Uno de los temas de más temprana aparición en la agenda del nuevo gobierno es la “Paz Total”, una estrategia que busca hacer pactos masivos, paralelos y descentralizados con organizaciones al margen de la ley para borrar del mapa nacional al crimen y la violencia.
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Voceros del gobierno y de su coalición parlamentaria ya anunciaron el inicio de contactos con interlocutores interesados en activar mesas de conversación para avanzar hacia acuerdos humanitarios, ceses al fuego y acuerdos de paz en el menor tiempo posible.
Entre sus interlocutores están grupos armados que aún desafían la Constitución, la ley y las instituciones, aquellos disidentes y removilizados que despreciaron la opción de La Habana, así como grupos criminales que estén interesados en arreglos “sociales y jurídicos”.
Esta estrategia plantea acciones novedosas. Se implementarán acuerdos a medida que avanza la negociación y no como resultado de esta. Además, los alcaldes podrían ser delegados a negociaciones con facciones u organizaciones locales.
También se ha dicho que los acuerdos serán vehículos para la definición de políticas públicas en todos los órdenes. Es decir, que la inversión y el esfuerzo estatal será influido determinantemente por estos, dado que “Paz Total” es considerada como la llave para la superación de los factores motores de la violencia y el crimen.
Si bien lo anterior define el marco general de la apuesta por la paz, es el desarrollo minucioso de los ejes centrales de estos procesos –legitimidad, reglas, seguridad y estado final deseado– lo que dejará saber qué tan cerca estará el gobierno de acabar el crimen y la violencia a partir de una negociación masiva y descentralizada. Como dice la sabiduría popular: el diablo está en los detalles.
Así las cosas, todas las actuaciones del orden nacional en relación con la “Paz Total” se convierten en un asunto crítico para la Alcaldía Mayor de Bogotá, dado que su planteamiento general anuncia desafíos considerables en términos de seguridad, gobierno local y estabilidad.
El ELN es uno de los riesgos más conocidos. Esta organización tradicionalmente acude a actos indiscriminados y de alto impacto para fortalecer sus posiciones en una mesa de negociación. En efecto, ya reapareció el MRP, una estructura paralela que ejecuta terrorismo para esa organización.
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Un ejemplo de lo anterior es la explosión de un carro bomba con un terrorista “kamikaze” en la Escuela de Policía General Santander, que dejó un saldo de 22 cadetes asesinados. Las autoridades de la ciudad deben estar ya monitoreando esta amenaza, mucho más cuando uno de sus principales líderes ha indicado no creer en el concepto de “Paz Total”.
De otro lado está la promesa de negociación con organizaciones criminales, que puede significar la apertura de la caja de pandora ante el desconocimiento general del sistema de crimen que se está consolidando en la ciudad.
Mientras que las autoridades policiales han estimado el número de organizaciones de este tipo en más de 190, la Fiscalía Seccional en más de 370, la Defensoría del Pueblo de 12 a 15 y la Secretaría de Seguridad ha informado un conteo que supera las 19.
La inexistencia de un inventario consolidado y de conocimiento público es un incentivo para el recrudecimiento de la violencia y el crimen del tamaño de Monserrate. Bien sea por la necesidad de demostrar méritos para una negociación o por el deseo de generar estructuras alternativas para el sostenimiento de posiciones en los mercados ilegales.
Lo anterior implica que la necesidad de caracterizar el sistema criminal local deja de ser una prioridad para una estrategia exitosa de desmantelamiento y construcción de confianza ciudadana, para convertirse en el insumo base sobre el cual la ciudad podrá saber qué tanto bien o qué tanto daño le traerá la “Paz Total”.
El tercer riesgo proviene de la capacidad institucional. El desarrollo de la política planteada es, en la práctica, una operación de seguridad intensa y robusta. Sin embargo, los anuncios del gobierno no incluyen ni el refuerzo de capacidades operacionales ni el robustecimiento de pie de fuerza disponible.
En un marco masivo y descentralizado de negociaciones, la legitimidad del proceso y su cumplimiento veraz demandará cantidades ingentes de FFAA que protejan cada uno de los núcleos de negociación, a los negociadores y el cumplimiento de su misión constitucional.
En tal sentido, la tensión entre la estrategia de paz del gobierno nacional y la seguridad de la ciudad en términos de capacidades podría ser resuelta a favor de la primera, dejando como resultado el incumplimiento de acuerdos de provisión de capacidades e incluso el debilitamiento de las existentes.
Finalmente, hay que dejar planteado los efectos de un desarrollo fallido de la estrategia de paz. En ese escenario, los flujos de desplazamiento hacia la ciudad se dispararían, demandando atención humanitaria de emergencia y ejercicios dinámicos de integración.; frente a lo cual, sería necesario hacer una evaluación de capacidades de atención y diseñar planes de respuesta.
La administración se enfrenta entonces al desafío de comprender, gestionar y generar respuestas a los riesgos que emanan de la “Paz Total”, so pena de que la gestión de la seguridad de la ciudad se vuelva aún más compleja.
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