Opinión: Radiografía de la seguridad urbana de Gustavo Petro
La política de seguridad evidencia las fortalezas y debilidades de la apuesta gubernamental para proteger ciudadanos, instituciones e intereses nacionales, ofreciendo pistas sobre la factibilidad de avanzar en la estabilidad, legalidad y seguridad nacional.
César Andrés Restrepo F.
El ministro de Defensa Iván Velásquez presentó la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz” que define la visión con la que el Gobierno nacional se dispone a crear seguridad, proteger los ciudadanos, las instituciones y los intereses nacionales.
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Esta es la hoja de ruta que determina la gestión y conducción de las Fuerzas Armadas, la contribución de otros sectores y niveles de gobierno al cumplimiento de su misión constitucional y el rol de los ciudadanos en la construcción de un ambiente de seguridad y estabilidad.
La política “Garantías para la Vida y la Paz” se traza como objetivo la protección de los habitantes del país mediante la generación de condiciones de seguridad urbana y rural con base en la reducción de la violencia como resultado del control territorial institucional.
En ese marco la seguridad urbana es un factor clave. La política define 13 acciones para su materialización que pueden integrarse en cinco campos de acción: gestión territorial, información para la lucha contra el delito, servicio de policía, convivencia ciudadana y transformación del contexto de seguridad.
En gestión territorial se anuncia un nuevo modelo de intervención especializado en áreas urbanas, con base en mecanismos de coordinación interinstitucional nacional-territorial que determinan las características del servicio de policía y se apoyan en instancias de participación ciudadana como apuesta para generar confianza institucional.
Sobre información se apuesta a fortalecer capacidades de prevención, investigación criminal e inteligencia policial, así como a desarrollar leyes acordes a los desafíos que imponen los fenómenos y estructuras delincuenciales de mayor impacto (el único mencionado explícitamente es la extorsión), con el fin de debilitar y desarticular el crimen.
La convivencia ciudadana se fundamenta en los planes locales de seguridad y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En esta juegan un papel específico el desarme de los ciudadanos, procesos de diálogo institucionalizados, la cultura ciudadana, la lucha contra la reincidencia y el reclutamiento ilícito. Todos esfuerzos coordinados con Mininterior.
Respecto al servicio de policía, se advierte el mejoramiento de los procesos de planeación con base en nuevas tecnologías y el fortalecimiento de capacidades (sin especificar cuáles) tanto en unidades nacionales como regionales.
Para la transformación del contexto se propone la mitigación de riesgos sociales y problemáticas generadoras de crimen a partir del diseño de entornos protectores para jóvenes vulnerables, planes de empleo, educación, salud y vivienda.
También se mencionan otras estrategias e iniciativas como Paz Total, lucha contra el narcotráfico y el crimen, ciberseguridad, protección de infraestructura crítica, gestión de desastres naturales, protección del capital natural son determinantes en la generación de estabilidad, seguridad e imperio de la ley en las ciudades.
A pesar de que la política incluye un gran menú de acciones, estas no se estructuran bajo una mirada integral que permita ver y enfrentar factores de altísimo riesgo para la seguridad urbana. Asuntos como las estructuras de seguridad ajenas a las FFAA –guardias de toda especie–, un pie de fuerza debilitado sin alternativas de reclutamiento, la superposición de la negociación al imperio de la ley o la particularización –y no focalización– de la protección.
La política tampoco logra dejar atrás la falsa dicotomía rural-urbana que debilita la operacionalidad, obstaculizando el despliegue simultáneo y sincronizado de acciones para debilitar factores de riesgo, anular espacios y oportunidades para la resiliencia del crimen. Una idea errada convertida en la principal justificación para la extirpación la Policía del núcleo de Seguridad y Defensa Nacional.
Por lo anterior, el desistimiento tácito a la refundación policial –una movida que empeoraría el deterioro de la seguridad al aislar a ese cuerpo de su foco misional– parece el reconocimiento de la falta de realismo, sostenibilidad y posibilidad de ejecución que caracteriza a esa iniciativa.
De otra parte, es extraño que Mindefensa no planteé requerimientos presupuestales, institucionales y normativos concretos para hacer realidad su política. El ejemplo más crítico es el pie de fuerza, una necesidad inaplazable dados los retos que impone el desarrollo de líneas de acción dirigidas a la prevención, la anticipación del delito, la desarticulación de estructuras y factores de riesgo.
En el contexto de Paz Total, la demanda de servicios policiales asociados a la negociación tiene alto potencial de debilitar la disponibilidad policial en las ciudades y poblaciones. El desafío planteado por alias “Mordisco” en el Sumapaz ejemplifica la debilidad a la que serán expuestos ciudadanos, territorios, ciudades e instituciones con servicios de seguridad mermados.
También es inexplicable que la política no defina un estado final deseado para 2026. Y aunque promete que lo dejará ver con el Plan Estratégico Sectorial, es irrefutable que una política pública que no se construya sobre indicadores macro es algo muy cercano a una retórica vacía con alto riesgo de fracaso en su ejecución.
