Opinión: De las cárceles y otros demonios en Bogotá

Recientemente la Alcadesa de Bogotá propuso la promulgación de normas para una aplicación más efectiva de la ley, que saquen de circulación a delincuentes que ponen en alto riesgo la integridad de los ciudadanos. Si las infraestructuras y servicios para la protección, resocialización y reintegración de ciudadanos incursos en comportamientos delictivos o antisociales no son suficientes, esta propuesta bien intencionada no solo puede ser inefectiva sino impulsar un mayor deterioro de la seguridad en la ciudad.

Actualmente los establecimientos carcelarios en Bogotá a cargo del INPEC registran entre 13% y 45% de hacinamiento. Otras infraestructuras de detención transitoria como URI y estaciones de Policía superan los 2.000 reclusos, una cantidad que no pueden albergar ni atender. Si las propuestas normativas de la alcaldía se materializan, los indicadores de sobreocupación podrían tomar niveles catastróficos.

Así las cosas, la ejecución de las normas de lucha contra el crimen propuestas por la Alcaldesa demandan el desarrollo de infraestructuras y servicios ajustados a las necesidades que de estas se derivan, so pena de defraudar a los ciudadanos con la inaplicabilidad de las normas y fortalecer al crimen.

Santiago Tobón -Director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad EAFIT- publicó recientemente una revisión del problema de las cárceles en Colombia, que dejó como conclusiones la evidencia de poco esfuerzo institucional en construcción y mejoramiento de cárceles; niveles inaceptables de hacinamiento, y falta de estrategias para el tratamiento diferenciado de delincuentes, entre las más preocupantes.

La descripción de Tobón parece una radiografía de la oferta penitenciaria y carcelaria del orden nacional en Bogotá. Una realidad que se contrasta con el esfuerzo de la administración local en este frente, como lo demuestra la certificación internacional de la Cárcel Distrital por su infraestructura, administración y servicios.

Además de los problemas que las cárceles del INPEC le generan a la ciudad, también hay debilidades evidentes respecto a Unidades de Reacción Inmediata-URI, Centros de Atención Especializada para adolescentes-CAE y Centros de Traslado por Protección-CTP.

En todos los casos, además del hacinamiento, estos centros se convirtieron en epicentros de crimen, inseguridad y violencia. Desde el año 2000 se contabilizan al menos 19 eventos críticos de seguridad en las cárceles de la ciudad. No menos preocupante es el comportamiento desde 2010 de los CAE y URI, con al menos 10 crisis de seguridad en cada caso.

Resolver los desequilibrios y fallas de estos servicios no solo se justifica por la necesidad de hacer creíble la aplicación de la ley. También por la necesidad de resolver el impacto negativo que causan al funcionamiento de la ciudad y la sostenibilidad de la seguridad.

No contar con infraestructuras disponibles que respondan a las dinámicas del territorio mina la capacidad de respuesta de las instituciones. Durante el paro de 2021 los desafíos de movilidad y seguridad obstaculizaron el transporte de personas capturadas o trasladadas por protección a las instalaciones definidas para este fin, dando lugar a la creación de espacios temporales mientras que se resolvían los riesgos. Estas acciones terminaron impactando el despliegue operativo de la Policía y la reputación de las instituciones.

Un mal servicio y una dotación insuficiente de cárceles deteriora el ambiente general de la ciudad. Impacto negativo en el desarrollo urbano, potenciación de la violencia y el crimen, debilitamiento de las capacidades policiales y fortalecimiento de la desconfianza ciudadana, son apenas 4 efectos de no resolver la pésima administración y la oferta carcelaria.

Para dar una respuesta estructurada y sostenible en este frente la administración debe concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de ampliar y mejorar estos servicios para construir una seguridad sostenible.

Asimismo, debe caracterizar en el POT la operación estratégica en seguridad y justicia en consonancia con las necesidades de la ciudad-región, definiendo condicionantes del uso del suelo para servicios penitenciarios y seleccionando áreas de impacto limitado en las comunidades para su desarrollo, entre otros.

También es importante generar capacidades para el cumplimiento de penas con medidas no privativas de la libertad. Infraestructuras y servicios que permitan al ofensor cumplir sus penas con seguridad y a los bogotanos recibir la reparación con confianza.

Por su parte la Secretaria de Seguridad debe generar un manual de buenas prácticas y estándares que consolide un modelo del servicio de protección, resocialización y reintegración en esta jurisdicción. La evaluación del desempeño de los establecimientos bajo estos parámetros incentivaría una atención permanente a su mejora.

La recuperación de la confianza de los ciudadanos y la protección de su integridad depende directamente de una aplicación efectiva de la ley. Sin un sistema penitenciario y carcelario enfocado en la resocialización, la reintegración y la fractura de las estructuras del crimen, esta será imposible.

