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El gobierno nacional ha insistido en acabar las EPS, incluidas las públicas de Bogotá, Antioquia y Cundinamarca. Proponen a cambio un sistema público descentralizado, donde las funciones de estas entidades serían asumidas por las secretarias de salud y por consejos territoriales de salud que se encargarían de contratar y pagarle a los hospitales.
Pero ello resulta inexplicable querer liquidar las EPS de propiedad de municipios y departamentos, quienes según ellos mismos serían los llamados a asumir esas funciones. Se pegan un tiro en el pie al desechar la experiencia acumulada por años en estas instituciones sin tener nada con que reemplazarlas. “Nadie desecha lo viejo hasta no tener completamente dominado lo nuevo” decía recientemente el líder comunista chino Xi Jinping.
Justifican su liquidación aduciendo que la normatividad los obliga a hacerlo, lo que no es preciso al no haber una ley que regule estos procesos. La única vigente, la 1116 de 2006 excluye las EPS, lo que significa que las liquidaciones hechas hasta hoy se han soportado en decretos del Ministerio de Salud que restringen su reorganización institucional y no permiten la renegociación de sus pasivos como si sucede en el resto del mundo empresarial.
Además, si afirman que su objetivo es fortalecer el sector público, en especial los hospitales, al acabarlas estos son los más afectados por que nadie asumiría sus deudas, que como está demostrado con las EPS liquidadas esa platica se perdió.
¿Por qué entonces no hacer una pausa en la liquidación de EPS mientras se discute en el Congreso el nuevo modelo de salud y una ley que facilite su reorganización y el manejo de pasivos sin sacrificar más las deudas con los hospitales?
Además, es un craso error destruir hoy lo que van a tener que volver a construir mañana; y una enorme contradicción acabar las EPS públicas de Bogotá y Antioquia para entregarle sus afiliados a EPS privadas, como ya lo hicieron con la de Cundinamarca.
¿Por qué en vez de haber liquidado la EPS pública de Cundinamarca no la fusionaron con la de Bogotá y de esta manera habrían comenzado a construir la primera red pública regional integrada de servicios de salud del país que es lo que dicen querer hacer?
¿Por qué más bien siendo consecuentes con sus promesas de fortalecer y no acabar lo público, la nación invierte en estas EPS, las capitaliza y de paso con ese dinero les paga a los hospitales públicos para que a su vez fortalezcan sus servicios a la población más pobre?
No hay disculpas para no hacerlo y menos hay derecho a que los hospitales sigan siendo los paganinis de estas decisiones apresuradas e injustificadas que tienen más un tufillo de revancha que de querer solucionar los problemas. Hay que explorar otras alternativas sin arriesgar los servicios a los más pobres y sin dejar sin empleo a miles de personas.