Opinión: Constituyente, Acuerdo de Paz e implementación en Bogotá

La agenda pública del país lleva dos meses copada descifrando, sobre-analizando y -también- exagerando el galimatías de la teoría constitucional en el que nos ha metido el presidente sobre el poder constituyente. La primera vez que el presidente habló del tema, de manera textual, utilizó el concepto de “Asamblea Nacional Constituyente”. Luego, varias veces ha dicho que no miremos la forma sino el fondo. Incluso ha afirmado que no quiere cambiar la Constitución, sino que se cumpla y que sea el pueblo (léase el poder constituyente) el que se pronuncie sobre esos temas de fondo. El presidente ha mencionado los que considera son esos asuntos de fondo y entre estos, está el cumplimiento del acuerdo de paz.

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Siendo este un eje central por el que el presidente quisiera que se convocara al poder constituyente, es imposible dejar de lado las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva. Según el exfuncionario (quien participó del proceso de paz en el Gobierno Santos como una especie de puente entre el Estado y las FARC) un párrafo, de los más de 1800 que tiene el Acuerdo, no sólo permite, sino que supuestamente obliga a una Asamblea Nacional Constituyente.

Este párrafo habla de la necesidad de “concertar un acuerdo político nacional” para adelantar la implementación del acuerdo de paz. El texto se encuentra en la parte introductoria del Acuerdo, es decir, ni siquiera en alguno de los 6 puntos sustanciales. De lo dicho en esas líneas a la posibilidad de una constituyente, y hasta de adelantarla por mecanismos distintos a los señalados por Constitución, no sólo hay mucho trecho, sino que -simplemente- ni siquiera existe ese trecho.}

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La Corte Constitucional en diferentes momentos analizó las normas que fueron tramitadas para la implementación del acuerdo y -como en el cualquier Estado de Derecho- eliminó aquellas que consideró inconstitucionales. Un solo ejemplo de ello fue la modificación del famoso “fast track”, aquel mecanismo que se adelantó para hacer más ágil y fácil el trámite en el Congreso. También, declaró inexequibles normas sobre la competencia de la JEP. Si la tesis de Leyva efectivamente existiera, no habría ninguna posibilidad de que no hubiese corrido la misma suerte que las otras.

En todo caso, bajo ese marco de teorías jurídicas fantasiosas tanto Leyva como el presidente, han dicho que el Estado ha incumplido el acuerdo. Dicen, por ejemplo, que no haber tramitado leyes sobre la reforma agraria durante el término del fast track es el principal punto de incumplimiento. Seguramente pueden existir cambios normativos que hagan más fácil o rápido los procedimientos para cumplir el punto 1 del Acuerdo del Teatro Colón. Sin embargo, hace menos de un mes el propio presidente afirmó que estaban entregando más de 6000 hectáreas y vehementemente dijo que “la reforma agraria avanza”. Entonces, ¿incumplimos o avanzamos?

Es claro que el Acuerdo no se iba a cumplir en poco más de 7 años. Menos con la llegada del Gobierno Duque, que no lo contemplaba dentro de las prioridades de su agenda. Pero, tampoco es cierto que éste incumplido. Puntos centrales como la reincorporación política de los excombatientes o el sistema de verdad, justicia y reparación son una realidad. Así que el camino hay que seguirlo.

Las instituciones deberían estar volcadas en ello. Eso sería lo esperable del “Gobierno del Cambio”. Este debería estar construyendo una estrategia para trabajar con los gobiernos locales que recién están expidiendo sus planes de desarrollo. Pero estamos distraídos en ideas surreales, sin ningún sustento y por ende, sin ninguna viabilidad real.

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Afortunadamente, Bogotá ha entendido y lleva varias administraciones haciendo la tarea. En el arduo debate del PDD de la semana pasada, pasó desapercibido un importante tema por reforzar el cumplimiento -en los límites de sus competencias- del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, frente al punto 1, que tanto le preocupa al presidente, en el marco de los PDETs de Bogotá, instaurados en el 2020, la administración distrital apuesta por las Transformaciones Rurales Integrales en bordes urbanos y rurales para el cierre de brechas de exclusión social.

