Opinión: Cinco estrategias para construir seguridad en Bogotá

Las nuevas autoridades de la seguridad, la convivencia y la justicia en la ciudad tienen como reto inmediato liderar la definición de un foco estratégico sobre el cual se concentren los esfuerzos de inversión, la coordinación interagencial y despliegue institucional requerido para devolver a los ciudadanos la confianza en la ciudad y en su gobierno.

En este sentido, por lo menos cinco planes estratégicos tendrían altísima incidencia en la integración eficaz de los medios para la construcción de seguridad y convivencia, así como en la aplicación oportuna de la Ley, devolviendo a Bogotá hacia una senda de orden y desarrollo.

El primero está relacionado con el desarrollo de infraestructura para la seguridad y la estabilidad. La pandemia dejó como resultado un contexto de seguridad altamente inestable que puso en evidencia las debilidades de la red de seguridad, justicia y atención de emergencias, aumentando la vulnerabilidad de la urbe y sus habitantes.

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Al respecto, la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia -SSCJ- debe liderar el análisis del despliegue y estado de las infraestructuras para la vigilancia, protección, aplicación de la ley y atención de hechos críticos, con miras a superar la rigidez de la respuesta institucional que les permitió a organizaciones violentas controlar el territorio.

También resulta urgente desarrollar infraestructuras especializadas en la atención de traslados por protección y reclusión. Uno de los riesgos críticos que enfrenta la ciudad es el hacinamiento, casi al punto del colapso, de las estaciones de la MEBOG, con impactos negativos en la calidad y legitimidad del servicio policial.

El segundo debe dirigirse a debilitar las redes criminales locales. Antes de la Pandemia las organizaciones delincuenciales superaban el número de 70 de acuerdo con información oficial. Si bien es probable que esas organizaciones hayan aumentado por los impactos del confinamiento, lo que es seguro es que varias de estas se fortalecieron en capacidad de crimen y violencia, por cuenta de los espacios brindados en el marco del paro.

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Dado lo anterior, tanto la Policía Regional como la Metropolitana -MEBOG- enfrentan la necesidad de integrar a las autoridades locales del Distrito y los municipios circunvecinos alrededor de una lectura homogénea de los riesgos y amenazas, para estructurar un plan integral que se dedique al desmantelamiento de estas organizaciones, el desmonte de sus economías ilícitas, la negación de espacios para su desarrollo y relocalización, así como la convocatoria a la ciudadanía a un esfuerzo común para recuperar la tranquilidad.

El tercer plan debe enfocarse en uno de los dos comportamientos criminales de mayor impacto para los bogotanos, el hurto en todas sus modalidades. Al respecto, además de las acciones cotidianas de inteligencia, vigilancia y desmantelamiento, es necesario que la Secretaría gestione ante el sistema de investigación criminal y justicia una respuesta ajustada a la magnitud de los desafíos de prevención, investigación y judicialización de este delito.

Un plan adicional debe dirigirse a la comprensión de los desafíos de la violencia intrafamiliar y de genero, así como a la implementación de un plan de acción para la mitigación de su incidencia. Numerosos hechos observados en los últimos años permiten asegurar que el esfuerzo en esta dimensión es clave para la disminución de la violencia cotidiana y la prevención de violencias futuras. Este plan debe ser una sumatoria de acciones gubernamentales, construcción de conciencia ciudadana y el rechazo social a estos comportamientos como esencia del bogotano.

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Por último, hay que retomar la iniciativa en la protección y aseguramiento del espacio público como factor transversal de la estrategia de seguridad, convivencia y justicia. En este campo el liderazgo de la SSCJ, en asocio con la MEBOG, debe ser el punto de partida de la acción interinstitucional para la reconstrucción de un espacio público amable y confiable. Este plan debe incluir elementos como el ornato, la recuperación de la infraestructura urbana, el alumbrado, las condiciones sanitarias, el transporte y el uso del espacio público, entre las más importantes.

Menos mercados ilegales urbanos, un tejido social más robusto y una mayor apropiación ciudadana del espacio público debilitarán las estructuras criminales, sus delitos y violencia. La disminución simultanea de victimarios y víctimas dinamizará la apropiación del espacio público y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en Bogotá.

Una implementación exitosa de estas estrategias dará lugar a una reducción de los espacios propicios para la violencia, el delito y los comportamientos incívicos, creando un circulo virtuoso de la Seguridad, Convivencia y Justicia.

