 millones para atender a las niñas y niños en primera infancia y jardines infantiles; $1,3 billones para garantizar el acceso al resto del sistema educativo; $360.000 millones para atención en salud; y $100.000 millones para atención humanitaria y de emergencia.

Ninguna otra ciudad de Colombia ha hecho un esfuerzo fiscal y solidario mayor por la población migrante venezolana. Un esfuerzo que se empeñan en desconocer y distorsionar con absurdos calificativos de xenofobia a esta administración o a los colombianos que, con razón, claman mayor seguridad. En Bogotá seguiremos comprometidos con la atención y apoyo a la población migrante que lo requiera, y también haremos todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los residentes en nuestra ciudad.

Estoy convencida de que la mejor estrategia de seguridad y convivencia en este tiempo de pandemia empieza por la reactivación económica que genere más empleo e ingresos autónomos para nuestros ciudadanos, y por el rescate social que ayude a quienes cayeron en pobreza, especialmente a jóvenes y mujeres, a salir muy pronto de esa condición y recuperar su senda de más y mejor educación, ingresos propios y autonomía económica y ciudadana. Ciudadanos con empleo y oportunidades hacen ciudades más seguras.

Pero también creo que Bogotá y Colombia están en mora de superar la ya desueta política nacional de seguridad democrática. La Colombia del posconflicto armado con las Farc y las secuelas de la pandemia necesita con urgencia una nueva política de seguridad ciudadana, y sobre todo de seguridad cuidadana, que eleve a máxima prioridad de seguridad nacional las verdaderas prioridades de tranquilidad que reclaman, con razón, los ciudadanos de a pie: que no los roben en las esquinas, que no les asalten sus pequeños negocios, que no les quiten la vida por un celular, que sus calles y espacios públicos estén bien mantenidos e iluminados, que tengan trabajo y oportunidades, y sobre todo, que haya justicia, para que no dé lo mismo cumplir las normas que aseguran nuestra convivencia, que no cumplirlas. Más seguridad y justicia cuidadana y menos impunidad.

Elevar esos reclamos ciudadanos a máxima prioridad de seguridad nacional, dedicándole los esfuerzos e inversiones que en su momento se invirtieron para combatir los carteles o las FARC, es lo que los ciudadanos esperan. Mientras ese cambio de política nacional llega, Bogotá ha decidido formular y ejecutar a nivel local esa nueva política de seguridad cuidadana y darle toda la prioridad para que todos, no importa de dónde vengan, podamos vivir sin miedo en Bogotá.