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Por estos días los concejos municipales y asambleas departamentales debaten sobre lo que será la hoja de ruta de sus gobiernos territoriales: los famosos planes de desarrollo. Esta visión acerca de lo que cada mandatario desea para su comunidad, no es más que la materialización de su programa de gobierno, de sus promesas de campaña en realidad. En otras palabras, es pasar del verbo a la acción, con todas las herramientas y las reglas de la administración pública.
Generalmente, los enfoques de estos planes de desarrollo están relacionados con seguridad, infraestructura, desarrollo social y económico. Sin embargo, en pocas ocasiones se incorpora como preocupación territorial el enfoque de sostenibilidad, que responda a las consecuencias del cambio climático, esto es, eventos meteorológicos extremos y cambios de patrones de las precipitaciones, entre otros, que afectan las diversas dimensiones del desarrollo, por ejemplo, el medio ambiente, la seguridad hídrica y la sostenibilidad son factores transversales que garantizan las condiciones para satisfacer las demás necesidades de la sociedad.
Como lo indiqué en una anterior columna, en diciembre de 2021 desde la RAP-E, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas (Pnud), diseñamos un Plan de Seguridad Hídrica que identifica las zonas más críticas de la Región Central en cuanto a desabastecimiento de agua, sugiere las políticas que se deberían implementar a corto, mediano y largo plazo, cómo debe ser la protección a los ecosistemas, entre otras prioridades.
Lo que ha venido ocurriendo en Bogotá, con el racionamiento de agua, y los problemas en el suministro del líquido vital en Ibagué, así como ciertas restricciones en otras zonas del país, se constituyen en un llamado de alerta para que orientemos esa política pública hacia la prevención, y para que implementemos planes, como el que he señalado de seguridad hídrica, que ha sido referente en Colombia y en América Latina.
Y es que, si bien la situación de los embalses ha mejorado levemente gracias a las lluvias y a algo de conciencia ciudadana, aún no podemos cantar victoria. Su nivel sigue siendo preocupante, por eso no podemos olvidar que, entre diciembre y marzo, 273 municipios de 24 departamentos registraron desabastecimiento de agua y tuvieron que pedir apoyo al Gobierno Nacional para enfrentar la crisis.
Sin embargo, no hemos terminado de atravesar esta problemática, y ya se vislumbra en el corto plazo una igual o peor, que ya hemos vivido en años anteriores: el Fenómeno de la Niña.
Entonces las preguntas y la preocupación vuelven a surgir. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar esta temporada de lluvias? ¿Cuáles son los planes de prevención y atención de emergencias que se han proyectado y planificado desde los entes territoriales? ¿Son los mismos de administraciones pasadas o han tenido ajustes de acuerdo a las nuevas dinámicas climáticas, demográficas y territoriales? Y en ese orden de ideas, ¿qué tan presentes están esas políticas en los actuales planes de desarrollo que se discuten?
Según el IDEAM, 183 municipios se encuentran en riesgo de inundaciones o deslizamientos, de los cuales, en Alerta Roja, hay 14 en el Meta, 10 en Cundinamarca, 10 más en el Tolima, cinco en Boyacá, y tres en el Huila; mientras que en Alerta Naranja hay 32 en Boyacá, 32 en Cundinamarca, 32 en el Tolima, siete en el Huila, y otros tres en el Meta.
La planeación debe procurar una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas que habitan nuestros territorios, su desarrollo integral desde diferentes ámbitos: económicos, sociales, culturales y ambientales; por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) deben ser el marco de referencia de cualquier política pública, y no pueden seguir siendo solo una retahíla de buenas intenciones que se referencian en los planes y proyectos pero que, a la hora de la verdad, solo son letra muerta en medio de tantas calamidades anunciadas.