A diario vemos los carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) utilizados para transportar congresistas, concejales de Bogotá, ministros, viceministros, directores de entidades descentralizados, miembros del gabinete distrital, exministros, excongresistas y algunos líderes políticos y de ONG, que parecen contar con la protección del Estado para invadir los andenes y vías de la capital del país, sin que la autoridad de tránsito diga o haga algo al respecto.
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Muchos ciudadanos del común nos hemos preguntado sí un vehículo asignado a la UNP tiene el aval para hacer lo que se le venga en gana, al punto en que los martes y miércoles resulta imposible transitar por las carreras 5 y 6, entre las calles 6 y 11, porque las invaden los carros de los esquemas de congresistas y personalidades de primer nivel del Gobierno Nacional y del Distrital. Lo mismo ocurre en la calle 85, entre carreras 9 y 15; la zona T, y los alrededores del Concejo de Bogotá.
¿El alcalde de Bogotá conoce esta situación? ¿sabe algo al respecto la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz? ¿Por qué hasta el momento no se ha visto un solo operativo sancionando los abusos que cometen los esquemas de seguridad de la UNP en estas zonas de Bogotá?
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Quedé sorprendido hace unos días al ver una intervención de los concejales María Victoria Vargas y Emel Rojas durante un debate en la Comisión de Plan de Desarrollo, del Concejo de Bogotá. Allí se quejaron por la invasión del espacio público, a la cual ellos mismos contribuyen cuando parquean su esquema de seguridad sobre las vías, especialmente la cabildante, quien deja el vehículo que la acompaña sobre la carrera 24, en el sector del Park Way, donde queda su oficina personal.
¿Hay acaso invasiones al espacio público malas e invasiones al espacio público buenas? En este caso las que protagonizan estos personajes, especialmente los concejales de Bogotá, quienes se supone deberían dar ejemplo. Entre otras, porque no deberían tener esquemas de seguridad, ya que no todos tienen riesgo. Sí es así, que nos digan a los bogotanos cuales son estas amenazas y de qué grupo armado ilegal provienen.
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No puede ser que, además de utilizar un carro pagado por el Estado, estas personas se dediquen a desafiar la autoridad de tránsito haciendo lo que se les viene en gana, mientras la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Tránsito dejan que les vean la cara.
Quienes reciben seguridad por parte del Estado no les basta con utilizar a sus escoltas para que les hagan mercado; paguen recibos; les lleven los niños al colegio; a la esposa al salón de belleza y demás extravagancias que se les ocurra.
No. Ellos además consideran que las normas de tránsito no son para ellos, y en los casos en que el agente de Tránsito les impone una multa, no solo acuden a la famosa frase de “usted no sabe quién soy yo” sino que, además, según me contaron personas que trabajan en la UNP y que piden la reserva de sus nombres, “obligan a los hombres que conforman el esquema a pagar el parte”, con la excusa de que no son quienes conducen. ¿Qué tal esto?
Pregunto una vez más: ¿dónde está la autoridad que se supone debe imponer la Secretaría de Movilidad? ¿será que la secretaría de Movilidad, Claudia Díaz, no se ha bajado del carro?