El paro camionero ha puesto de manifiesto una dolorosa verdad: el gobierno nacional carece de herramientas efectivas para liderar un diálogo territorial. No es un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente. Las tensiones entre el gobierno central y las regiones brotan continuamente, provocadas por una gestión deficiente, el mal manejo de emergencias y la incapacidad de resolver los problemas de las comunidades más vulnerables.
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En ausencia de un canal adecuado de comunicación, las comunidades afectadas se ven obligadas a buscar alternativas (tanto formales como informales) para expresar sus necesidades. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no encuentran una respuesta efectiva. Al contrario, son ignoradas. Las pocas que logran ser atendidas, se topan con indiferencia y falta de soluciones reales.
Como resultado, las comunidades optan por tomar las calles, convertir sus reclamos en movilizaciones, marchas, plantones y protestas en diferentes partes del país. Bogotá es la ciudad con más protestas en Colombia. Vive esta realidad a diario. En la ciudad hay un promedio de cuatro manifestaciones al día, superando las 1.200 protestas anuales, absorbiendo el peso de la inconformidad social del país.
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En 2022, Bogotá implementó un sistema de monitoreo integral para las manifestaciones, un esfuerzo que ha permitido entender en detalle la dinámica de las protestas. A través de esta herramienta es posible identificar las razones detrás de las inconformidades, analizar dinámicas de movilización y evaluar el alcance de las protestas en tiempo real.
Gracias a este sistema, se sabe que desde 2022, 7 de cada 10 manifestaciones en Bogotá, no son contra la administración distrital, sino contra el gobierno nacional. Las inconformidades se concentran en la capital, y Bogotá paga las consecuencias de la inacción del gobierno central.
Hace dos años, el presidente Gustavo Petro anunció con bombo y platillo la creación de un sistema de diálogo territorial, cuyo propósito era acompañar las manifestaciones para reducir la conflictividad. Sin embargo, como muchas promesas de su gobierno, esta quedó en el aire. Lo que se presentó como un proyecto ambicioso, en la práctica, se ha reducido a unos cuantos funcionarios del Ministerio del Interior que, frente a las protestas, encienden sus computadores, monitorean redes sociales y llevan un conteo en Excel.
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Mientras tanto, Bogotá está sola. A pesar de que las protestas se dirigen principalmente contra el gobierno central, es la red distrital de diálogo (conformada por los y las gestoras de la Alcaldía) la que ha asumido el trabajo heroico de enfrentar estas tensiones en las calles. Con recursos limitados y un esfuerzo incansable, los gestores son los verdaderos protagonistas, negociando y mediando en situaciones complejas para garantizar que todas las expresiones políticas puedan coexistir pacíficamente.
El gobierno nacional debe tomarse en serio el proyecto de diálogo. La labor de los gestores locales no es suficiente para manejar una situación que demanda corresponsabilidad del gobierno central. Las ciudades no pueden seguir cargando solas con la responsabilidad de gestionar las consecuencias de políticas nacionales deficientes. Es urgente que el gobierno nacional asuma su rol, invierta en gestores territoriales capacitados y ponga en marcha un verdadero sistema de diálogo que intervenga en las protestas de manera constructiva y efectiva.
No basta con contar marchas desde un puesto de mando unificado ni con registrar eventos en redes sociales. Bogotá y las ciudades del país necesitan un acompañamiento real, recursos suficientes y un compromiso genuino. Los gestores distritales han demostrado ser héroes invisibles en el manejo de la conflictividad social. Pero su esfuerzo no debe ser en vano. Es hora de que el gobierno nacional asuma su responsabilidad y se sume a este esfuerzo, para que el diálogo no sea solo una palabra vacía, sino una realidad que transforme las tensiones en soluciones.
