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La situación que padecen los pobladores que viven sobre la vía a La Calera, entre los kilómetros cinco y seis, y quienes la utilizan para desplazarse a sus casas de habitación o lugar de trabajo entre Bogotá y ese municipio, pone en evidencia la gruesa descoordinación y desinformación institucional de las autoridades para prevenir y atender oportuna y eficazmente las emergencias.
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La alcaldesa Claudia López le reclamó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y al concesionario de la vía (Concesión Perimetral de Oriente), por su falta de presencia en las tareas para superar la emergencia. Así, lo reiteró la secretaría distrital de ambiente, Carolina Urrutia, señalando, además, que eso no sucedería si existiera una Autoridad Ambiental especial para la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.
Los dos reclamos puntuales, frente a la tala de árboles y movimiento de tierras, resultan infundados. El concesionario de la vía a La Calera no tiene bajo su responsabilidad contractual el tramo de vía entre la zona de Patios y la Av. Circunvalar, en jurisdicción de Bogotá.
Por su parte, la CAR, ni la misma Secretaría Distrital de Ambiente, que dirige la señora Umaña, ni la eventual Autoridad Ambiental de la Región que pueda crearse, tienen dentro de sus competencias legales, las de acometer tala de árboles y movimientos de tierra en los frentes de desastres, como lo reclama erradamente la alcaldesa y su secretaria.
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Si bien es cierto, la situación coyuntural de la crisis se ha centrado en la necesidad de talar un número importante de árboles que generan riesgo de caerse y producir mayores desastres, no es menos cierto que la problemática real y de fondo es más compleja y compromete la gestión en décadas de los funcionarios a cargo de las autoridades distritales, regionales ambientales y municipales competentes para prevenir estas situaciones.
Esta situación de riesgo lejos está de quedar superada con la tala de árboles anunciada, el retiro de la tierra, troncos y piedras caídas en la vía. Lo propio, significará la reapertura de esta, pero el riesgo seguirá latente, porque la verdadera causa del actual y anteriores desastres en la zona, es la desordenada e inadecuada intervención del sector por los particulares, respecto de lo que la actuación de las autoridades distritales de planeación (Secretaría de Planeación y curadurías urbanas) y de control policivo urbanístico (alcaldías locales de Chapinero y Usaquén), como de la misma CAR, como autoridad ambiental, ha sido notoriamente deficiente.
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La existencia de los árboles que se han caído y los que están en riesgo de hacerlo, ubicados en predios públicos y privados de este tramo de la vía, llevan años sin que las autoridades actúen con eficacia, frente al riesgo que todos ellos de tiempo atrás han representado.
La eliminación de la vegetación nativa de los cerros orientales, para ser reemplazada por pastos o árboles foráneos o urbanizaciones que generan mayor erosión del suelo, es el factor determinante para la ocurrencia de desastres naturales como los que hoy se observan. El agua, siempre busca su cauce, y los desastres suceden frente al hecho que aquel ha sido arbitraria y anti técnicamente intervenido.
Lo ocurrido en la vía a La Calera guarda particular similitud con la cíclica problemática en el relleno sanitario Doña Juana (del que nos ocuparemos nuevamente en futura columna) donde el distrito y la CAR se hacen los de la vista gorda -junto a la SSPD-, hasta que se producen nuevos desastres y, en ese momento, se ve lo que hoy se observa frente al desastre actual: culpa va, culpa viene entre unas y otras entidades públicas.
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