Recientemente la Alcadesa de Bogotá propuso la promulgación de normas para una aplicación más efectiva de la ley, que saquen de circulación a delincuentes que ponen en alto riesgo la integridad de los ciudadanos. Si las infraestructuras y servicios para la protección, resocialización y reintegración de ciudadanos incursos en comportamientos delictivos o antisociales no son suficientes, esta propuesta bien intencionada no solo puede ser inefectiva sino impulsar un mayor deterioro de la seguridad en la ciudad.

Actualmente los establecimientos carcelarios en Bogotá a cargo del INPEC registran entre 13% y 45% de hacinamiento. Otras infraestructuras de detención transitoria como URI y estaciones de Policía superan los 2.000 reclusos, una cantidad que no pueden albergar ni atender. Si las propuestas normativas de la alcaldía se materializan, los indicadores de sobreocupación podrían tomar niveles catastróficos.

Así las cosas, la ejecución de las normas de lucha contra el crimen propuestas por la Alcaldesa demandan el desarrollo de infraestructuras y servicios ajustados a las necesidades que de estas se derivan, so pena de defraudar a los ciudadanos con la inaplicabilidad de las normas y fortalecer al crimen.

Santiago Tobón -Director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad EAFIT- publicó recientemente una revisión del problema de las cárceles en Colombia, que dejó como conclusiones la evidencia de poco esfuerzo institucional en construcción y mejoramiento de cárceles; niveles inaceptables de hacinamiento, y falta de estrategias para el tratamiento diferenciado de delincuentes, entre las más preocupantes.

La descripción de Tobón parece una radiografía de la oferta penitenciaria y carcelaria del orden nacional en Bogotá. Una realidad que se contrasta con el esfuerzo de la administración local en este frente, como lo demuestra la certificación internacional de la Cárcel Distrital por su infraestructura, administración y servicios.

Además de los problemas que las cárceles del INPEC le generan a la ciudad, también hay debilidades evidentes respecto a Unidades de Reacción Inmediata-URI, Centros de Atención Especializada para adolescentes-CAE y Centros de Traslado por Protección-CTP.

En todos los casos, además del hacinamiento, estos centros se convirtieron en epicentros de crimen, inseguridad y violencia. Desde el año 2000 se contabilizan al menos 19 eventos críticos de seguridad en las cárceles de la ciudad. No menos preocupante es el comportamiento desde 2010 de los CAE y URI, con al menos 10 crisis de seguridad en cada caso.

Resolver los desequilibrios y fallas de estos servicios no solo se justifica por la necesidad de hacer creíble la aplicación de la ley. También por la necesidad de resolver el impacto negativo que causan al funcionamiento de la ciudad y la sostenibilidad de la seguridad.

No contar con infraestructuras disponibles que respondan a las dinámicas del territorio mina la capacidad de respuesta de las instituciones. Durante el paro de 2021 los desafíos de movilidad y seguridad obstaculizaron el transporte de personas capturadas o trasladadas por protección a las instalaciones definidas para este fin, dando lugar a la creación de espacios temporales mientras que se resolvían los riesgos. Estas acciones terminaron impactando el despliegue operativo de la Policía y la reputación de las instituciones.

Un mal servicio y una dotación insuficiente de cárceles deteriora el ambiente general de la ciudad. Impacto negativo en el desarrollo urbano, potenciación de la violencia y el crimen, debilitamiento de las capacidades policiales y fortalecimiento de la desconfianza ciudadana, son apenas 4 efectos de no resolver la pésima administración y la oferta carcelaria.

Para dar una respuesta estructurada y sostenible en este frente la administración debe concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de ampliar y mejorar estos servicios para construir una seguridad sostenible.

Asimismo, debe caracterizar en el POT la operación estratégica en seguridad y justicia en consonancia con las necesidades de la ciudad-región, definiendo condicionantes del uso del suelo para servicios penitenciarios y seleccionando áreas de impacto limitado en las comunidades para su desarrollo, entre otros.

También es importante generar capacidades para el cumplimiento de penas con medidas no privativas de la libertad. Infraestructuras y servicios que permitan al ofensor cumplir sus penas con seguridad y a los bogotanos recibir la reparación con confianza.

Por su parte la Secretaria de Seguridad debe generar un manual de buenas prácticas y estándares que consolide un modelo del servicio de protección, resocialización y reintegración en esta jurisdicción. La evaluación del desempeño de los establecimientos bajo estos parámetros incentivaría una atención permanente a su mejora.

La recuperación de la confianza de los ciudadanos y la protección de su integridad depende directamente de una aplicación efectiva de la ley. Sin un sistema penitenciario y carcelario enfocado en la resocialización, la reintegración y la fractura de las estructuras del crimen, esta será imposible.