Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las últimas dos semanas han sido particularmente intensas en la sensación de inseguridad de los ciudadanos. La discusión pública gira en torno a ataques con escopolamina y los descuartizamientos se convirtieron en una conversación cotidiana. Un sentimiento de temor que se aderezó con el reciente video de un conductor que atropelló a dos ladrones en moto, quienes pretendían huir luego de atacarlo a tiros.
Lea también: Opinión: Temporada de escopolamina.
Si bien la policía del cuadrante acudió en ayuda de los ciudadanos atacados y se produjo la captura de los delincuentes, volvieron a alzarse voces sobre la inutilidad de medidas como la restricción al parrillero. Difícil ignorar esto cuando se ve precisamente al pasajero de la moto disparando a sus víctimas.
Frente a cada caso emblemático de inseguridad y violencia, autoridades, formadores de opinión y ciudadanos abren discusiones sobre los factores que dan origen a estos delitos. También se hacen intensas evaluaciones sobre las acciones de respuesta, que al no resolver el crimen ni resarcir el daño, siempre terminan siendo desfavorables a las propias instituciones.
Capítulo aparte merecen las interminables discusiones conducidas por los medios de comunicación sobre la responsabilidad de las víctimas frente a agresiones de delincuentes, en las que se les acusa a estas de justicia por mano propia, incluso de no entender que vivimos en una sociedad de asesinos y ladrones.
Lo anterior se repite de manera sistemática, generando una dinámica de crecimiento sostenido del temor ciudadano, debilitando la legitimidad institucional y empoderando a los delincuentes. Tan importante como resolver los crímenes ocurridos, resultan las acciones para evitar que vuelvan a ocurrir
Lastimosamente, la conversación pública sobre seguridad pocas veces se dirige a analizar en detalle los obstáculos que bloquean la aplicación de la ley y la provisión de servicios de seguridad. Esto no necesariamente significa que no se aborden, sino que siempre quedan en el segundo plano, siendo las verdaderas claves para poner al crimen en retirada.
El pie de fuerza sigue siendo un desafío. Si bien el dispositivo policial en Bogotá se ha reforzado, aún no hay un cambio en la estructura de protección. Cada día que se aplaza la discusión sobre inversión en pie de fuerza de ciudades metropolitanas, es un día más para la consolidación de empresas criminales.
También lo es el aprovechamiento de la tecnología. El esfuerzo considerable en desarrollo tecnológico terminará siendo inocuo, si no se logra una integración entre funcionarios de seguridad y tecnología, traducida en aprendizaje del comportamiento del crimen, para desarticularlo y neutralizarlo.
Prueba de que la gestión de la seguridad en la ciudad carece de procesos de aprendizaje que permitan neutralizar el crimen y cerrar espacios definitivos para su ocurrencia es que, en la misma zona del crimen del sábado pasado, en 2018 fue baleada Adriana Sobrero, una mujer embarazada que fue víctima de un ataque con las mismas características.
Le puede interesar: Después de robar reloj de $40 millones fueron arrollados en el norte de Bogotá.
Una gestión territorial de la seguridad basada en el aprendizaje del comportamiento del crimen tendría que haber evitado la ocurrencia de los hechos de los que fue víctima el abogado Schiavenato el fin de semana pasado.
Igual pasa con desmembrados, intoxicados y desaparecidos. También con lugares de receptación de hurtos, expendio de drogas, circuitos de extorsión y reventa de artículos robados. Su ocurrencia marca dinámicas geográficas y comportamentales que se constituyen en patrones. Una ciudad consciente de su crimen y en convivencia con él.
Por tal razón, además de la discusión sobre debilidades en capacidades, normas y aplicación de la ley, cambiar la dinámica de posicionamiento del crimen requiere de manera urgente de una revisión de la visión estratégica para enfrentarlo, en la que su estructura y sus factores dinamizantes sean las claves.
Para lograr esto hay que evaluar estructuralmente los procesos de inteligencia, investigación criminal y análisis de contexto, redefiniéndolos hacia la construcción y desarrollo de una postura anticipativa.
Lo anterior les ofrecería a las instituciones de seguridad la habilidad de adelantarse a la ocurrencia de los crímenes, por medio de la aplicación de esfuerzos operacionales y el despliegue de capacidades dirigidas a neutralizar el crimen de manera efectiva.
En términos de construir confianza y generar estabilidad, la gestión de la seguridad debe apuntar a que los hechos criminales y el delito no ocurran. Una vez materializados, estos se convierten en un récord psicológico de la ciudad que aterroriza a sus ciudadanos cada vez que se repite.
Nota relacionada: Discriminación racial, en el olvido de la justicia ordinaria.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.