Por su parte, a la ruta para la protección de personas reintegradas o reincorporadas creada en 2022, Bogotá le sumará una ruta socioeconómica para personas en proceso de reincorporación o reintegración que cumplan con la JEP para que se haga efectivo eso de las segundas oportunidades. También se la juega por un proyecto ambicioso para que las sanciones que imponga la justicia transicional sean cumplidas en territorio bogotano. Igualmente, por continuar y reforzar los planes para la protección y garantía de los derechos de las víctimas que están en la capital.

Cumplir el acuerdo de paz es un deber moral y legal. Seguro hay que ampliar los acuerdos políticos para poderlo hacer más fácil y mejor, pero una constituyente en los términos de la fábula de Leyva, simplemente ni siquiera se puede considerar. El camino para cumplir ya está escrito. Apoyen apuestas como la de Bogotá para que avancemos.

No perdamos el tiempo presidente ¿Se imagina que la entrevista de este pasado fin de semana hubiera sido sobre los avances del acuerdo de paz, las tierras para el campesinado y los derechos de las víctimas, en vez de que -durante más de una hora- sólo hablaran de unas tesis constitucionales sin sustento, imposibles, pero sobre todo muy poco útiles para el país?

PD. El alcalde privilegió la ALO. Aunque ha dicho que ésta no excluye el campus universitario, eso en la práctica no tiene viabilidad porque la tierra en Suba occidental es absolutamente escasa. No es tan difícil prever que el Gobierno Nacional no dará un peso. Por más que la ministra de Educación le diga al alcalde que sí, como él mismo lo afirmó, la línea del presidente está clara en un trino. Para él -y tiene razón- se cambió la esencia y se modificó el POT por lo que “han negado el acuerdo pactado con la Nación”. Una lástima que los que terminen pagando sean el casi millón de ciudadanos que viven en Suba occidental que no tendrán oferta educativa y del cuidado porque la Ciudadela, incluso, es mucho más que el sólo campus universitario.

La agenda pública del país lleva dos meses copada descifrando, sobre-analizando y -también- exagerando el galimatías de la teoría constitucional en el que nos ha metido el presidente sobre el poder constituyente. La primera vez que el presidente habló del tema, de manera textual, utilizó el concepto de “Asamblea Nacional Constituyente”. Luego, varias veces ha dicho que no miremos la forma sino el fondo. Incluso ha afirmado que no quiere cambiar la Constitución, sino que se cumpla y que sea el pueblo (léase el poder constituyente) el que se pronuncie sobre esos temas de fondo. El presidente ha mencionado los que considera son esos asuntos de fondo y entre estos, está el cumplimiento del acuerdo de paz.

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Siendo este un eje central por el que el presidente quisiera que se convocara al poder constituyente, es imposible dejar de lado las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva. Según el exfuncionario (quien participó del proceso de paz en el Gobierno Santos como una especie de puente entre el Estado y las FARC) un párrafo, de los más de 1800 que tiene el Acuerdo, no sólo permite, sino que supuestamente obliga a una Asamblea Nacional Constituyente.

Este párrafo habla de la necesidad de “concertar un acuerdo político nacional” para adelantar la implementación del acuerdo de paz. El texto se encuentra en la parte introductoria del Acuerdo, es decir, ni siquiera en alguno de los 6 puntos sustanciales. De lo dicho en esas líneas a la posibilidad de una constituyente, y hasta de adelantarla por mecanismos distintos a los señalados por Constitución, no sólo hay mucho trecho, sino que -simplemente- ni siquiera existe ese trecho.}

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La Corte Constitucional en diferentes momentos analizó las normas que fueron tramitadas para la implementación del acuerdo y -como en el cualquier Estado de Derecho- eliminó aquellas que consideró inconstitucionales. Un solo ejemplo de ello fue la modificación del famoso “fast track”, aquel mecanismo que se adelantó para hacer más ágil y fácil el trámite en el Congreso. También, declaró inexequibles normas sobre la competencia de la JEP. Si la tesis de Leyva efectivamente existiera, no habría ninguna posibilidad de que no hubiese corrido la misma suerte que las otras.