Las nuevas autoridades de la seguridad, la convivencia y la justicia en la ciudad tienen como reto inmediato liderar la definición de un foco estratégico sobre el cual se concentren los esfuerzos de inversión, la coordinación interagencial y despliegue institucional requerido para devolver a los ciudadanos la confianza en la ciudad y en su gobierno.

En este sentido, por lo menos cinco planes estratégicos tendrían altísima incidencia en la integración eficaz de los medios para la construcción de seguridad y convivencia, así como en la aplicación oportuna de la Ley, devolviendo a Bogotá hacia una senda de orden y desarrollo.

El primero está relacionado con el desarrollo de infraestructura para la seguridad y la estabilidad. La pandemia dejó como resultado un contexto de seguridad altamente inestable que puso en evidencia las debilidades de la red de seguridad, justicia y atención de emergencias, aumentando la vulnerabilidad de la urbe y sus habitantes.

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Al respecto, la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia -SSCJ- debe liderar el análisis del despliegue y estado de las infraestructuras para la vigilancia, protección, aplicación de la ley y atención de hechos críticos, con miras a superar la rigidez de la respuesta institucional que les permitió a organizaciones violentas controlar el territorio.

También resulta urgente desarrollar infraestructuras especializadas en la atención de traslados por protección y reclusión. Uno de los riesgos críticos que enfrenta la ciudad es el hacinamiento, casi al punto del colapso, de las estaciones de la MEBOG, con impactos negativos en la calidad y legitimidad del servicio policial.

El segundo debe dirigirse a debilitar las redes criminales locales. Antes de la Pandemia las organizaciones delincuenciales superaban el número de 70 de acuerdo con información oficial. Si bien es probable que esas organizaciones hayan aumentado por los impactos del confinamiento, lo que es seguro es que varias de estas se fortalecieron en capacidad de crimen y violencia, por cuenta de los espacios brindados en el marco del paro.

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Dado lo anterior, tanto la Policía Regional como la Metropolitana -MEBOG- enfrentan la necesidad de integrar a las autoridades locales del Distrito y los municipios circunvecinos alrededor de una lectura homogénea de los riesgos y amenazas, para estructurar un plan integral que se dedique al desmantelamiento de estas organizaciones, el desmonte de sus economías ilícitas, la negación de espacios para su desarrollo y relocalización, así como la convocatoria a la ciudadanía a un esfuerzo común para recuperar la tranquilidad.

El tercer plan debe enfocarse en uno de los dos comportamientos criminales de mayor impacto para los bogotanos, el hurto en todas sus modalidades. Al respecto, además de las acciones cotidianas de inteligencia, vigilancia y desmantelamiento, es necesario que la Secretaría gestione ante el sistema de investigación criminal y justicia una respuesta ajustada a la magnitud de los desafíos de prevención, investigación y judicialización de este delito.

Un plan adicional debe dirigirse a la comprensión de los desafíos de la violencia intrafamiliar y de genero, así como a la implementación de un plan de acción para la mitigación de su incidencia. Numerosos hechos observados en los últimos años permiten asegurar que el esfuerzo en esta dimensión es clave para la disminución de la violencia cotidiana y la prevención de violencias futuras. Este plan debe ser una sumatoria de acciones gubernamentales, construcción de conciencia ciudadana y el rechazo social a estos comportamientos como esencia del bogotano.

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Por último, hay que retomar la iniciativa en la protección y aseguramiento del espacio público como factor transversal de la estrategia de seguridad, convivencia y justicia. En este campo el liderazgo de la SSCJ, en asocio con la MEBOG, debe ser el punto de partida de la acción interinstitucional para la reconstrucción de un espacio público amable y confiable. Este plan debe incluir elementos como el ornato, la recuperación de la infraestructura urbana, el alumbrado, las condiciones sanitarias, el transporte y el uso del espacio público, entre las más importantes.

Menos mercados ilegales urbanos, un tejido social más robusto y una mayor apropiación ciudadana del espacio público debilitarán las estructuras criminales, sus delitos y violencia. La disminución simultanea de victimarios y víctimas dinamizará la apropiación del espacio público y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en Bogotá.

Una implementación exitosa de estas estrategias dará lugar a una reducción de los espacios propicios para la violencia, el delito y los comportamientos incívicos, creando un circulo virtuoso de la Seguridad, Convivencia y Justicia.