Para cumplir con la seguridad urbana a la luz de la nueva política, el gobierno debe resolver con urgencia el déficit de capacidades operativas que exige el contexto de inseguridad creciente en el marco de una negociación, negar la subordinación de derechos y libertades de los ciudadanos a avances en la negociación y concretar un modelo de coordinación interinstitucional funcional.
Nota relacionada: Lo que se sabe del caso de los sacerdotes investigados por disparar contra policía en Bogotá.
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La política “Garantías para la Vida y la Paz” se traza como objetivo la protección de los habitantes del país mediante la generación de condiciones de seguridad urbana y rural con base en la reducción de la violencia como resultado del control territorial institucional.
En ese marco la seguridad urbana es un factor clave. La política define 13 acciones para su materialización que pueden integrarse en cinco campos de acción: gestión territorial, información para la lucha contra el delito, servicio de policía, convivencia ciudadana y transformación del contexto de seguridad.
En gestión territorial se anuncia un nuevo modelo de intervención especializado en áreas urbanas, con base en mecanismos de coordinación interinstitucional nacional-territorial que determinan las características del servicio de policía y se apoyan en instancias de participación ciudadana como apuesta para generar confianza institucional.
Sobre información se apuesta a fortalecer capacidades de prevención, investigación criminal e inteligencia policial, así como a desarrollar leyes acordes a los desafíos que imponen los fenómenos y estructuras delincuenciales de mayor impacto (el único mencionado explícitamente es la extorsión), con el fin de debilitar y desarticular el crimen.
La convivencia ciudadana se fundamenta en los planes locales de seguridad y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En esta juegan un papel específico el desarme de los ciudadanos, procesos de diálogo institucionalizados, la cultura ciudadana, la lucha contra la reincidencia y el reclutamiento ilícito. Todos esfuerzos coordinados con Mininterior.
Respecto al servicio de policía, se advierte el mejoramiento de los procesos de planeación con base en nuevas tecnologías y el fortalecimiento de capacidades (sin especificar cuáles) tanto en unidades nacionales como regionales.
Para la transformación del contexto se propone la mitigación de riesgos sociales y problemáticas generadoras de crimen a partir del diseño de entornos protectores para jóvenes vulnerables, planes de empleo, educación, salud y vivienda.
También se mencionan otras estrategias e iniciativas como Paz Total, lucha contra el narcotráfico y el crimen, ciberseguridad, protección de infraestructura crítica, gestión de desastres naturales, protección del capital natural son determinantes en la generación de estabilidad, seguridad e imperio de la ley en las ciudades.
A pesar de que la política incluye un gran menú de acciones, estas no se estructuran bajo una mirada integral que permita ver y enfrentar factores de altísimo riesgo para la seguridad urbana. Asuntos como las estructuras de seguridad ajenas a las FFAA –guardias de toda especie–, un pie de fuerza debilitado sin alternativas de reclutamiento, la superposición de la negociación al imperio de la ley o la particularización –y no focalización– de la protección.
La política tampoco logra dejar atrás la falsa dicotomía rural-urbana que debilita la operacionalidad, obstaculizando el despliegue simultáneo y sincronizado de acciones para debilitar factores de riesgo, anular espacios y oportunidades para la resiliencia del crimen. Una idea errada convertida en la principal justificación para la extirpación la Policía del núcleo de Seguridad y Defensa Nacional.
Por lo anterior, el desistimiento tácito a la refundación policial –una movida que empeoraría el deterioro de la seguridad al aislar a ese cuerpo de su foco misional– parece el reconocimiento de la falta de realismo, sostenibilidad y posibilidad de ejecución que caracteriza a esa iniciativa.
De otra parte, es extraño que Mindefensa no planteé requerimientos presupuestales, institucionales y normativos concretos para hacer realidad su política. El ejemplo más crítico es el pie de fuerza, una necesidad inaplazable dados los retos que impone el desarrollo de líneas de acción dirigidas a la prevención, la anticipación del delito, la desarticulación de estructuras y factores de riesgo.
En el contexto de Paz Total, la demanda de servicios policiales asociados a la negociación tiene alto potencial de debilitar la disponibilidad policial en las ciudades y poblaciones. El desafío planteado por alias “Mordisco” en el Sumapaz ejemplifica la debilidad a la que serán expuestos ciudadanos, territorios, ciudades e instituciones con servicios de seguridad mermados.
También es inexplicable que la política no defina un estado final deseado para 2026. Y aunque promete que lo dejará ver con el Plan Estratégico Sectorial, es irrefutable que una política pública que no se construya sobre indicadores macro es algo muy cercano a una retórica vacía con alto riesgo de fracaso en su ejecución.
Para cumplir con la seguridad urbana a la luz de la nueva política, el gobierno debe resolver con urgencia el déficit de capacidades operativas que exige el contexto de inseguridad creciente en el marco de una negociación, negar la subordinación de derechos y libertades de los ciudadanos a avances en la negociación y concretar un modelo de coordinación interinstitucional funcional.
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