En todo caso, bajo ese marco de teorías jurídicas fantasiosas tanto Leyva como el presidente, han dicho que el Estado ha incumplido el acuerdo. Dicen, por ejemplo, que no haber tramitado leyes sobre la reforma agraria durante el término del fast track es el principal punto de incumplimiento. Seguramente pueden existir cambios normativos que hagan más fácil o rápido los procedimientos para cumplir el punto 1 del Acuerdo del Teatro Colón. Sin embargo, hace menos de un mes el propio presidente afirmó que estaban entregando más de 6000 hectáreas y vehementemente dijo que “la reforma agraria avanza”. Entonces, ¿incumplimos o avanzamos?

Es claro que el Acuerdo no se iba a cumplir en poco más de 7 años. Menos con la llegada del Gobierno Duque, que no lo contemplaba dentro de las prioridades de su agenda. Pero, tampoco es cierto que éste incumplido. Puntos centrales como la reincorporación política de los excombatientes o el sistema de verdad, justicia y reparación son una realidad. Así que el camino hay que seguirlo.

Las instituciones deberían estar volcadas en ello. Eso sería lo esperable del “Gobierno del Cambio”. Este debería estar construyendo una estrategia para trabajar con los gobiernos locales que recién están expidiendo sus planes de desarrollo. Pero estamos distraídos en ideas surreales, sin ningún sustento y por ende, sin ninguna viabilidad real.

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Afortunadamente, Bogotá ha entendido y lleva varias administraciones haciendo la tarea. En el arduo debate del PDD de la semana pasada, pasó desapercibido un importante tema por reforzar el cumplimiento -en los límites de sus competencias- del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, frente al punto 1, que tanto le preocupa al presidente, en el marco de los PDETs de Bogotá, instaurados en el 2020, la administración distrital apuesta por las Transformaciones Rurales Integrales en bordes urbanos y rurales para el cierre de brechas de exclusión social.

Por su parte, a la ruta para la protección de personas reintegradas o reincorporadas creada en 2022, Bogotá le sumará una ruta socioeconómica para personas en proceso de reincorporación o reintegración que cumplan con la JEP para que se haga efectivo eso de las segundas oportunidades. También se la juega por un proyecto ambicioso para que las sanciones que imponga la justicia transicional sean cumplidas en territorio bogotano. Igualmente, por continuar y reforzar los planes para la protección y garantía de los derechos de las víctimas que están en la capital.

Cumplir el acuerdo de paz es un deber moral y legal. Seguro hay que ampliar los acuerdos políticos para poderlo hacer más fácil y mejor, pero una constituyente en los términos de la fábula de Leyva, simplemente ni siquiera se puede considerar. El camino para cumplir ya está escrito. Apoyen apuestas como la de Bogotá para que avancemos.

No perdamos el tiempo presidente ¿Se imagina que la entrevista de este pasado fin de semana hubiera sido sobre los avances del acuerdo de paz, las tierras para el campesinado y los derechos de las víctimas, en vez de que -durante más de una hora- sólo hablaran de unas tesis constitucionales sin sustento, imposibles, pero sobre todo muy poco útiles para el país?

PD. El alcalde privilegió la ALO. Aunque ha dicho que ésta no excluye el campus universitario, eso en la práctica no tiene viabilidad porque la tierra en Suba occidental es absolutamente escasa. No es tan difícil prever que el Gobierno Nacional no dará un peso. Por más que la ministra de Educación le diga al alcalde que sí, como él mismo lo afirmó, la línea del presidente está clara en un trino. Para él -y tiene razón- se cambió la esencia y se modificó el POT por lo que “han negado el acuerdo pactado con la Nación”. Una lástima que los que terminen pagando sean el casi millón de ciudadanos que viven en Suba occidental que no tendrán oferta educativa y del cuidado porque la Ciudadela, incluso, es mucho más que el sólo campus universitario.